Una mujer de Villa Carlos Paz, que se admite ludópata, firmó el registro de autoexclusión de las salas de juego. Pero lo violó e ingresó. Entabló una demanda porque no se cumplió la restricción. Qué responden desde el ente oficial.
Luna se declara una jugadora compulsiva. La mujer agudizó su problema hasta el extremo, por ejemplo, de perder en las tragamonedas del Casino de Villa Carlos Paz el dinero que había ahorrado para celebrar el cumpleaños de su pequeño hijo.
El 15 de julio de 2014, siguiendo el consejo de familiares y de amigos, Luna (es un nombre ficticio; prefirió preservar su identidad) decidió llenar y firmar el formulario de autoexclusión para que el personal de seguridad no le permitiera ingresar en ninguna sala de casinos ni de tragamonedas de Córdoba.
Ese formulario es parte del Programa de Juego Responsable de la Lotería de Córdoba y está destinado a “proveer ayuda a quienes consideren de su mayor interés no participar en salas de juegos de azar”, según señala el documento que se les da para firmen quienes lo soliciten.
Luna lo suscribió y durante un tiempo pudo cumplir con el cometido que se propuso: no entró más a una sala. Hasta que un día no lo resistió y volvió a ingresar a una.
El capítulo más llamativo es que en 2015 buscó asesoramiento legal e inició una demanda judicial en contra de Lotería de Córdoba y de la firma CET, concesionaria de las máquinas de slots en la provincia.
Damián Palavecino, abogado de la mujer, explicó a La Voz que en diciembre de 2017 el juez de Carlos Paz, Andrés Olcese, dictó una medida cautelar que ordenaba la “restricción total del ingreso o permanencia” de la mujer en las salas de juego de toda la provincia.
Para Palavecino, el formulario que firmó su cliente es contradictorio, ya que señala que quien lo firma exime de toda responsabilidad a la Lotería y a CET en materia legal. “Los mismos que se obligan a cumplir la restricción, al final del formulario se eximen de toda responsabilidad”, marcó.
El abogado sostuvo que Luna siguió ingresando a salas de slots sin que fuera controlada por los encargados de seguridad. “Perdió un trabajo y tuvo que vender un automóvil para pagar las deudas ocasionadas en el juego”, aseguró.
En tal sentido, sostuvo que la demanda iniciada solicita que la Justicia haga cumplir la medida de autoexclusión a quienes tienen que vigilarla y pide un resarcimiento económico por el daño que se le causó durante el tiempo que siguió ingresando a las salas.
“Entre la prueba que requerimos se secuestraron filmaciones en las que aparecía la mujer dentro de una sala, con ropa normal, sin adulteraciones en su forma de vestir y sin ser controlada por el personal”, expresó Palavecino.
El abogado explicó que a su cliente se le declaró un 45 por ciento de incapacidad psíquica a raíz de su agudo problema con el juego.
“Hay que entender que Lotería es una Sociedad del Estado y eso afirma más la responsabilidad del Estado en velar por la salud pública, que es un derecho constitucional”, opinó el abogado.
La respuesta
Raúl Quiroga es médico psiquiatra y desde hace 10 años está a cargo del área de Juego Responsable de la Lotería de Córdoba. Asevera que la denunciante suscribió dos regímenes de autoexclusión, uno en 2014 y otro en 2018. “Durante esos períodos violó el régimen y la sacamos de la sala en cuatro oportunidades”, acotó a La Voz.
Quiroga aseveró que cada vez que se viola el régimen de autoexclusión el sistema le agrega a la persona cuatro años más de exclusión de las salas de juego.
En este caso –precisó–, se le deberían aplicar 16 años por las veces que fue descubierta en las tragamonedas y otros más por no haber presentado certificados de tratamiento psicológico.
“En cada oportunidad se disparó un alerta. Las personas que son conflictivas entran dentro de lo que se llama ‘alerta roja’”, indicó Quiroga. Detalló que las salas que están dentro de un radio de 100 kilómetros de su domicilio reciben una foto de la persona para que en el acceso se le impida el ingreso, y además se prioriza su búsqueda en las instalaciones durante un período de entre 30 y 60 días.
Para Quiroga, la demanda no pretende un interés de salud mental, y más bien perseguiría un reclamo de orden económico.
“Hemos tenido pocos casos similares y todos se desestiman en el punto en que el juez nos pregunta si la persona cumplió con presentar los certificados de tratamiento. Si no tiene la voluntad de tratarse, por qué obligar a la otra parte”, planteó.
La causa judicial
El caso de Luna pasó a instancia de mediación. Lotería contestó la demanda y si no hay un acuerdo entre las partes en la mediación, la causa continuará por la vía tradicional y el juez deberá recibir las pruebas de cada parte y tomar una decisión.
El registro de autoexclusión tiene hoy 1.410 anotados
