El ministro de Defensa enfrenta un nuevo frente de cuestionamientos tras el intento de desprenderse de tierras estratégicas en La Calera, mientras carga con denuncias por mala gestión, sospechas de corrupción y uso electoral de su cargo.
La venta de 13.000 hectáreas en Córdoba, en una zona codiciada por el negocio inmobiliario, desató un fuerte pedido de explicaciones en el Congreso. La operación, nunca formalizada, suma más dudas sobre la gestión de Luis Petri, ya golpeado por el derrumbe de la obra social militar, vínculos con contrataciones bajo investigación judicial y su doble rol como ministro y candidato.
Luis Petri vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por un plan de venta de 13.000 hectáreas pertenecientes al Ejército en La Calera, Córdoba. Se trata de un área de altísimo valor inmobiliario, rodeada de barrios privados y emprendimientos de lujo, que podría convertirse en un verdadero negocio para sectores privados pero en un golpe patrimonial para el Estado. El Congreso ya recibió un pedido formal para que el ministro explique los motivos de la operación, presentada por el diputado del PRO Oscar Agost Carreño, quien advirtió que el plan nunca fue oficializado y que existen serias dudas sobre el trasfondo de la iniciativa.
El interrogante es tan obvio como incómodo: ¿qué beneficio real tendría el Estado desprendiéndose de tierras estratégicas de las Fuerzas Armadas en una zona de semejante valor? La sospecha de un nuevo capítulo de privatización encubierta, disfrazado de “optimización de recursos”, se impone con fuerza. El gobierno de Javier Milei ya demostró que no tiembla a la hora de rematar activos estatales y el caso de La Calera parece encajar en ese manual de negocios para pocos.
El problema es que esta polémica no llega sola. Petri acumula frentes abiertos y cada uno golpea más fuerte que el anterior. La obra social de las Fuerzas Armadas está al borde del colapso financiero, según denuncian los propios altos mandos militares, que apuntan directamente a la mala gestión de su conducción. A esto se suma la sombra de un expediente judicial que involucra a su ministerio en contrataciones con la droguería Suizo-Argentina, donde se investigan posibles hechos de corrupción. Y por si fuera poco, Petri mantiene una doble agenda: la de ministro de Defensa y la de candidato a diputado por Mendoza, un cruce de intereses que erosiona aún más su credibilidad en la gestión pública.
La polémica venta de las 13.000 hectáreas promete encender la temperatura en el Congreso. Distintos bloques ya reclaman explicaciones detalladas y advierten sobre el riesgo de desprenderse de bienes militares estratégicos en beneficio de intereses privados. Lo que está en juego no es solo el patrimonio del Ejército, sino también la transparencia de un ministerio que ya arrastra denuncias por todos lados y que parece más enfocado en operaciones políticas que en cuidar los recursos del Estado.
En este escenario, la figura de Luis Petri se tambalea entre la sospecha y la desconfianza. Lo que debería ser un rol de conducción clara y defensa del interés nacional se transforma en una gestión marcada por negocios oscuros, crisis institucionales y un oportunismo electoral que hiere de muerte la credibilidad del gobierno de Javier Milei.
