Con la quita de subsidios a la demanda energética y la devaluación, las facturas de los hogares con ingresos medios podrían multiplicarse por 15 veces. Las empresas petroleras seguirán recibiendo subsidios en modo «inversión».
Cuando la dupla Milei–Caputo prorrogue el Presupuesto de este año, se encontrará con que los subsidios al consumo energético y a la garrafa social serán considerados una política de ingresos. O, en otras palabras, salario diferido, ambos conceptos rechazados por los libertarios macristas. En esa lógica, la quita de subsidios a los servicios públicos (electricidad y gas) anunciada por Caputo impactará en la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras con ingresos medios.
La eliminación de las transferencias en torno al 0,7% del PBI será, apenas, un solo componente del ajuste. Como las generadoras poseen sus costos dolarizados, también deberá sumarse el impacto de la mega devaluación del 120%. De esta manera, podría multiplicarse por 15 veces el importe de las facturas abonadas por los usuarios de ingresos medios.
Los cambios tarifarios recién podrían aplicarse luego de la realización de las correspondientes audiencias públicas, pensadas para enero de 2024.
¿Quién paga el ajuste?
Caputo anunció que el recorte a los subsidios energéticos aplicados a la demanda alcanzaría al 0,7% del PBI. Si se toma la ley de leyes vigente para 2023 serían alrededor de 995.057 millones de pesos. Es decir, el equivalente al total de gastos tributarios y beneficios al sector privado incluidos en la nunca analizada Separata. El gobierno de Milei eligió –como era de esperar- caerles de lleno a los trabajadores y trabajadoras de ingresos medios.
¿De dónde saldrá ese ajuste? El economista Julián Rojo (UBA – UTDT) había estimado que la quita de subsidios multiplicaría por 4 la factura final de los hogares medios, que representan el 17% del total. Hasta que llegó la devaluación. Con el salto del tipo de cambio oficial, el economista llevó esa ecuación a una factura multiplicada por 7,5 veces, a lo que debería sumársele “un atraso del 100% del VAD”, que es la remuneración que reciben las distribuidoras.
