La Policía Federal de Brasil ha solicitado a la Fiscalía acusar a Fernando Cerimedo, estratega digital del presidente argentino Javier Milei, por su participación en una red criminal que buscaba derrocar al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El caso pone en evidencia los vínculos de figuras clave del oficialismo argentino con prácticas antidemocráticas y subversivas.

La investigación de la Policía Federal de Brasil culminó con un informe de 884 páginas en el que se detallan las actividades de 37 personas acusadas de intentar derrocar el orden democrático tras la victoria de Lula en 2022. Entre los implicados destacan nombres como Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, y Fernando Cerimedo, un operador digital clave en el entorno de Javier Milei. Cerimedo, quien ha negado reiteradamente las acusaciones, está señalado como parte de la llamada *Oficina del Odio*, un grupo que utilizó campañas de desinformación para deslegitimar las elecciones brasileñas y crear un clima favorable a un golpe de Estado.

El caso ha escalado a niveles internacionales, con medios de todo el mundo reportando la conexión del estratega argentino con la trama golpista. La acusación incluye delitos graves como intento de abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal, que prevén penas de hasta 30 años de prisión.

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Según el informe, la *Oficina del Odio* utilizó milicias digitales para amplificar mensajes falsos sobre un supuesto fraude electoral, incentivando a grupos ultraderechistas a movilizarse frente a cuarteles militares y fomentar una intervención federal. Este modelo de desinformación, que comenzó a operar en 2019, se replicó en múltiples países y encuentra ecos en la estrategia comunicacional utilizada por Javier Milei en Argentina.

Cerimedo fue acusado de coordinar la distribución de contenido falso a través de plataformas digitales, utilizando un sofisticado sistema de almacenamiento y difusión que incluía ediciones de videos para maximizar el impacto de las mentiras. Las similitudes entre las tácticas de Cerimedo y las empleadas por figuras del entorno de Bolsonaro refuerzan la sospecha de una colaboración regional en el uso de la desinformación como arma política.

El entorno de Javier Milei ha mantenido un silencio absoluto sobre las acusaciones contra Cerimedo. Esta falta de transparencia pone en jaque la narrativa del gobierno argentino, que se presenta como una administración comprometida con la libertad y la transparencia. ¿Cómo puede el presidente justificar mantener en su equipo a una figura señalada por socavar la democracia en un país vecino?

El vínculo entre Cerimedo y Bolsonaro, quien lideró un gobierno marcado por su desprecio a las instituciones democráticas, no es menor. Bolsonaro, actualmente inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2030, enfrenta múltiples investigaciones, entre ellas por su intento de deslegitimar las elecciones y su presunta participación en el ataque a las instituciones brasileñas el 8 de enero de 2023.

El caso de Fernando Cerimedo no solo mancha la imagen del gobierno de Milei, sino que también plantea preguntas inquietantes sobre el impacto de las estrategias de desinformación en la política argentina. Las tácticas empleadas por Cerimedo no son un fenómeno aislado; forman parte de una tendencia global que busca debilitar las democracias mediante la propagación de mentiras y el descrédito de las instituciones.

El silencio del gobierno argentino frente a estas acusaciones refuerza la percepción de que Milei no solo tolera estas prácticas, sino que las fomenta. La continuidad de figuras como Cerimedo en el entorno presidencial mina la confianza en la transparencia del oficialismo y en su compromiso con los valores democráticos.

El desenlace de este caso será clave no solo para la política brasileña, sino también para la argentina y la región en general. La posibilidad de que Cerimedo sea procesado y eventualmente condenado refuerza la necesidad de enfrentar con firmeza las amenazas a la democracia que surgen desde el ámbito digital.

  • Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei enfrenta el desafío de explicar cómo un asesor tan controvertido sigue siendo parte de su círculo cercano. La falta de acción ante estas acusaciones podría interpretarse como una señal de que el oficialismo no solo es cómplice, sino también un beneficiario directo de estas prácticas antidemocráticas.