La jurista brasileña Gisele Ricobom advirtió que ciertos medios de comunicación actúan como «el canal que permite concretar el objetivo del lawfare», por lo que se vuelve necesario «reglamentar» su funcionamiento y el de las plataformas digitales, mientras que en materia jurídica llamó a implementar «una reforma del sistema de justicia» que responsabilice «con más seriedad» a los jueces que incurren en «la partidización» al ejercer su tarea.

«Sin la colaboración de la prensa no habría lawfare porque es ella la que legitima un discurso de odio, un discurso de anticorrupción que, a su vez, también legitima los arbitrios y el abuso del sistema de justicia», consideró Ricobom en una entrevista con Télam, para además proponer que se «denuncie internacionalmente» a los jueces y fiscales que terminan «fragilizando la democracia» por sus prácticas procesales contra los «líderes populares».

Desde esa perspectiva, insistió en que algunos medios, en alusión a las empresas informativas más concentradas, se convirtieron en «un canal que permitió concretar el ‘objetivo Cristina’ así como fue con Lula», al aludir a las causas que soportó el actual presidente de Brasil y que lo llevaron 580 días a prisión en el marco de la operación Lava Jato.

Sobre la labor de jueces y fiscales, indicó que es necesario impulsar una «concientización muy fuerte» contra aquellos magistrados que abandonan «la imparcialidad» porque se proponen «extinguir a líderes populares», y además señaló que cuando se constatan esas situaciones se debe exigir «una reparación histórica hacia los líderes atacados».

Para la jurista, en las acciones de lo que Cristina Kirchner denominó «partido judicial» interviene necesariamente «todo lo que reproduce la prensa ante un pueblo que no comprende los riesgos que supone la necesidad del debido proceso legal, del respecto a la imparcialidad y del rol que debe jugar cualquier juez en su función de servicio público».

«Hay una cultura punitivista -siguió Ricobom-, y uno es condenado por los medios antes de enfrentar un proceso criminal, pero en cualquier proceso criminal hay derechos de la presunción de la inocencia, ritos procesales, de las pruebas, de los plazos y de los tiempos que deben ser cumplidos», observó.

Luego, al abordar la cuestión de los medios, profundizó: «La libertad de expresión es un derecho fundamental, por supuesto, pero no es un derecho humano absoluto que deba seguir por encima de los demás derechos humanos, de la vida, de la imagen, de la honra de las personas. Se choca con otros derechos de la persona que deben ser respetados».

Y en la misma línea, se preguntó: «Entonces se difama, se calumnia a cualquier figura política y no pasa nada. ¿Para quién inventa fake news la prensa? ¿Para quién criminaliza? ¿Para quién destruye vidas?»

«Debemos hablar del derecho de control sobre esas plataformas internacionales, que además de ganar plata deberán ser responsabilizadas por esa intervención e injerencia en la soberanía de los países latinoamericanos», concluyó finalmente la abogada.