Son 4 imputados por ese y otros crímenes de lesa humanidad cometidos en 1980 contra personas que eran perseguidas por cuestiones políticas.

En la provincia de Santa Fe, el Juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en Laguna Paiva II está a punto de culminar y la querella pidió 25 años de prisión en cárcel común para los 4 imputados por el abandono de las infancias y las adolescencias, entre otros crímenes cometidos en 1980 contra personas que eran perseguidas por cuestiones políticas.

Por estos delitos, el Ministerio Público Fiscal pidió 12 años para el expolicía Óscar Cayetano Valdez, 18 años para el exjuez federal Víctor Hermes Brusa, 20 años para el expolicía Eduardo Enrique Riuli y 22 años para el expolicía Antonio Parvelotti.

La etapa final del juicio

Actualmente, el juicio por estos crímenes de lesa humanidad perpetrados en Laguna Paiva II está finalizando. El jueves 30 de julio será el turno de los alegatos de la defensa de los imputados. Y el próximo 7 de agosto se conocerá el veredicto del Tribunal que está integrado por los jueces Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano.

También están acusados de secuestrar y aplicar tormentos a militantes sindicales en el marco del terrorismo de Estado perpetrado -desde 1976 a 1983- por la última dictadura cívico-militar. Los expolicías provinciales Valdez, Riuli y Parvelotti prestaban servicio en el Departamento de Informaciones D2 de la capital de esa provincia. El cuarto imputado, es el exjuez federal Brusa, que al momento de los hechos era secretario del Juzgado Federal de Santa Fe.

Argumentos del equipo querellante

Julia Giordano, Federico Pagliero y Noelia Zarza, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario, son los abogados querellantes y pidieron 25 años de prisión para los imputados y cárcel común. Giordano argumentó: «Pedimos el monto máximo de la escala penal, porque consideramos que justamente es para aplicarlo a estos crímenes de lesa humanidad; porque son los peores«

La querella sostuvo que se están juzgando delitos «de los más aberrantes» que fueron cometidos «en nuestra historia reciente» y que constituyen «el delito internacional de genocidio”. También remarcó que es la obligación del Tribunal -como representante del Estado argentino- dictar una resolución «con la condena que corresponde para quienes cometieron estos delitos y protagonizaron un asociación ilícita para cometer genocidio ilegales”.

Además, la querella ahondó en que fue un plan sistemático de tortura y exterminio de personas. Giordano contó -en los argumentos- que escucharon «a los niños de la familia de Esperanza y de Lima decir que quedaron emocionalmente destrozados; que todo lo que sufrieron fue terrorífico«.

Consecuencias de lo sufrido

Recordó el caso, Ramón Nicasio Medina, una de las víctimas de Laguna Paiva, quien les comentó que como consecuencia de los terribles hechos que padeció había despertado en él un carácter agresivo que no puede entender ni dar explicación de lo que le pasa.

Las víctimas dijeron que fue «el comienzo de una pesadilla«. La abogada también expuso el caso de Miguel Santiago Medina, quien les contó que durante años, todos los días se despierta recordando lo que había pasado en su infancia. 

Miguel Páez fue secuestrado junto a su madre Alba Medina cuando tenía apenas 5 años, en la Guardia de Infantería Reforzada. Páez dijo que quedó traumado, que tuvo consecuencias en su vida, además explicó que lamenta no haber sido atendido a tiempo por un psicólogo. 

Giordano explicó que los hechos de abandono no solo tuvieron múltiples víctimas, sino que en cada caso significó para las adolescentes, hacerse cargo de su propia supervivencia y de la supervivencia de quienes dependían en ese momento de ellas, las infancias. Y que ellas tuvieron que ponerles palabras a la inexplicable ausencia de sus padres y madres.