Los comisionados de la Confederación Iberoamericana de Derechos Humanos recogieron las denuncias. El Gobierno leyó un texto y no respondió las acusaciones de los gremios.
Por iniciativa del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), la Confederación Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a las partes involucradas a exponer en su sede en la ciudad de Washington en una audiencia convocada a tal efecto.
La denuncia de los gremios apuntó contra la inconstitucionalidad de la ley de modernización laboral y la persecución y ensañamiento contra las organizaciones sindicales del país.
La delegación argentina estuvo integrada, entre otros, por los dirigentes del FreSU, Pablo Biró del sindicato de pilotos, Rodolfo Aguiar de la ATE y Clara Chevallier, de CONADU. También fueron de la partida el dirigente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Francisco Rabini y los abogados laboralistas Guillermos Gianibelli y Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas. Además participaron referentes de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Para los voceros que representan la parte sindical y dieron inicio al pedido de audiencia el gobierno promueve “una regresiva reforma laboral que provoca un retroceso de la legislación laboral al siglo XIX”. Es que, dijeron, “ataca la jornada de 8 horas”, “restringe el derecho a huelga, ataca a las organizaciones sindicales y busca tener jornadas laborales más extensas y salarios más bajos”.
Los ejes de la denuncia contra la reforma laboral
La denuncia abarcó la ofensiva contra las organizaciones sindicales y los derechos de los trabajadores entre los que se destacan, entre otros, la derogación del Estatuto del Periodista Profesional que, denunció Rabini, afecta el derecho de los trabajadores de prensa y su estabilidad laboral, por lo tanto, el derecho a la información de la ciudadanía así como el ensañamiento del oficialismo a los trabajadores de prensa que, más allá de los recurrentes ataques verbales, llegó al punto más alto con el intento de asesinato del fotoperiodista Pablo Grillo.
También estuvo presente la denuncia a la justicia nacional y su connivencia con el poder político por la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cuyos dirigentes también integran el FreSU y expresan un ala crítica de la estrategia dialoguista de la conducción de la CGT. Lo mismo con relación a la estigmatización al dirigente de APLA (pilotos) presente en la audiencia que enfrenta la política de privatización y desregulación del sector aeronáutico nacional. Biró denunció que, por las amenazas sufridas por él y su familia, “tuve que presentar un habeas corpus preventivo”. A la denuncia se sumaron las persecución y sumarios contra 170 trabajadores del subterráneo y las multas sufridas por sindicatos como La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por ejercer su legítimo derecho a huelga.
La secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, aportó que “el gobierno nacional produjo una desregulación de los precios fundamentales para la vida, como las tarifas de transporte, telefonía celular, internet, luz y gas. Todo eso produjo una caída del salario que tiene un impacto directo e indirecto sobre las mujeres.” Es que, dijo, “la pobreza de tiempo (que impone la reforma a través de la extensión de la jornada laboral y el banco de horas) impacta de manera asimétrica sobre las mujeres, provoca una crisis sobre los cuidados y desorganiza los hogares”.
Ante las exposiciones de los solicitantes de la audiencia, señaló el FreSU en un comunicado, “los comisionados de la CIDH hicieron algunos cuestionamientos y solicitaron explicaciones a los representantes del Gobierno argentino por los modos y las irregularidades a la hora de implementar la reforma laboral”.
La representación oficial respondió desde Buenos Aires en forma remota y ratificó su defensa de la norma en nombre de la necesidad de incrementar la productividad del trabajo “que se encuentra estancada desde hace 50 años”. La exposición estuvo a cargo de la Directora de relaciones nacionales e internacionales del ministerio de Capital Humano, Mariana Pérez Espinosa que leyó un extenso texto que no respondió ni hizo referencia alguna a las denuncias realizadas minutos antes por los dirigentes sindicales.
Al concluir la audiencia, Matías Cremonte, señaló a Tiempo que “quedó demostrado que hay una preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la situación de los derechos laborales en Argentina”.
El dirigente de abogados laboralistas explicó que “no solo por el hecho de haber convocado esta audiencia, citado al Gobierno Nacional a que dé explicaciones, sino por las preguntas que hizo y las observaciones y comentarios luego del alegato del Gobierno”.
Para Cremonte, si bien no lo explicitaron, “hay una fuerte presunción de que estamos ante una reforma de características regresivas y que, desde luego, supone una violación al principio de progresividad que está contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos y una violación de la obligación de no regresión que deben cumplir todos los Estados miembros de la OEA”.
Para la representación sindical el gobierno no respondió los requerimientos del gobierno y apenas pudo “balbucear” algunas respuestas. Para Cremonte, la endeblez de la defensa del ejecutivo se explica “porque es imposible demostrar que esta reforma laboral no es regresiva y que no existe una política de parte del Gobierno Nacional de destrucción de los derechos sociales”.
