La medida del Gobierno, publicada en el Boletín Oficial se efectivizó a pocas horas de la marcha nacional que sigue reclamando el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y que el Gobierno se niega a aplicar.

La gestión de Javier Milei sostiene que no aplica la ley porque considera que pone en riesgo su política de “déficit cero” y porque, según argumenta, la norma no especifica de dónde saldrán los fondos para cubrir el aumento del gasto.

La movilización, que en la capital cordobesa partirá a las 15 desde el Monumento a la Reforma en Ciudad Universitaria con dirección al Centro de la ciudad, fue convocada para este 12 de mayo por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes. Entre las principales demandas, se pide la actualización urgente del presupuesto universitario, tras una caída real de fondos que las universidades estiman en más del 45% desde 2023. También se plantea la necesidad de una recomposición salarial para docentes y trabajadores no docentes, que denuncian una pérdida fuerte del poder adquisitivo.

También demandan por las becas estudiantiles, muchas de las cuales permanecen congeladas pese a la inflación, como así también la falta de recursos para investigación, ciencia y extensión universitaria.

Las universidades cuestionan que el Gobierno haya apelado fallos judiciales que ordenaban aplicar la ley de financiamiento y denuncian este nuevo ajuste presupuestario anunciado en las horas previas a la movilización. Es por ello, que la consigna más repetida en esta cuarta convocatoria es: “Cumplan la Ley”. 

Nueve meses de una ley que no se aplica

La ley de financiamiento fue sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025, vetada 20 días después y ratificada por el Congreso el 2 de octubre de ese año. Luego, el 21 de octubre el Gobierno suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025 por supuesta «falta de financiamiento», pese a que la propia ley habilitaba realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.

En ese marco, el 23 de diciembre de 2025 la Justicia ordenó aplicarla y, para evitar su implementación, el 18 de febrero de 2026 el Gobierno envió un proyecto al Congreso para modificarla.

Con la Ley insistida, el  Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicó que el Presupuesto habría crecido 33,8% frente a 2025 y lo habría dejado 1,9% sobre el nivel de 2023. En cambio, el Proyecto del Gobierno implicaría caídas de 13,1% respecto de 2025 y 33,9% frente a 2023, dejando un presupuesto 35,1% menor al de la Ley insistida.

Por otro lado, en cuanto a los ingresos, desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026 el salario real docente y no docente cayó 34,2%. La mayor caída ocurrió entre diciembre 2023 y julio 2024. En 2025 volvió a caer 10,1%, acumulando una pérdida de 32,1% en diciembre de dicho año.

En abril 2026 solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los no docentes niveles 1 y 2 superan la línea de pobreza (CBT para Hogar Tipo 2), siendo que el resto de los trabajadores no docentes perciben salarios por debajo de la línea de pobreza.  La ley que el Gobierno se niega a aplicar, proponía recuperar el poder adquisitivo perdido entre diciembre 2023 y octubre 2025, aumentando al menos 44%, que habría dejado los salarios de noviembre 2025 apenas 1,3% por debajo de noviembre 2023.