El Gobierno del enclave denuncia violaciones sistemáticas al alto el fuego y un bloqueo genocida de suministros.

La Oficina de Prensa del Gobierno en la Franja de Gaza emitió un informe devastador donde detalla que, desde el inicio de la tregua el pasado 10 de octubre, las fuerzas de ocupación israelíes han acabado con la vida de 418 palestinos. Pese al cese de hostilidades acordado con mediación internacional, se han contabilizado 1.141 heridos en apenas ochenta días de un pacto que Tel Aviv vulnera de forma constante.

Según el comunicado oficial, el ejército israelí cometió cerca de un millar de violaciones directas, demostrando un desprecio absoluto por los protocolos humanitarios y las disposiciones del derecho internacional que rigen este tipo de compromisos diplomáticos.

El reporte pormenorizado indica que las agresiones incluyen casi trescientos incidentes con armas de fuego, incursiones de blindados en zonas residenciales y más de 450 bombardeos dirigidos contra civiles e infraestructura básica. Estas acciones no son hechos aislados, sino que forman parte de una estrategia deliberada para socavar la esencia del alto el fuego y mantener bajo asedio a la población civil. Además de los ataques físicos, se denunciaron decenas de detenciones ilegales, lo que agrava el clima de persecución y violencia que impera en el territorio a pesar de la supuesta vigencia de la tregua.

La crisis se agudiza ante el incumplimiento flagrante de los acuerdos de ayuda humanitaria, donde Israel impide el ingreso de los suministros vitales pactados. De los 48 mil camiones con asistencia que debieron ingresar al enclave costero, apenas arribó el 41 por ciento de la carga necesaria. El promedio diario de vehículos que logran cruzar la frontera es drásticamente inferior a lo estipulado, lo que las autoridades locales califican como una táctica de subyugación a través del hambre y el chantaje político, dejando a millones de personas en una situación de vulnerabilidad extrema.

Especialmente alarmante es la carencia de combustible, insumo crítico del cual solo llegó una décima parte de lo prometido en las mesas de negociación. Esta escasez mantiene paralizados servicios esenciales como hospitales, estaciones de alcantarillado y plantas potabilizadoras de agua, condenando a la población a enfrentar brotes de enfermedades y la falta de atención médica. La prohibición de importar materiales para refugios temporales y casas móviles también ha profundizado la crisis habitacional, impidiendo que miles de familias desplazadas por los bombardeos previos puedan mitigar los efectos de la destrucción sistemática de sus hogares.

Las autoridades de Gaza alertaron que esta combinación de agresiones militares y bloqueo logístico está empujando al pueblo palestino hacia una «muerte lenta» bajo la mirada cómplice de ciertos sectores internacionales. Denunciaron que la intención del Estado israelí es imponer una ecuación de supervivencia basada en la miseria y el agotamiento físico de los ciudadanos.

La persistencia de estas infracciones constituye una peligrosa amenaza para la estabilidad regional, invalidando cualquier esfuerzo de paz genuino mientras se mantenga la política de castigo colectivo que viola los derechos humanos más fundamentales.

El Gobierno local responsabilizó plenamente a Israel por el deterioro acelerado de las condiciones de vida y las muertes evitables que se registran a diario. Instaron a los mediadores internacionales y a las organizaciones de justicia global a adoptar una postura firme que obligue al cese real de las hostilidades y al cumplimiento de las obligaciones humanitarias. Para el pueblo de Gaza, la tregua se convirtió en una extensión del conflicto bajo otra modalidad de violencia, donde el asedio y las balas de la ocupación continúan marcando la realidad cotidiana en medio de la impunidad.