El Juzgado Federal de Oberá dictó el auto de procesamiento en la causa donde se investiga el contrabando de soja ilegal a Brasil en la cual se encuentran involucradas al menos 12 personas, entre ellas el jefe de un Escuadrón de Gendarmería Nacional y el titular de un emprendimiento turístico en la localidad de Panambí.

La causa se había iniciado en marzo de 2021 y en noviembre de ese año se produjeron 12 allanamientos simultáneos en distintas localidades de Misiones, entre ellas Oberá, Panambí, El Soberbio, San Javier, Apóstoles, Colonia Aurora y Mojón Grande, y se produjo la detención de 7 de los involucrados, sumándose un octavo detenido este año cuando se puso a disposición de la Justicia un empresario con pedido de captura. Con el dictado del procesamiento se determinó la participación de un nuevo imputado, el cual fue detenido en Oberá el miércoles pasado, elevándose actualmente 9 los detenidos en la presente causa.

En la resolución de más de 160 páginas dictada por el Juzgado Federal de Oberá, a cargo del juez Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, se dispuso el procesamiento con prisión preventiva de M.S., J.C.T., M.A.D, R.F.G, M.R.D.S., R.H., F.E.M., F.S.E. (este último goza de una excarcelación otorgada por la Cámara Federal de Apelaciones), por los delitos de “asociación ilícita en concurso ideal con los delitos de contrabando de exportación agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y la participación de un agente de la fuerza de seguridad”.

En relación a M.S se lo procesó además con el agravante de organizador y por el delito de “cohecho activo en concurso real”. En cuanto a los agentes de la fuerza involucrados además se los responsabilizó por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, y al Jefe del Escuadrón 9 de Gendarmería de Oberá se le agregó el delito de “cohecho pasivo, todos en concurso real”. Asimismo se dispuso un embargo de $3 millones a cada uno de los implicados.

Durante el trámite de la causa a cargo de la Secretaría de Delitos Complejos del Juzgado -que cuenta con más de 9 cuerpos y 80 incidentes y legajos de prueba-, se pudo confirmar la hipótesis de la denuncia inicial efectuada por la PROCELAC conjuntamente con la Fiscalía Federal de Oberá y llevada adelante por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

CÓMO ERA LA OPERACIÓN DEL CONTRABANDO SOJERO

El modus operandi de la organización consistía en la utilización de Cartas de Porte y Formularios CTG (Código de Trazabilidad de Granos) emitidas por personas físicas o jurídicas sin capacidad económica ni de almacenamiento ni de procesamiento, o con destinaciones falsas, a través de las cuáles se hacían figurar las adquisiciones, únicamente para dar la apariencia de legalidad al desplazamiento en ruta de las cargas.

Una vez traspuestos los controles de ingreso a la provincia las cartas de porte eran anuladas o bien eran modificadas o bien los camiones se desviaban a destinos diversos de los declarados. A su vez, los camiones transitaban con mayor peso que el declarado en las Cartas de Porte respectivas, merced a la falta de control del verdadero peso de los vehículos en las balanzas correspondientes.

Una vez ingresadas las cargas a la Provincia de Misiones, con complicidad de los agentes de la fuerza, se liberaban las Rutas Nacional N°14 y Provincial N°2 para que los camiones cargados con soja transiten sin inconvenientes.

Para ello, se mantenía a las Subunidades limitadas, ordenando a las patrullas a que se posicionen en cierto lugar por el que no pudieran tener la posibilidad de detener a los camiones que transportaban la soja con anomalías o bien, cuando se los detenía se ordenaba dejarlos continuar sin darse conocimiento a la AFIP o a Fiscalía o al Juzgado. Cuando las cargas a granel llegaban hasta depósitos en las zonas lindantes a las localidades de El Soberbio y Colonia Aurora, eran fraccionadas en bolsas para su posterior paso ilegal hacia Brasil por puertos no habilitados.

Cabe destacar que el circuito de contrabando de la soja, como el investigado en esta causa, produce un considerable perjuicio fiscal, que fue estimado por la AFIP para el año 2020 de evasión por $139.652.145,35 (en concepto de IVA) y $465.507.151,16 (en concepto de Impuesto a las Ganancias), y respecto del 2021 el perjuicio se estimó en $480.677.034,36 (IVA) y $1.605.256.781,20 (impuestos a las ganancias), a lo cual se suma el no pago de las retenciones a las exportaciones de oleaginosas y la diferencia cambiaria entre el dólar oficial y el blue.

Del caudal probatorio acumulado se concluyó la participación de otra persona J.C.S. (empresario de Eldorado) sobre la cual se dispuso también su detención, la que se llevó a cabo el día miércoles de esta semana por la PSA. El imputado ya fue llevado ante el Juez Federal de Paso de Los Libres (Corrientes) para audiencia indagatoria, ocasión en la que se le hizo conocer los delitos que se le imputan –asociación ilícita, contrabando agravado y falsificación de documentos- y las pruebas que obran en su contra, amparándose en su derecho de abstenerse de declarar.

Por otra parte, en el marco de la causa también se procesó por Tentativa de Contrabando de Exportación y falsificación de documento privado a dos camioneros que durante los allanamientos fueron sorprendidos mientras transportaban la soja de los imputados con destino de pase al vecino país.

En relación al agente de la Policía de la Provincia de Misiones AMF, que cumplía funciones en el puesto de Rentas de El Arco, al no encontrarse pruebas incriminatorias suficientes se dispuso el dictado de falta de mérito, sin perjuicio de continuarse con las investigaciones.

Finalmente, en virtud de la cantidad de bienes, mercadería, vehículos, documentaciones y dinero incautados, se ordenó la apertura de una nueva causa donde se investigará a los involucrados y eventuales cómplices por el delito de Lavado de Activos, así como también se remitieron copias de la causa a la AFIP-DGI a los fines de determinar si se cometió evasión tributaria.

La resolución dictada en esta semana aún no se encuentra firme dado que aún las defensas cuentan con plazo para apelar ante la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas.