La ONG Adarsa y organizaciones ingresaron el pedido al Tribunal Superior de Justicia. Entre otros ítems, cuestionan las flexibilizaciones en los estudios de impacto ambiental.

La flexibilización de las condiciones para la instalación de determinados proyectos ambientales y la supresión de la Evaluación de Impacto Ambiental son algunos de los fundamentos esgrimidos por la ONG Adarsa y otras organizaciones para pedir la inconstitucionalidad de las modificaciones a la ley de Ambiente provincial. Los peticionantes realizaron este lunes una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia, pidiendo que se expida acerca d los cambios a la normativa que semanas atrás realizó por amplia mayoría la Legislatura Provincial.

Para Adarsa, los cambios devienen en «nuevas normas regresivas» que «violan el principio de progresividad» y «omiten toda instancia de participación ciudadana en el debate previo».

Al TSJ piden, además, que la nueva ley quede suspendida hasta tanto se resuelva la acción Declarativa de Inconstitucionalidad.

Hoy, 19 de septiembre, ADARSA ONG hizo la presentación de una acción judicial DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD conjuntamente con otras organizaciones sociales, solicitando que el Tribunal Superior de Justicia declare que las modificaciones a la ley provincial de Ambiente, recientemente sancionadas por la Legislatura de Córdoba mediante la ley 10.830, resultan inconstitucionales.

Entre las razones señaladas como fundamento de la demanda se remarca la flexibilización de las condiciones para la instalación de determinados proyectos, suprimiendo la Evaluación de Impacto Ambiental -EIA- (que incluye la presentación de Estudio de Impacto Ambiental y Audiencia Pública). Por esa razón, las nuevas normas son regresivas y violan el principio de progresividad; además, omiten toda instancia de participación ciudadana en el debate previo.

Asimismo, solicitamos el dictado de una medida cautelar consistente en la suspensión de la vigencia y aplicación de la ley 10.830 hasta resolverse, en definitiva, la acción Declarativa de Inconstitucionalidad.