Francisco Echarren, intendente de Castelli, denunció que el gobierno nacional dejó de suministrar insulina a pacientes diabéticos sin cobertura médica. Los municipios, desbordados, deben absorber la demanda de una salud pública que la administración de Javier Milei ha decidido abandonar.
En una entrevista en Radio 10, Echarren alertó sobre el colapso sanitario provocado por los recortes de la gestión Sturzenegger-Milei. Con un frasco de insulina costando 400 mil pesos, los sectores más vulnerables quedan expuestos a una política sanitaria tan cruel como deliberada. El Estado nacional se desentiende, y los municipios, sin recursos ni respaldo, intentan sostener lo insostenible. Mientras tanto, Milei exige que las provincias bajen impuestos, en una lógica que busca fundirlas.
Los recortes del gobierno nacional no se detienen. Desde que Javier Milei asumió la presidencia, el país se ha convertido en un campo de prueba de un experimento ultraliberal salvaje, con Federico Sturzenegger como principal arquitecto del desguace estatal. La educación, la cultura, los derechos laborales y, sobre todo, la salud pública, se han convertido en blancos preferidos de una motosierra que no distingue entre planillas de Excel y vidas humanas.
Francisco Echarren, intendente de Castelli, lo denunció con claridad en una entrevista con Radio 10: el gobierno nacional decidió dejar de suministrar insulina a pacientes diabéticos sin cobertura médica. En otras palabras, si no tenés obra social, el Estado ya no se hace cargo de tu medicación esencial para vivir. Y si no podés pagar 400 mil pesos por un frasco de insulina, el destino te lo decide el mercado.
“Es una más, es una más de tantas”, dijo Echarren, con la resignación de quien lleva meses conteniendo el derrumbe desde la trinchera. Porque eso son hoy los municipios: trincheras de resistencia ante un gobierno nacional que ha desertado de sus obligaciones más básicas. “Nos estamos haciendo cargo de situaciones que antes atendía el Estado. Hoy nos enteramos que dejan de suministrar insulina a pacientes sin obra social. Es gravísimo”, afirmó el jefe comunal.
La epidemia del abandono: cómo el Estado dejó de ser garante de la vida
No se trata de un error administrativo ni de un bache burocrático. Se trata de una política decidida y ejecutada con frialdad. La insulina no es una aspirina ni un jarabe para la tos: es un medicamento vital que regula el azúcar en sangre de millones de personas. La interrupción de su suministro significa la muerte. Así de crudo. Así de brutal.
Mientras tanto, el Estado nacional se desentiende. “Un frasquito de insulina vale aproximadamente 400 mil pesos en cualquier farmacia, y es para treinta días”, detalló Echarren. Ese costo es imposible de afrontar para un paciente sin cobertura ni recursos. Pero el gobierno de Milei parece no tener problemas en dejar a esa gente librada a su suerte. “La crueldad no solo es esto, sino que es una decisión estructural”, agregó el intendente. Y no le falta razón.
El caso de la insulina se suma a otros ejemplos que demuestran la misma lógica de abandono: los traslados de pacientes oncológicos del PAMI ahora están siendo costeados por los municipios; las obras sociales están colapsadas y no pagan las prestaciones; los hospitales locales se convierten en el único sostén sanitario, mientras el gobierno nacional aplaude la motosierra.
En Castelli, el hospital municipal es el único efector de salud. No hay clínicas privadas que puedan absorber la demanda. Y como Castelli, hay cientos de localidades en la provincia y el interior del país donde la salud pública es la única opción. Pero el gobierno libertario no solo no aporta un peso más: también exige que las provincias bajen impuestos.
Sí, como se lee: mientras se desentiende de la salud pública, Milei le exige a los gobernadores que cobren menos. Menos recursos, más responsabilidades. Una ecuación que, inevitablemente, lleva al colapso. “Esto tiene un límite —alertó Echarren—, porque estamos cargándonos con más responsabilidades y nos están financiando menos. Es una estrategia para fundir a los municipios”.
No es casual. No es improvisado. El propio presidente lo dijo en una reunión de gobernadores: “Los voy a fundir a todos”. Y lo está cumpliendo. La motosierra no distingue ideologías: alcaldes del peronismo, del radicalismo o del PRO, todos están siendo empujados al abismo por un gobierno que ha decidido dinamitar el Estado desde adentro.
Y mientras tanto, la Justicia le recuerda al Ejecutivo que la salud no es un privilegio, sino un derecho. En Mar del Plata, la Cámara Federal falló contra el Estado nacional, obligándolo a cubrir medicamentos a una paciente sin obra social ni prepaga. La estrategia oficial había sido desviar la responsabilidad a la provincia, pero la Justicia fue clara: la obligación primaria de garantizar el acceso a la salud es del Estado federal.
Echarren lo resume con precisión: “El presidente se retira, deserta de sus obligaciones, y si no es por los intendentes, este ajuste sería aún más brutal”. Pero también advierte: “Eso tiene un límite económico y político. Si no nos unimos para enfrentar esto, el daño será irreversible”.
Porque, al final del día, no se trata solo de insulina ni de PAMI ni de una obra pública paralizada. Se trata de una concepción del Estado. Una concepción que ve en la salud un gasto, no una inversión. Que mide la vida humana en términos de costos y beneficios. Que gobierna desde el Excel, pero que ejecuta sobre los cuerpos.
La apelación de Echarren no es solo un diagnóstico, sino también un llamado a la acción: “Tenemos que ponernos de pie y defender la provincia de Buenos Aires. Tiene que ser el portaaviones para reconstruir el peronismo y volver a gobernar la Argentina. Porque si no lo hacemos, lo que viene es gravísimo”.
Y tiene razón. Lo que viene es un país donde enfermarse será un lujo que pocos podrán permitirse. Donde la insulina será un privilegio de clase. Donde la salud pública será un recuerdo de otro tiempo. A menos que se levanten los intendentes, los gobernadores, los sindicatos, los estudiantes, los profesionales de la salud, la sociedad entera. Porque un pueblo que deja morir a sus enfermos no tiene futuro. Y un Estado que los abandona, no merece gobernar.