Los diputados nacionales cordobeses Gabriela Estévez y Pablo Carro, de Unión por la Patria, expresaron su rechazo al anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni sobre el avance de un decreto que habilita la venta del 49% de Nucleoeléctrica Argentina S.A., una pieza clave del sector energético nacional y operadora de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

“Faltan dólares y la única salida que encuentra el gobierno es seguir rematando el patrimonio nacional, sobre todo en sectores estratégicos como la energía nuclear. Ya no quedan dudas: lo peor está por venir. Esto es posible gracias a todos los diputados que votaron la Ley Bases”, afirmó Estévez.

La legisladora advirtió que abrir el capital de Nucleoeléctrica “debilita la soberanía energética, pone en riesgo el desarrollo tecnológico público como el (reactor nuclear) CAREM, y genera incertidumbre laboral en un sector altamente calificado”.

Estévez remarcó que desde Córdoba “la central nuclear de Embalse es un activo crítico para el sistema eléctrico nacional y su conducción debe permanecer como política de Estado”, reafirmando su defensa histórica de la energía como derecho y como bien público.

En la misma línea, su par Pablo Carro subrayó que «en Embalse no hay solo energía: hay soberanía, futuro y orgullo para todos los cordobeses» y enfatizó que «los diputados y senadores de Córdoba que votaron la Ley Bases son cómplices de esta entrega«.

Y destacó que Nucleoeléctrica es «una empresa que tiene superávit y genera trabajo calificado y ciencia en Córdoba».

La privatización en marcha

A través de una conferencia de prensa brindada por Adorni en Casa Rosada, el Gobierno nacional confirmó este martes que iniciará el proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A.

“Durante 2023, NASA recibió transferencias de capital no reintegrables por parte del Estado Nacional por un valor de $700 millones (aproximadamente US$2 millones a noviembre de ese año). En 2024, en cambio, no recibió ninguna transferencia, lo que marca un cambio en la política de financiamiento hacia un modelo de mayor participación privada”, señaló el Gobierno en un comunicado.

El portavoz adelantó que el decreto para formalizar el proceso se publicará en los próximos días y afirmó que la decisión está contemplada en la Ley Bases. Por medio de esa ley se autorizó el pase de la compañía a manos privadas, pero manteniendo el control mayoritario del Estado.

Según explicó Adorni, el plan consiste en vender el 44% de las acciones de la empresa en un solo bloque a través de una licitación pública que será tanto nacional como internacional.

Desde la Secretaría de Energía, comunicaron que esta iniciativa busca “la inclusión de los trabajadores en el esquema accionario” de la empresa.