Entre la austeridad para el gasto social y la inversión millonaria en ciberpatrullaje, un informe de Amnistía Internacional revela cómo el Estado redirige recursos hacia la vigilancia de la protesta.

Amnistía Internacional publicó esta semana «Estado de Vigilancia», un informe de casi 80 notas al pie que documenta, con número de expediente y monto adjudicado, cómo el Ministerio de Seguridad Nacional invirtió al menos 1,2 millones de dólares en tecnología de vigilancia entre 2024 y 2025. El dato conecta de inmediato con la tensión que atraviesa toda la gestión de Javier Milei: el mismo Estado que asegura no tener margen fiscal para sostener el gasto social encuentra, en simultáneo, presupuesto para saber quién protesta.

La comparación no es una intuición periodística: es aritmética de expedientes públicos. Mientras el Centro de Estudios Legales y Sociales (CEPA) documentaba, con datos oficiales de ejecución presupuestaria, ajustes sostenidos en seguridad social, salud, educación y desarrollo productivo, el propio Ministerio de Seguridad tramitaba en ComprAR contratos con Maltego —la plataforma de inteligencia de fuentes abiertas que cruza redes sociales, dark web y datos personales— y una licencia de Clearview AI, la empresa de reconocimiento facial que ya acumula denuncias en Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia por explotar bases de datos biométricos sin consentimiento. A eso se sumó la compra de drones con cámaras térmicas y estaciones terrestres de operación. El recorte, entonces, no fue parejo, fue selectivo. Los números no dejan margen para la ambigüedad.

Que la inversión en vigilancia no sea un desvío sino una prioridad declarada lo confirma el propio origen documental del proyecto. La plataforma electoral que La Libertad Avanza presentó ante la Justicia Electoral en 2023 ya proponía «invertir en tecnologías para todas las fuerzas de seguridad», junto con la creación de una base de datos nacional de prófugos vinculada a cámaras con reconocimiento facial. No hubo sorpresa en el resultado: hubo cumplimiento de campaña. Lo que el informe de Amnistía agrega es la letra chica de ese cumplimiento: a quién se le compró, bajo qué controles, y con qué costo comparativo frente a lo que se recortó del otro lado del presupuesto.

Esta no es la primera vez que el Estado argentino experimenta con reconocimiento facial a gran escala, y el antecedente es el que le da al informe su peso probatorio más contundente. El Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos, implementado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2019 y 2020, terminó judicializado por CELS y el Observatorio de Derecho Informático Argentino, y suspendido en 2022. La pericia informática de esa causa —no una estimación de Amnistía, sino un hecho constatado en sede judicial— determinó que el sistema realizó casi diez millones de consultas biométricas al Registro Nacional de las Personas contra una base de apenas cuarenta mil personas legalmente habilitadas para ser identificadas. Más de 15 mil personas fueron incorporadas al motor de búsqueda sin orden judicial que lo permitiera. La tecnología funcionó exactamente como estaba diseñada para funcionar. El problema nunca fue el error técnico, fue la ausencia de límites.

El informe de Amnistía recupera ese antecedente para advertir algo que excede lo anecdótico: buena parte de esos actores, esa infraestructura y ese software siguen activos y podrían constituir la base de una futura articulación entre Nación y Ciudad. Lo que en 2020 fue un escándalo aislado, en 2026 aparece como componente de un sistema más amplio y mejor financiado.

El gasto en tecnología no llegó solo, vino acompañado de una arquitectura legal construida en tiempo récord y sin debate parlamentario. El protocolo antipiquetes se publicó apenas cinco días después de que asumiera la actual gestión, en diciembre de 2023. La reforma del Sistema de Inteligencia Nacional se hizo en dos tandas, la última mediante el decreto 941 de diciembre de 2025, que estableció el secreto como regla general de toda actividad de inteligencia y habilitó la «aprehensión» de personas por parte de agentes sin control judicial previo. La reforma del estatuto de la Policía Federal, en junio de 2025, formalizó el ciberpatrullaje —monitoreo de redes sociales sin autorización judicial— como función oficial de la fuerza. Las tres reformas se hicieron por decreto o resolución del Poder Ejecutivo. Ninguna pasó por una votación en el Congreso.

Esa arquitectura tiene, además, un nodo de coordinación específico: la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), creada en 2024 bajo la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos del Ministerio de Seguridad, con funciones que combinan reconocimiento facial, predicción de delito y patrullaje digital sin mecanismos específicos de control externo. De los cuatro pedidos formales de acceso a la información que Amnistía Argentina presentó entre abril de 2025 y enero de 2026 para conocer su funcionamiento, presupuesto y contrataciones, la mayoría fueron respondidos de manera parcial, amparados en reservas de seguridad nacional (Ley 27.275, art. 8 inc. A) o directamente rechazados por la confidencialidad de la Ley de Inteligencia Nacional (art. 16 y 16 bis). El organismo que por ley debería fiscalizar todo esto —la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, artículo 31 de la misma norma— no está garantizando, según el reclamo explícito de Amnistía en sus recomendaciones, un funcionamiento efectivo. El control existe en el papel. En la práctica, no aparece.

Lo que ocurre en Argentina no es un caso aislado sino la variante local de una tendencia que el propio informe de Amnistía sitúa en el contexto regional: el sistema C5 de videovigilancia en Ciudad de México, el uso de reconocimiento facial en eventos masivos en Brasil con sesgos documentados contra población racializada, el software Pegasus utilizado para espiar a periodistas y activistas mexicanos y el Sistema Predictivo del Delito Urbano en Chile, que retroalimenta con datos policiales ya sesgados sus propias predicciones de riesgo. Access Now, en un estudio de 2021 citado por el propio informe, sostuvo que las empresas proveedoras de estas tecnologías operan en la región «sin la transparencia ni el escrutinio público suficientes». Argentina no inventó el modelo, lo importó, con proveedores conocidos —Clearview AI, Maltego— y con la misma falta de auditoría que ya generó escándalos en otros países de la región.

El efecto de esa combinación —gasto sostenido en vigilancia, blindaje legal sin debate, ausencia de control externo— no se mide solo en dólares invertidos. Amnistía entrevistó a 21 personas entre octubre y diciembre de 2025 —periodistas, jubilados, jóvenes, activistas de Derechos Humanos residentes en la Ciudad de Buenos Aires— y documentó cambios concretos de comportamiento: menor participación en manifestaciones, migración hacia canales de comunicación considerados más seguros, autocensura en redes sociales, limitaciones periodísticas para proteger fuentes. Ninguno de esos cambios requirió una sanción efectiva. Alcanzó con que la infraestructura existiera y con que su alcance fuera desconocido. En octubre de 2025, un grupo de organizaciones de Derechos Humanos tuvo que salir a mapear a pie, con Google Street View, la ubicación de las cámaras alrededor del Congreso Nacional, porque esa información —pagada con fondos públicos— sigue sin publicarse.

El patrón que atraviesa el informe, entonces, no es el de un Estado que recorta por necesidad y vigila por seguridad. Es el de un Estado que reasigna capacidad. La que le saca a la asistencia social se la transfiere a la identificación de quien protesta. La motosierra no ahorra recursos, los redirige. Y en esa redirección, la transparencia es la primera partida que se recorta. «