Las grandes fabricantes de Alimentos, Arcor, Molinos, Ledesma, AGD, apuestan a reducir el mercado interno vía suba de precios y dirigir su producción hacia la exportación.
Son las cuatro de la tarde del martes. Andrea se detiene en un kiosko de Palermo, observa con detenimiento los chocolates, caramelos, algún alfajor. No se decide. Amaga con seguir su camino hasta que le sale una pregunta, casi con temor, en voz baja. ¿Cuánto está el paquete de Sugus, esos que son confites? La encargada del local no duda. “Son 1050”. Andrea agradece con un gesto; ahora sí, retorna a su trayecto. Dos días más tarde, el mismo paquete de caramelos, en el mismo kiosco, cuesta 1150 pesos, un alza del 10%. Arcor lo hizo.
La variación de los precios de los alimentos en diciembre superó el 30%, según los registros de la consultora EcoGo y el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO). La discusión parlamentaria sobre la conformación de las comisiones que deberán analizar la ley ómnibus y el DNU no hace ni hará mella en las pretensiones de las corporaciones que redactaron esa misma estructura jurídica. Avanzan.
La ley de abastecimiento ya se encuentra derogada de facto; lo mismo ocurre con la ley de góndolas. No existe más los controles. No es la descripción de un Estado débil. El Estado se convirtió en estructura jurídica cooptada por un puñado de empresas, con posición dominante; son las corporaciones que siempre están, las que hablan de libre mercado y seguridad jurídica. Las que se imponen con normas ad hoc, como el DNU y el proyecto de ley ómnibus, un marco de legalidad fraguada. Lo hicieron durante la última dictadura cívico militar, con el menemismo, con Macri y ahora con Javier Milei.
El programa de miseria planificada de La Libertad Avanza apunta a multiplicar la pérdida del poder adquisitivo de los sectores trabajadores para reducir el universo de un mercado interno en retirada; a su vez, se premia a las empresas exportadoras que podrán vender sus productos en el exterior sin ninguna objeción estatal y sin presiones del mercado interno. Una suerte de enorme transferencia de rentabilidad hacia el sector privado concentrado, a costa de incrementar exponencialmente los índices de pobreza y desempleo.
Feliz año
Entre el 25 de diciembre y el 1 de enero, los productos lácteos, panificados, fideos, y harinas, registraron subas del 4%. El azúcar aumentó un 9%. Ninguno de los productos comprendidos en estas categorías requiere tantos insumos del exterior como para “justificar” las subas; el azúcar, el trigo, la harina son materias primas producidas en el país.
El tema es que son fabricadas por un pequeño puñado de empresas –Arcor, que también es Mastellone, Molinos Ríos de la Plata, Ledesma, Aceitera General Deheza (en el caso de los aceites), entre otras– que siguen la lógica de los empresarios con capacidad exportadora: subir exponencialmente los precios, aumentar sus rentabilidades, perder consumidores locales y ganar volumen para vender en dólares en el exterior. El Estado fue cooptado para esquilmar el mercado interno. Y a su población.
