En medio de una ofensiva mediática y política del  periódico Clarín, la gestión de Axel Kicillof enfrenta un doble desafío: resistir los recortes presupuestarios impulsados por Javier Milei y desmontar las campañas de desinformación. Mientras tanto, la falta de fondos amenaza con agravar las desigualdades regionales en el país.

La provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, se encuentra en el centro de una tormenta política y económica que parece diseñada para desmantelar su capacidad operativa y política. En un reciente mensaje en redes sociales, Kicillof respondió a un artículo de Clarín que lo acusaba de tener un gobierno sobredimensionado en términos de empleados públicos, desestimando la afirmación con ironía: “Y si mi abuela tuviera rueditas, sería una bicicleta”. Más allá del humor, el mensaje desnuda una realidad preocupante: las políticas del gobierno de Javier Milei parecen orientadas a vaciar las arcas provinciales y socavar el federalismo en Argentina.

Desde su llegada al poder, Javier Milei ha implementado un modelo de ajuste que castiga particularmente a las provincias, con Buenos Aires como principal objetivo. Según Kicillof, el gobierno nacional utiliza la retención de fondos presupuestarios como una herramienta para debilitar a las gestiones provinciales, transfiriendo responsabilidades sin los recursos correspondientes. Este esquema, advierte el gobernador, no solo es una afrenta al federalismo consagrado en la Constitución, sino también una estrategia política para concentrar el poder y erosionar la autonomía de los gobernadores.

Las críticas de Kicillof también apuntan al origen de la información utilizada para justificar los ataques mediáticos. El informe en cuestión proviene de la Fundación Pensar, vinculada a Mauricio Macri y dirigida por María Eugenia Vidal, cuya gestión como gobernadora de Buenos Aires estuvo marcada por una reducción drástica de fondos para salud, educación y obra pública. “¡Qué papelón!”, exclamó Kicillof, denunciando lo que considera un intento deliberado de deslegitimar su gobierno mediante datos manipulados.

Contrario a lo publicado por Clarín, Buenos Aires no es un ejemplo de exceso burocrático. De hecho, la provincia se encuentra entre las que tienen menos empleados públicos por cada 1.000 habitantes, un dato que contradice directamente la narrativa de sobrepoblación estatal. Este indicador, ampliamente aceptado como estándar para evaluar la eficiencia del empleo público, refuerza la posición de Kicillof: la administración provincial opera con un nivel de recursos humanos ajustado a la magnitud de su población y a las demandas sociales que enfrenta.

Sin embargo, los recortes nacionales están empezando a mostrar sus efectos devastadores. Escuelas con problemas edilicios, hospitales sin insumos básicos y demoras en la ejecución de obras viales son solo algunos de los síntomas de una política de ajuste que golpea directamente a los sectores más vulnerables.

La situación actual no se limita a cuestiones presupuestarias. El gobierno de Milei parece haber iniciado una campaña más amplia para desprestigiar a Buenos Aires, utilizando medios de comunicación y aliados políticos como herramientas clave. Kicillof sostiene que esta ofensiva busca consolidar un relato de “inviabilidad” de la provincia, preparando el terreno para justificar futuros recortes y eventuales privatizaciones de servicios públicos esenciales.

Este patrón no es nuevo. Durante el gobierno de Mauricio Macri, Buenos Aires ya había sido objeto de políticas similares, con Vidal como ejecutora. Ahora, bajo la administración de Milei, la provincia enfrenta una versión amplificada de ese modelo, con un enfoque aún más radical en la reducción del gasto público y la transferencia de responsabilidades al sector privado.

La situación de Buenos Aires es un reflejo de un problema más amplio que afecta a todo el país. Con un enfoque centralista, el gobierno nacional ha reducido los fondos coparticipables, dejando a las provincias más pequeñas en una situación aún más precaria. Este esquema no solo debilita el federalismo, sino que también profundiza las desigualdades regionales, condenando a millones de argentinos a condiciones de vida cada vez más difíciles.

La estrategia de Milei parece clara: utilizar el ajuste como herramienta para concentrar el poder en la Casa Rosada, debilitando a los gobernadores y fomentando una narrativa de ineficiencia estatal que justifique la implementación de su agenda neoliberal. Sin embargo, esta táctica no está exenta de riesgos. Las protestas sociales y las críticas de sectores políticos y académicos están aumentando, planteando serias dudas sobre la sostenibilidad de este modelo a largo plazo.

El panorama para Buenos Aires y el resto del país es incierto. Mientras Milei continúa defendiendo su modelo de austeridad, las voces en contra se multiplican, tanto en las redes sociales como en las calles. Axel Kicillof, por su parte, se posiciona como uno de los principales opositores a estas políticas, apelando al diálogo con otros gobernadores y al respaldo de la ciudadanía para resistir el embate.

El debate sobre el futuro del federalismo en Argentina está lejos de resolverse. En el centro de la discusión, Buenos Aires emerge como el símbolo de una lucha más amplia por la equidad, la autonomía y el derecho de las provincias a decidir sobre su propio destino.