La Comisión Provincial de la Memoria denunció a Patricia Bullrich por presunto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, a raí de la represión a manifestantes que protestaban contra el veto presidencial a la ley de movilidad.
La Comisión Provincial de la Memoria denunció a Patricia Bullrich por presunto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, a raíz de la represión llevada a cabo durante la manifestación, que realizaron jubilados y jubiladas junto a organizaciones sociales, en contra del veto presidencial a la ley de movilidad.
El miércoles pasado, las fuerzas de seguridad dejaron un centenar de heridos en inmediaciones del Congreso Nacional, entre ellos una niña de diez años, que fue lastimada con gas lacrimógeno.
La denuncia que presentó el abogado Gregorio Dalbón, será investigada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien subroga el juzgado federal 9 de la ciudad de Buenos Aires, donde quedó radicada por sorteo, informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.
El abogado pidió ser citado para ratificar y ampliar la denuncia por la represión que incluyó el rociado con gas pimienta a una nena de diez años que asistía a la marcha con su mamá y que según imágenes difundidas por medios de comunicación estaba junto con ella agachada para protegerse cuando un policía las roció.
La denuncia se presentó por el artículo 248 del Código Penal que prevé de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos para quien “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
De manera posterior, también fue denunciada en los tribunales federales de Retiro por los mismos hechos la secretaria del Ministerio de Seguridad nacional Alejandra Monteoliva por presunta violación de deberes de funcionario público.
La denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria junto a Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto García y quedó a cargo de la jueza federal María Servini.
