Anunció que reduce el subsidio de la energía domiciliaria a sus trabajadores y que abrió un proceso de retiros voluntarios.
El flamante ‘Marco Regulatorio Energético’ que el gobierno de la provincia de Córdoba puso en marcha tiene como contexto la multiplicación de reclamos de habitantes del interior, por los costos que pagan de luz en localidades abastecidas por cooperativas.
El costo del “transporte” de la energía, era la cuestión. Hacia allí apuntó la gestión y este martes anticipó que las medidas dispuestas reducirán “entre un diez y un doce por ciento” las boletas.
Pero también entre los anticipos que precisó el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, se dio a conocer la profundización del avance oficial sobre los empleados de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), bajo el lema de que los nuevos tiempos requieren de “el esfuerzo de todos”.
El Gobierno no dudó en recurrir al ministerio de Trabajo para proponer la modificación del Convenio Colectivo de Trabajo del Sindicato de Luz y Fuerza, y ahora le sumó dos puntos más.
“Abrimos un período de pasividad anticipada voluntaria, a la que están en condiciones de acogerse alrededor de ochocientos agentes de la empresa”, anticipó López, refiriendo que trabajadores a los que les resten diez años o menos para jubilarse, lo podrán realizar, negociación mediante.
La otra novedad es la de “limitar el beneficio del no pago de energía” a trabajadores de la EPEC. Hasta el momento, los empleados no abonaban el consumo de “hasta 200 kilovatios-hora” y “pagan el 20% por encima de eso”.
Al respecto, López denunció: “Detectamos que por encima de esto, los valores no propenden a un uso racional de la energía. Muchos se ubican muy por encima del promedio y contradice el uso racional del recurso y la equidad”.
El funcionario reiteró la necesidad de “modernizar” el servicio y también, en contraposición al Convenio Colectivo de Trabajo en cuestión, dio a conocer la decisión oficial de “no aportar más al Fondo compesador, de contribuciones”, en el marco de la Ley 10.333. El argumento es un reciente fallo en contra del Tribunal Superior de Justicia.
Pidió, a su vez, por “un nuevo marco regulador provincial que establezca beneficios en particular para todos los agentes del Estado”.