Por DNU, Milei amplió las competencias de las Fuerzas Armadas con el despliegue de militares en sitios que Patricia Bullrich, Luis Petri o funcionarios del Ejecutivo consideren «de valor estratégico» para el Estado. Además, permite que el propio Gobierno defina qué considera como «amenazas terroristas».
El Decreto 1107/2024 publicado este viernes en el Boletín Oficial establece que, en caso de ataques, daños o destrucción de espacios de “vital importancia para el Estado”, las fuerzas policiales o de seguridad federal “podrán solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas o de policías provinciales”. Es decir, que el Gobierno nacional autorizó el despliegue de fuerzas militares en sitios que algún funcionario de turno considere “de valor estratégico” para el Estado.
Es decir que, ante un pedido de la titular del Ministerio de Seguridad a su par de Defensa, deberá “proporcionar protección” a esa demanda, siempre y cuando estén afectados lo que se considere como un “objetivo de valor estratégico”. El decreto, confiere a esas dos carteras y a todos los funcionarios del Ejecutivo, la potestad de definir o redefinir qué es un “objetivo de valor estratégico”.
El concepto está incluido en la Ley de Defensa Nacional (23.554) pero no define clara ni explícitamente qué es un “objetivo de valor estratégico”.
En esa línea, el decreto establece que debe llamarse de esa manera a “cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado nacional que, en caso de ser dañados parcialmente o destruidos, ocasionarían graves perjuicios a la vida y bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la propia Seguridad de la Nación”.
Luego deja claro que “la calificación como ‘Objetivo de Valor Estratégico’ será competencia exclusiva del Poder Ejecutivo”. Es decir, que le da a cualquier funcionario de Gobierno la potestad de utilizar esa definición de manera discrecional. Y esto será suficiente para el requerimiento de personal militar. La medida es un paso adelante en la utilización del Ejército y demás armas en cuestiones internas.
Con el nuevo decreto, el Gobierno amplía el alcance de las competencias militares, incorporando escenarios modernos como el ciberespacio, el espectro electromagnético y el espacio exterior, y reconoce nuevas formas de agresión provenientes de organizaciones no estatales, como grupos terroristas y paramilitares.
