El juez Sebastián Ramos, que chateaba con uno de los viajeros, consideró que el puntapié de la causa fue un documento que se hizo público producto de una supuesta tarea de espionaje por lo que anuló todo lo actuado y sobreseyó a los imputados. La resolución del juez de Comodoro Py coincide con lo que planearon los acusados cuanto estalló el escándalo, quienes buscaban presentare como víctimas.

En la víspera de la Navidad, el juez federal Sebastián Ramos le hizo un regalo judicial a los ejecutivos de Clarín y magistrados que viajaron a la mansión de Joe Lews en Lago Escondido, que estaban siendo investigados por ese vuelo del Lawfare del 13 de octubre de 2022. El juez con despacho en Comodoro Py –absorbió el caso que se había iniciado en la Justicia de Bariloche- declaró la nulidad de todo lo actuado y sobreseyó a los imputados. Fundamentó su decisión en la difusión de un documento que expuso ese viaje y versaba sobre la lista de pasajeros de la aeronave que trasladó a los investigados. Esa publicación la hizo El Destape. Ramos, sin temor al rídiculo, dijo que allí hubo una práctica de “espionaje” sobre los viajeros por parte del Estado. Es decir, no se negó el viaje sino que se transformó a los acusados en víctimas, tesis que se había mencionado como coartada en un chat filtrado del que participaban los que fueron parte de ese “tour”.

¿Quiénes se beneficiaron con esta decisión de Ramos? La casta empresaria y judicial:

  • Jorge Rendo, presidente del Grupo Clarín, y Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Legales de Telecom Argentina. Según se desprende de los “presuntos” chats que se filtraron del celular de Marcelo D’Alessnadro fueron quienes financiaron el viaje.
  • El juez Julián Ercolini que impulsó las causas Vialidad y Hotesur, representa a Comodoro Py e intervino además en causas vinculadas a Clarín como el caso Papel Prensa y el desalojo de la AFSCA.
  • Juan Bautista Mahiques, organizador del lawfare en la era Macri y Fiscal General porteño.
  • Su padre el juez Carlos “Coco” Mahiques, retaguardia macrista en la estratégica Cámara de Casación y que ya intervino en una causa vinculada a Lago Escondido donde benefició a la familia Lewis.
  • El juez penal económico Pablo Yadarola, quien fue, de acuerdo a la filtración de «presuntos» chats de Marcelo D’Alessandro, el que propuso provocar una investigación que tuviera a los participantes de este vuelo del Lawfare como víctimas de espionaje ilegal, que fue lo que terminó pasando.
  • Leonardo Bergroth, ex miembro de la SIDE vinculado a Antonio Stiuso.
  • El publicista Tomás Reinke, especializado en campañas por redes sociales.
  • El juez Pablo Cayssials, que manejó más de 80 expedientes del Grupo Clarín. Como publicó El Destape, 24 de ellos se movieron post viaje a Lago Escondido. Cayssials es quien en su momento anuló la adecuación de oficio de Clarín a la ley de Medios audiosivuales y fue clave para el apartamiento de la procuradora Alejandra Gils Carbó.
  • Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño, a quien le vulneraron el celular, lo que provocó una filtración de “presuntos” chats que expuso vinculaciones que parecerían non-sanctas y maniobras que fueron denunciadas en sede judicial. El exministro dijo que los mensajes de su celular que se difundieron fueron manipulados y estuvieron editados. Hizo una denuncia penal que a diferencia de la del vuelo del Lawfare avanza en Comodoro Py.

La imputación contra ellos era por el presunto delito de dádivas y el de incumplimiento de deberes de funcionario público.

El juez Ramos, que intercambió mensajes con Marcelo D’Alessandro tal como reveló una filtración, decidió este viernes anular toda la causa en base a un documento que revela la lista de pasajeros del vuelo gestionado por la empresa Flyzar y en su momento publicó El DestapeEl documento fue expuesto en el artículo “El vuelo del lawfare: el documento con los nombres de los jueces y fiscales que viajaron a Bariloche”. Ese documento complementó una información que había dado previamente Página 12 sobre una reunión de jueces y empresarios en la mansión de Lewis en Lago Escondido. Se trata de una prueba que complicaba a los acusados. La decisión la tomó en medio del escándalo por el MegaDNU de Javier Milei.