La salud es un derecho y una necesidad básica. Sin embargo, las falencias que presenta el sistema público y privado de atención médica atentan contra el bienestar de la población.

La cobertura de salud en nuestro país está planteada en tres sectores. Uno vinculado a la seguridad social encabezado por las obras sociales sindicales, otro es el de medicina prepaga y el tercero el que involucra a la atención pública. El sistema de salud estatal se compone por los hospitales públicos y los centros de atención primaria de la salud (CAPS en nuestra provincia) a los que tienen acceso todos los habitantes.

Las pautas para estar dentro de alguno de los dos primeros sectores son excluyentes, en cuanto a la obligatoriedad de tener un trabajo formal o “casi” como es el caso de monotributistas.
La precarización laboral o la pérdida del empleo formal es una realidad que se agrava con el paso del tiempo y sin un ajuste acorde en cuestiones sanitarias, por lo que en este punto, se visibiliza aún más la situación de vulnerabilidad económica.

Tan solo un bajo porcentaje de trabajadores informales pueden acceder a un sistema de salud privado o sindical. La pregunta es si el sistema público está preparado para atender la demanda de trabajadores que se quedan sin obra social o que están imposibilitados de abonar el costo de una prepaga.

Durante la pandemia el servicio de salud público se vio exigido en la urgencia y debieron incrementarse los presupuestos para la atención médica de toda la población en una situación extrema.

En el país, hay 3.388.000 hogares en los cuales al menos uno de sus miembros no dispone de cobertura a través de obras sociales o prepagas.

Con la vuelta a una normalidad en convivencia con la pandemia y vacunación mediante, volvieron las limitaciones que padecen las personas que, si bien cuentan con cobertura de una obra social sindical o medicina prepaga, tienen múltiples restricciones para su utilización.

Sin dudas existe una discusión pendiente acerca de esta problemática que afecta definitivamente la vida de las personas. Hay que debatir cuál es el sistema de salud que necesita hoy la Argentina.

Las pujas empresariales junto a los intereses económicos perciben al servicio como un modelo en donde el lucro antecede al juramento hipocrático. Es allí cuando la vida de las personas pasa a tener una identidad numérica.
En el artículo 42 de la Constitución Nacional dispone que los consumidores y usuarios de bienes y servicios, tienen derecho a la protección de su salud, sin embargo hoy hay muchos obstáculos para que ese derecho sea garantizado.

¿Qué reflejan las estadísticas?

Según los últimos registros de Indec de la Encuesta Permanente de Hogares, a nivel nacional considerando el conjunto de la población, el 68,7% de las personas cuenta con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia, mientras que el 31,1% solo posee cobertura médica a través del sistema público, lo que equivale a 9.032.000 personas de un total de 28.998.000. Este porcentaje es del 29,7% en el caso de las mujeres y del 32,7% en el caso de los varones. Por grupo de edad, se observa que el 39% de los niños, niñas y adolescentes (hasta 17 años) se encuentra en esa situación de no tener cobertura, mientras que este porcentaje desciende al 2,7% en el grupo de adultos mayores (65 años y más). El 97,3% de la población de adultos mayores cuenta con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia.

El 36% de los hogares tiene al menos algún miembro cubierto solo por sistema público. Ello significa que hay 3.388.000 hogares en los cuales al menos uno de sus miembros no dispone de cobertura a través de obras sociales o prepagas. A su vez, dentro de este conjunto, hay 1.469.000 hogares en los que todos los miembros tienen cobertura solo del sistema público, lo que equivale a un 15,6% del total de los hogares.

En tanto en la Provincia de Córdoba el 45,7% de los cordobeses no cuenta con una obra social. Rosana Calneggia, vicepresidenta de la Obra Social de Prensa de Córdoba, argumentó que el sistema “es desigual, en primer lugar porque la mitad de los y las trabajadoras no se encuentran registradas, entonces no tienen acceso a las sindicales, salvo a través del monotributo, ni a la prepaga. Todo este sector de la población termina ocupando espacios en lo público que tampoco ha hecho inversiones para afrontar esta demanda”.

Calneggia plantea que hay una discusión pendiente acerca de un seguro universal de salud en Argentina que consistiría en asegurar que todas las personas reciban los servicios de salud adecuada, oportuna y de calidad, así como medicamentos seguros y accesibles.

“Los monotributistas son trabajadores precarizados que tienen una estrategia de supervivencia y que aportan para salud,en la categoría más baja, 1500 pesos. ¿Qué tipo de atención puede recibir con ese monto?”, detalló la vicepresidenta de la Obra Social de Prensa en nuestra provincia.

La disminución del número de usuarios afectará también directamente la rentabilidad del sistema. Un claro ejemplo es la cantidad de pequeñas clínicas y sanatorios que cerraron en los últimos años y la consecuente concentración alrededor de unos pocos empresarios del sector.

Los más afectados

María es una paciente con esclerosis múltiple. Su neuróloga le recetó una medicación para atenuar su patología, sin embargo su obra social demoraba la compra. La paciente tuvo que recurrir a abogados y aplicar un amparo contra la empresa. La medicación en cuestión era muy costosa, por lo que la administración de la obra social se negó a comprarla y ofreció una alternativa que no respondía al pedido médico. Gracias al acompañamiento del Centro de Esclerosis Múltiple y los abogados María pudo obtener su medicación. Pero la lucha le llevó varios meses, tiempo que retrasó su tratamiento. Como el caso de María hay muchos más.

Como en muchos aspectos, sufren los que no tienen recursos, los que están debajo de la línea de pobreza, los precarizados, los que no tienen acceso a mejores condiciones de infraestructura, los que no están en las grandes urbes, los que menos tienen. La baja calidad de los salarios imposibilita sostener una cobertura de salud completa o los elevados costos del sistema sanitario son desproporcionados en relación al índice salarial. “Las obras sociales han decaído porque los aportes de los trabajadores han debilitado el sistema solidario de salud. Los actores para discutir la salud son el Estado, los y las trabajadoras y el sector empresarial de la salud”, dijo Calneggia.

Ciertamente existen criterios de selección al momento de acceder a una cobertura de salud. Es moneda corriente el temor de pacientes con patologías severas a la falta de atención para ciertas derivaciones médicas como la adquisición de medicamentos e iniciación de tratamientos. Existe una dependencia condicionada que mantiene a pacientes al velo de las decisiones burocráticas al no permitirles en muchos casos, por ejemplo, el cambio de empresa. Las personas sin condiciones de salud preexistentes pueden acceder con facilidad al servicio de su preferencia. Es muy probable que si se requiere una atención médica especial, los costos se modifiquen abruptamente y las posibilidades se acoten.

Por grupo de edad, se observa que el 39% de los niños, niñas y adolescentes (hasta 17 años) se encuentra en situación de no tener cobertura.

Para la regulación de obras sociales, existen dos leyes: 23.660 y 23.661. Allí se establece que todo trabajador hasta los 65 años puede elegir cualquier obra social del sistema de salud sin ningún tipo de restricción.

En el caso de las prepagas, filtran el ingreso a pacientes por edades o por patologías. Pocas personas están al tanto de una norma que regula la función de la medicina prepaga. La Ley 26.682 establece un programa Médico obligatorio que determina las prestaciones básicas esenciales que deben garantizar las Obras Sociales y Agentes del Seguro a toda la población beneficiaria. Otro punto que se desprende aquí a tener en cuenta es la falta de regulación y control para que se cumpla con lo pactado por ley.

La discusión necesaria

Se hace necesario un debate que si bien debe ser encabezado por los Estados, debe incluir a todos los actores del sistema, donde se discuta el acceso al derecho a la salud.

Es “la dirigencia política quien tiene la obligación de discutir un sistema integral de salud” como dice Calneggia.
De un lado sostienen que la solución pasa por la mejora de los recursos de los y las trabajadoras mientras que desde otro punto de vista se pide reducir la visión mercantilista de la salud. Lo cierto es que la salud es un derecho básico, pero también un negocio y con una pandemia aún vigente esta discusión no puede quedar pendiente.