Buitres con título universitario
Uno de los fondos buitre que más provecho obtuvo del arreglo con el gobierno de Macri en 2016 pertenece a la Universidad de Yale, según reveló una investigación de graduados de esa casa de estudios norteamericana.
La disputa se extendió durante más de una década pero la identidad de los fondos buitre siempre permaneció en secreto. Individuos como Paul Singer, Kenneth Dart, Robert Koeningsberger, Mark Brodsky, Thomas Kempner, Bruce Richardson y David Martínez son la cara visible de algunos de los hedge funds como Elliott Management, EM Limited, Gramercy, Aurelius Capital, Blue Angel, Marathon Asset y Fintech. Firmas como esas fueron las que compraron a precio de remate los bonos argentinos en default para maximizar su rentabilidad mediante la extorsión judicial, diplomática y financiera o, en algunos casos, participando de los dos canjes ofrecidos por el país. Aunque no es improbable que los responsables de los fondos hayan invertido parte de sus fortunas personales contra Argentina, los buitres apuestan con dinero ajeno, ya sea de personajes millonarios o instituciones acaudaladas que le entregan su dinero para que les generen el mayor retorno posible. La falta de transparencia en las finanzas globales les garantiza el anonimato aunque existen grietas. Documentos públicos del Internal Revenue Service, la AFIP estadounidense, revelan que entre los buitres más agresivos estuvo la Universidad de Yale. La institución educativa de elite fundada en 1701 no fustigó al país en nombre propio. Una investigación realizada por Local 33, organización gremial conformada por graduados de esa universidad, identificó que uno de los juicios contra Argentina fue realizado por FYI Limited. Radicado en las Islas Caimán, el fondo controlado por Yale embolsó 366,4 millones de dólares con el acuerdo que diseñó el Gobierno de Mauricio Macri. El puntapié inicial para el nuevo ciclo de endeudamiento externo argentino le permitió a una de las siete universidades norteamericanas más poderosas un retorno de, por lo menos, un 660 por ciento del valor nominal de sus inversiones contra el país.
El fondo de inversiones de la Universidad de Yale acumula 25.600 millones de dólares, cifra que representa más de la mitad de las reservas internacionales del Banco Central argentino. Las universidades norteamericanas son reticentes a divulgar dónde colocan sus fondos (endowments, en inglés) pero el IRS obliga a las organizaciones sin fines de lucro, exentas del impuesto a las ganancias, a difundir sus declaraciones juradas. El formulario 990 que deben completar todos los años ofrece algunos indicios para identificar en qué apuestan sus millones. Las últimas versiones del 999 de Yale muestra que una porción de sus abultadas inversiones son administradas por el hedge fund Bracebridge. Fue esa firma carroñera radicada en Boston y dirigida por Nancy Zimermman la que compró los bonos de la deuda argentina en default e inició la demanda contra el país. Zimmerman, que a comienzos de los noventa estuvo involucrada en un escándalo de corrupción que combinó la deuda externa de Rusia con su marido y la universidad de Harvard, tampoco impulsó el litigio con el sello de su empresa principal. Para pujar contra el país en las cortes de Nueva York instaló la sucursal buitre de Yale en Islas Caimán bajo el nombre FYI Ltd.
