El caso de la visita de diputados libertarios a genocidas encarcelados puede convertirse en una caja de pandora. Una de las empresas vinculadas a la familia del represor Jorge Olivera, Palupa S.A, que la diputada Lourdes Arrieta pidió al Congreso que investigue, fue denunciada por falsear documentos públicos para quedarse con campos de terceras personas de la provincia de Córdoba, según reconstruyó El Destape. La maniobra ocurrió en 2006 y 2007, actualmente sigue judicializada e incluyó a otro represor condenado: Jorge Humberto Appiani. Olivera y Appiani, ambos militares, abogados y socios, conformaron luego un fideicomiso millonario que fue congelado en 2013 por la Unidad de Información Financiera (UIF) cuando Olivera se dio a la fuga. Se sospechaba que desde allí se financiaba su evasión a la Justicia y otras acciones de los genocidas. El interrogante sobre cómo se solventa el movimiento pro-genocida vuelve a estar sobre la mesa.

La diputada Arrieta mencionó esta semana en su presentación ante el Parlamento que a nombre del clan Olivera hay al menos dos sociedades en los Estados Unidos. Una de ellas es una firma homónima de la que fue denunciada en la Argentina: Palupa Properties LLC. Uno de los hijos de Jorge Olivera, el cura Javier Olivera Ravasi, está relacionado a ambas firmas radicadas en los EE.UU. Fue quien organizó junto a diputados libertarios las visitas a represores detenidos e impulsó iniciativas para intentar sacarlos de la cárcel.

Sociedades en la mira

En la madrugada del último martes, la diputada Lourdes Arrieta, que fue parte de la visita a la cárcel de Ezeiza y luego presentó una denuncia penal porque dijo haber sido engañada por sus compañeros de bancada, tuiteó sobre 2 sociedades radicadas en EE.UU vinculadas al cura Javier Olivera Ravasi, el hijo del genocida Jorge Olivera. También presentó un proyecto en el Congreso donde pidió que se investigue el entramado que rodea esas sociedades vinculadas al sacerdote y a su padre genocida. En el Parlamento se empieza a configurar la posibilidad de crear una comisión investigadora sobre la visita.

El sacerdote Olivera Ravasi es quien organizó distintos grupos de chats donde diputados libertarios, abogados de genocidas y el excamarista de Casación Eduardo Riggi coordinaron la visita a represores e impulsaron iniciativas para intentar sacar de la cárcel a los condenados de lesa humanidad.

Las sociedades que documentó Arrieta son “Order of Saint Elijah”, radicada en el estado de Georgia en junio de 2020; y Palupa Properties LLC, creada en el estado de Florida.

En el proyecto que presentó en el Congreso, Arrieta afirmó que respecto a la firma Palupa “también existe una sociedad homónima o espejo en Argentina”. “Esta sociedad en Argentina fue creada como PALUPA S.A.y entre sus integrantes se encuentran varios ‘Olivera Ravasi’”, agregó. Mientras que a Palupa Properties LLC figuran vinculados el médico Martín Olivera Ravasi -también hijo del genocida- y el sacerdote; en Palupa S.A aparecen, al menos en sus inicios, otros hermanos del cura progenocida.

Palupa S.A se conformó en la Argentina el 3 de abril de 2006 y en su creación participaron Mariano Ángel Olivera Ravasi, Sebastián Jorge Olivera Ravasi y el genocida Jorge Antonio Olivera Ravasi. De acuerdo al documento de la Inspección General de Justicia (IGJ) que da cuenta de la gestación de esta empresa, el represor Olivera intervino “en nombre y representación y en carácter de apoderado de Javier Pablo Olivera Ravasi”. La sociedad fue creada para realizar actividades inmobiliarias e inversiones tanto del rubro inmobiliario como automotor y de maquinaria agrícola-ganadera. Como presidente de la firma, en sus orígenes, estuvo Mariano y como vice Sebastián Olivera Ravasi. El cura figuraba como director suplente. En junio de 2023, con Jorge Olivera con 3 condenas a perpetua, quedó como presidenta de la sociedad su esposa, Marta Ravasi. El cura progenocidas, que en los últimos días posteó en redes sociales fotos desde Atlanta y California, EE.UU,  seguía con el mismo rol.

Ya desde sus orígenes, Palupa S.A aparece en acciones espurias. Según reconstruyó El Destape en el fuero civil tramita una denuncia contra Palupa S.A por “Redargución de falsedad” y “daños y perjuicios”. Básicamente, en 2013 se la denunció por falsear documentos públicos en pos de quedarse con campos ubicados en la provincia de Córdoba que no les pertenecían. Los hechos ocurrieron apenas se constituyó esa sociedad de los Olivera.

Junto a Palupa, es decir, la familia Olivera, también fueron denunciados: la firma Angela Carolina S.A, que al momento de los hechos era administraba por el genocida Jorge Humberto Appiani (socio de Olivera); Humberto Antonio Rubio; Carlos Alberto Arini, quien ya falleció; y la escribana Beatriz Nilda Amaro de Arregin.

Según se desprende de la acusación, todo indica que las sociedades se crearon para esta maniobra. Once años más tarde, el expediente sigue activo y en pleno proceso. Actualmente, tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 74 de la Ciudad de Buenos Aires.

Por Palupa S.A, por ejemplo, en junio de 2023 se presentó Marta Ravasi, la esposa del genocida Olivera, con el patrocinio de su hijo Mariano Olivera. Marta Ravasi cumplió un rol central en la fuga de su marido, con quien festejó hace poco los 50 años de casada en un fiestón en su casa donde, como publicó Pagina12, cantó Palito Ortega. La ceremonia estuvo a cargo de su hijo sacerdote.