El sindicato de docentes de la UBA (FEDUBA) repudia las acusaciones vertidas en el programa de Luis Majul de La Nación +, que apuntan contra docentes por sus afiliaciones sindicales y su labor en defensa de los derechos laborales, en un contexto de hostilidad del gobierno de Javier Milei hacia la universidad pública.
La persecución política a docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ha encendido alarmas en la comunidad académica y sindical. El reciente ataque de Luis Majul en su programa emitido por el canal La Nación +, en el cual acusa a profesores de la Facultad de Derecho de ser “adoctrinadores” por su afiliación sindical y su labor como defensores de los derechos laborales, ha sido señalado como un acto de claro sesgo ideológico que se enmarca en el clima adverso promovido por el gobierno de Javier Milei contra la educación pública. FEDUBA, el sindicato que representa a los docentes de la UBA, ha respondido enérgicamente a lo que considera un atentado contra la libertad de cátedra y el derecho a la libre organización gremial.
Los ataques de Majul, respaldados por una narrativa conservadora y abiertamente hostil hacia los sindicatos y las organizaciones sociales, no ocurren en un vacío. Surgen en un contexto de ataque sistemático a la universidad pública, el cual tiene como objetivo deslegitimar y desprestigiar el sistema de educación superior argentino. Esta campaña no solo erosiona el respeto y la confianza en los docentes de la UBA, sino que además busca socavar uno de los pilares de la educación en el país. Con estas acciones, Majul y otros periodistas afines a la gestión de Milei no solo desinforman sino que legitiman la difamación y el odio hacia aquellos que defienden la universidad pública y los derechos laborales.
El periodismo de trinchera de Majul, disfrazado de investigación, ha señalado públicamente a varios profesores de la Facultad de Derecho de la UBA, catalogándolos como “adoctrinadores” solo por su adhesión sindical y su trabajo en la defensa de los derechos de los trabajadores. No se trata de una cuestión menor. Este tipo de discursos en medios de comunicación masivos apuntan a construir un enemigo visible: los sindicatos y, por ende, los trabajadores. En un marco de creciente polarización, la función del periodismo debería ser otra; sin embargo, Majul ha elegido explotar la retórica del miedo y la acusación sin fundamentos para apelar a los sectores más reaccionarios de la sociedad.
FEDUBA, en un comunicado oficial, ha expresado su total repudio a lo que consideran un abuso del poder mediático y una estrategia de amedrentamiento. “Estas prácticas nos retrotraen a los momentos más oscuros de nuestro pasado”, denuncia el sindicato, recordando que la historia argentina cuenta con demasiados capítulos de persecución a docentes, estudiantes y activistas por pensar distinto. Y añade que, bajo la protección de la Constitución Nacional y tratados internacionales, tanto la libertad de cátedra como el derecho a la participación gremial son garantías fundamentales de una sociedad democrática.
La sombra de Milei sobre la universidad pública
El contexto en el que se desarrollan estas acusaciones no es casual. La administración de Javier Milei ha manifestado, de forma cada vez más explícita, su rechazo a la universidad pública y a los valores que representa. En el último tiempo, sus políticas han buscado desfinanciar la educación superior y arremeter contra la autonomía universitaria. El desprestigio de los sindicatos docentes parece ser la nueva estrategia para debilitar la resistencia y la organización de los trabajadores en la educación pública.
A su vez, esta postura de Milei se refleja en sus constantes declaraciones contra los sindicatos, a quienes acusa de “manipular” y “adoctrinar” a la juventud. En su visión, la universidad pública y sus docentes, en particular aquellos organizados sindicalmente, representan una amenaza a sus propuestas de reforma económica. El mensaje es claro: todo aquel que defienda los derechos laborales y sostenga un modelo de educación pública accesible y de calidad se convierte automáticamente en un enemigo del Estado.
Este embate contra el sindicalismo docente de la UBA va más allá de lo puntual y se inscribe en un contexto más amplio. La narrativa construida por Majul y otros periodistas del entorno de Milei apunta a instalar la idea de que los docentes sindicalizados no son dignos de confianza, fomentando el recelo hacia la figura del profesor universitario y su compromiso con una educación crítica y democrática. El objetivo es claro: fracturar la relación entre los docentes y la sociedad, minando la credibilidad de aquellos que defienden el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad.
La difamación como estrategia de censura
En este escenario, las acusaciones de Majul operan como un dispositivo de censura, sutil pero efectivo. Acusar a los docentes de “adoctrinamiento” por su pertenencia sindical y su ideología pro-trabajadores no solo distorsiona la realidad sino que abre la puerta a una peligrosa persecución ideológica. Esta lógica de señalamiento y difamación coloca a los profesores de la UBA en una situación de indefensión, enfrentándolos a una suerte de “juicio mediático” en el cual su participación sindical es interpretada como una traición a los valores de “objetividad” y “neutralidad” que el gobierno y ciertos sectores periodísticos pretenden imponer.
Sin embargo, es justamente el derecho a la pluralidad de voces y a la libertad de cátedra lo que enriquece el debate académico y permite que los estudiantes accedan a una educación diversa y con capacidad crítica. Desde FEDUBA, se subraya que este intento de acallar a los docentes sindicalizados por su orientación pro-trabajadores no solo es injusto sino que constituye una amenaza directa a la democracia misma. ¿Cuál es el verdadero objetivo detrás de este ataque? ¿Desprestigiar a los sindicatos para avanzar con políticas de ajuste y precarización laboral en la educación superior? La respuesta parece evidente.
Una amenaza a los valores democráticos
FEDUBA ha exigido una disculpa pública de La Nación + y de Majul, enfatizando su solidaridad con los colegas afectados. La defensa de la universidad pública, la libertad de cátedra y la actividad gremial no es solo una cuestión de derechos individuales, sino un compromiso con los valores democráticos que todos debemos proteger. La persecución a los docentes sindicalizados y el ataque a sus convicciones políticas no solo los afecta a ellos; es una afrenta contra el conjunto de la sociedad que ha encontrado en la universidad pública una herramienta de equidad, inclusión y progreso.
Hoy más que nunca, en un contexto de agresiva ofensiva contra la universidad pública y los derechos laborales, es necesario alzar la voz y rechazar la persecución y la difamación. Los docentes de la UBA, como tantos otros trabajadores de la educación, seguirán defendiendo su derecho a participar en la vida gremial y a ejercer su rol docente sin interferencias ni coacciones. La universidad pública no es un lujo ni un espacio de adoctrinamiento; es un derecho que debe ser garantizado y defendido frente a cualquier intento de deslegitimación.