El Ley ómnibus, si es que logra ser ratificado en el Congreso, dispone la posibilidad de privatizar empresas del régimen de sociedades del Estado
El Ley ómnibus, si es que logra ser ratificado en el Congreso, dispone la posibilidad de privatizar empresas del régimen de sociedades del Estado, luego de que por decreto de necesidad y urgencia se allanó el camino a toda «normativa que impida la privatización de las empresas públicas», según expresó Milei en su discurso. Es un paso previo para la presentación de pliegos licitatorios de venta de activos del Estado. Habilitando la venta de los paquetes accionarios en poder del Estado, al pasar de la figura de Sociedad Estatal a Sociedad Anónima –como ya sucede con Aerolíneas Argentina—, a través del mercado de capitales y elimina que cada empresa tenga que ser tratada por separado.
En sus considerandos, el DNU expresaba que «es necesario modificar el status jurídico de las empresas públicas, reconvirtiéndolas en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades. Que este cambio tendrá el extraordinario beneficio de mejorar la transparencia y el gobierno corporativo de esas empresas, al tiempo que tendrá la virtud de facilitar la transferencia de las acciones a sus empleados, en los casos en que se quiera avanzar en este sentido».
En el decreto se señala que «desaparecerán las figuras jurídicas de las Sociedades del Estado y las Sociedades de Economía Mixta” y “se modifica el capítulo del Programa de Propiedad Participada de la Ley N° 23.696, a los fines de facilitar el traspaso de las acciones de las empresas actualmente estatales a sus empleados». De esta manera, las obliga a competir como una empresa privada más, desnaturalizando el rol que cumple una empresa pública en un sector considerado estratégico o de interés social, priorizando la ganancia empresaria por sobre el rol de servicio esencial.
El decreto pre-privatizador “comprende a las Empresas del Estado que no tengan una forma jurídica societaria, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones societarias donde el Estado nacional tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias y no se encuentren constituidas como sociedades anónimas”. Ahora es parte del proyecto de ley.