Hace siete meses que el gigante minero Barrick Gold dejó de pagar retenciones por el oro sanjuanino que exporta al resto del mundo, gracias a un vacío legal que deja abierto el gobierno libertario.
La minera canadiense es la transnacional minera dedicada a la extracción de oro a cielo abierto más grande del mundo. Su principal actividad en Argentina es la operación de la mina de oro Veladero, un Joint Venture con Shandong Gold. Veladero está en plena cordillera de los Andes, en el departamento de Iglesia, de San Juan y arrastra una historia negra de envenenamiento de suelos con cianuro.
Pese a eso, las exportaciones de oro de la Barrick nunca fueron interrumpidas. La suspensión del pago de derechos de exportación es consecuencia del vencimiento del marco regulatorio que establecía la cuota parte correspondiente, argumentan desde la empresa. En rigor los topes de los derechos de exportación están establecidos en la ley de minería vigente. Lo que se regula por decreto son las alicuotas.
Uno de los asesores legales de Barrick Gold es Sergio Arbeleche, con años en el estudio Bruchou y Funes de Rioja, que redactó el mega DNU y conduce la UIA. Arbeleche era el candidato de Nicolas Posse para conducir la Secretaría de Minería pero quedó en el camino cuando coronó Flavia Royón que venía de ser la secretaria de Energía de Sergio Massa.
Pese a quedar afuera del equipo económico Arbeleche es un asiduo visitante del Palacio de Hacienda, como otros socios del estudio Bruchou. «Arbeleche es muy cercano a Toto y asesora a Daniel Gonzalez, el viceministro coordinador de Energía y Minería», contó a LPO una fuente de Economía.
Lo que se comenta en el sector es que el decreto de las regalías quedó enterrado gracias al lobby de Arbeleche. La incomodidad en la cartera de Minería es tal, que el secretario Luis Lucero amenazó varias veces con renunciar.
«Lucero solo se dedica a viajar. Se le está desarmando toda la Secretaría porque está sin laburo, el equipo de Toto no lo tiene en cuenta», graficó a LPO la fuente consultada.
Respecto a la regulación de los derechos de exportación, el gobierno de Mauricio Macri había quitado por completo las retenciones al inicio de su gestión. Desatada la crisis económica en 2018, el ex presidente volvió a aumentarlas hasta el 12%. Cuando asumió Alberto Fernández las redujo al 8% para proyectos de oro y plata. En sumultáneo implementó por decreto una retención máxima de 4,5% para otros metales.
Este régimen es el que finalizó el 31 de diciembre del 2023. Tanto el CEO de la compañía, como el jefe de Sudamérica anunciaron el pasado 11 de abril en San Juan la extensión por 10 años de la vida útil de la mina sanjuanina, hasta el 2031, y coincidieron en que el rumbo macroeconómico fueron determinantes para tomar la decisión.
El director corporativo para Barrick Sudamérica, Marcelo Álvarez, dijo que la compañía «ve con muy buenos ojos las medidas que está tomando el presidente en términos de abrir la economía, de respetar las inversiones, de abrir las inversiones».
«Con estas nuevas medidas, el precio del oro alto y las inversiones que hemos realizado, gracias a Dios podemos anunciar que en vez de tener que acortar la vida, la vamos a expandir. Así son los ciclos de estos negocios. A veces un ciclo te termina agotando, y a veces un ciclo te termina dando el respiro para seguir adelante. Y hoy estamos en un ciclo donde vamos a seguir adelante apostándole a Iglesia y a San Juan», dijo Álvarez en declaraciones al diario Tiempo de San Juan.
En enero del año pasado se reabrió la causa contra presunta evasión impositiva. La AFIP sostiene que la minera simuló sus pasivos para minimizar la contribución tributaria. En marzo del 2020 la Justicia Federal ordenó a Barrick pagar una multa millonaria por un diferencial de derechos de exportación en función a cantidades exportadas.
Pese a esto, Barrick se mueve aprovechando al máximo la escaca voluntad de control del gobierno libertario. «Las empresas tienen total libertad de acción. Por ejemplo, nadie controla el pesaje de lo exportado ni de lo importado, se trata de un tramite que simplemente es informado mediante declaración jurada», indicó una fuente del sector. «Esto genera que las maniobras de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones sean recurrente», concluyó.
