El gobierno de Quintela presiona al máximo tribunal para que falle por la inconstitucionalidad del DNU al condiderar que «lesiona gravemente el federalismo y la institucionalidad de nuestra república».

El gobierno de La Rioja solicitó a la Corte Suprema de Justicia que falle sobre la constitucionalidad o no del DNU 70/2023 de la gestión de Javier Milei, en base a que ya se cumplieron todas las medidas que ordenó el máximo tribunal. El pedido de pronto despacho de la provincia gobernada por Ricardo Quintela ingresó ayer a última hora con la firma de los apoderados legales de la provincia, el exjuez de la Corte Eugenio Zaffaroni, y el constitucionalista y académico Gustavo Ferreyra.

En poco más de una carilla, Zaffaroni y Ferreyra resumieron el recorrido del amparo solicitado en el área de juicio originarios de la Corte, en donde la máxima instancia legal del país interviene en los conflictos entre Nación y Provincias.

«Se han cumplido todas las mandas indicadas por el Tribunal», señalaron los abogados en el escrito que enumera el dictamen a favor de la intervención de la Corte del procurador Eduardo Casal y la notificación y posterior respuesta de la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra.

Quintela había explicado que «la vigencia del DNU N° 70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales. Por eso, este reclamo que lo hago en nombre de mi provincia, busca en el Poder Judicial de la Nación un pronunciamiento que garantice la vigencia del estado de derecho y consolide los valores de nuestra Democracia», cerró el mandatario provincial reelecto este año.

La Rioja insistió en la presentación, que no tiene efectos legales ya que la Corte Suprema no tiene plazos, en que «declare la inconstitucionalidad manifiesta del DNU 70/2023 que produce perjuicios irreparables al resultar sin remedio contrario a la Constitución federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se decida jurisdiccionalmente su nulidad absoluta e insanable».