Los derechos de exportación están previstos como fuente de ingresos presupuestarios del Estado argentino desde el siglo XIX, y contemplados expresamente en la Constitución Nacional.

En países con importantes recursos naturales como la Argentina, los cuales originan la potencialidad de la producción de mercancías decisivas para proveer de divisas a su economía, los derechos de exportación (llamados vulgarmente retenciones) se convierten en una herramienta múltiple e indispensable para el desarrollo nacional, la sostenibilidad de un programa macroeconómico y la consecución de niveles crecientes de justicia social.

El país acaba de ser sometido por el FMI a una refinanciación cuyos plazos son asincrónicos con las reales posibilidades de cumplimiento en los marcos de un proyecto humanista. El organismo multilateral, así, no sólo violó sus propios dispositivos normativos y avasalló el orden legal argentino, sino que impuso condiciones que traban el cumplimiento de los derechos humanos y los pactos internacionales que rigen para su respeto. Ese FMI creado en el marco de la institucionalidad de la ONU, en la refinanciación que impuso a Argentina desconoció la legalidad en cuya esfera se debería desenvolver.

Argentina ha sido condicionada a la lógica de las experiencias reiteradamente fracasadas de consolidación fiscal que el organismo desplegó en la época posterior a la crisis de 2008/9. Para mitigar los efectos regresivos de una política de ese carácter, los derechos de exportación constituyen una fuente de ingresos de volumen significativo y carácter progresivo. Las circunstancias de la coyuntura internacional hacen que el efecto fiscal de un ascenso de las tasas de retenciones signifiquen un alivio fiscal importantísimo, que permitiría aflojar la presión por la reducción del gasto público y sobre las tarifas de los servicios públicos, que el desarrollo y la justicia distributiva aconsejan no manejar desde una perspectiva de ajuste fiscal como tradicionalmente es “recomendado” por el FMI. Habiendo subido los precios internacionales intensamente en este último tiempo, una tasa más alta sumaría un importante volumen de contribuciones al fisco.

Por otra parte el país está sufriendo una alta tasa de inflación, la que se acelerará dado el “entendimiento” firmado con el Fondo que supone devaluaciones que compensen la inflación, aumentos de tarifas y de las tasas de interés; trípode de políticas que tenderá a acelerar la tasa del crecimiento de los precios.

La elevación de las tasas de derechos de exportación, además de ser una herramienta tributaria, permite desacoplar los precios locales de los internacionales. Esto no es un vaticinio sino una lección de la historia argentina, ya que la herramienta no es novedosa sino que fue aplicada con efectividad en muchos períodos de la vida nacional,.

Resulta entonces un chantaje de la oposición política y de los factores dominantes de la cadena agroindustrial las amenazas desestabilizadoras de gobiernos apenas se insinúa la voluntad de usar la herramienta. Ni los apretones monetarios ni los ajustes fiscales han demostrado potencia como política antiinflacionaria. La diferenciación del precio local del internacional, sí.

El aumento de las retenciones no es una medida que se apropie de los resultados empresariales por esfuerzos de aumento de productividad, sino que la búsqueda es una redistribución de la fabulosa renta agraria cuya lógica apropiatoria está en el régimen de propiedad.

Enrique Aschieri describe impecablemente ese tópico en El Cohete a la Luna. “La renta de la tierra es un precio tan político como los salarios. La diferencia de los mayores precios internacionales respecto de su nivel normal, sin retenciones, la captura la renta de la tierra. Con retenciones, la captura el salario. El Estado, en definitiva, es el que dirime el nivel de cada uno, pero con una más que sensible diferencia. Mientras el capitalismo agrario puede reproducirse sin renta (caso típico actual: el sector de los países desarrollados que es el más productivo de sus pares del planeta sin renta y completamente subsidiado), por el contrario necesita, en el mundo tal cual es, mantener la buena salud de los salarios en tanto que la inversión es una función creciente del consumo. En el caso argentino, más aún todavía, cuando los salarios están muy por debajo de su nivel normal”.

“La clase dirigente argentina, salvo muy honrosas excepciones, se comporta objetivamente laudando siempre contra el salario. De la desagradable e innecesaria pobreza reinante se sale con más salario. Hacer tanto hincapié en el gasto social, lo cual como paliativo es indispensable, da para sospechar si no están llevando demasiado lejos sus fervores reaccionarios. Sus prédicas de cantamañanas ofertistas son necesarias para esquivar la realidad de que la inversión depende del consumo. Ahí está el problema político real de por qué no se elevan las retenciones. No es por cagones, sino por reaccionarios que no han movido un dedo para organizar a la sociedad civil, no contra los intereses del campo, sino a favor de los intereses bien entendidos del conjunto de la sociedad argentina, su desarrollo y su democracia. Los chacareros se siguen haciendo los guapos porque enfrente no tienen a nadie con la suficiente sensatez de ponerlos en caja, de congeniar sus intereses con el de las mayorías. Y eso es muy malo para los unos y para los otros. Fatalmente, entonces, surge la pregunta de cómo puede ser que el 8 ó 9% del producto bruto (la riqueza anual que genera el agro argentino) tenga acuciado al 92% restante, cómo los intereses de 1 ó 2% de la población pueden imponerse perjudicando seriamente el nivel de vida de la mayoría trabajadora”.

La diferencia que separa a un proyecto de crecimiento sin desarrollo equilibrado de otro que rompa con la dependencia y promueva la integración nacional, supone dos políticas opuestas:

• el primero basa su dinámica en las diferencias de productividades naturales y naturalizadas;
• el segundo se sustenta en la promoción del cierre de la brecha de productividades entre sectores y regiones por medio de la política pública. La utilización de las retenciones corresponde a éste último.

Así, la realidad impone un aumento sustantivo de la tasa de derechos de exportación. Tendría que ser la primera medida de un gran plan para reducir la inflación en la Argentina, a la vez que se redistribuye el ingreso y se promueve la Inversión industrial, el empleo y el salario.

A continuación se muestran en los cuadros que siguen los niveles de retenciones en el año 2007 y la actualidad para los principales cereales y oleaginosas exportadas, así como sus precios para ambos períodos.

En el año 2007 el precio más alto de la soja en grano fue en diciembre de ese año y se ubicó en 437 dólares y el nivel de retenciones se había establecido en 35%; comparativamente el precio actual es de 607 dólares y el nivel de retenciones es del 33%. En el caso del trigo para el mismo año, también el máximo nivel se registró en diciembre siendo de 339 dólares la tonelada, el derecho de exportación requerido en ese período fue del 28%, mientras que en la actualidad el precio es de 392 dólares y la tasa de retención es del 12%. Respecto del maíz el máximo del año 2007 fue en octubre con una marca de 168 dólares, aplicándosele una retención del 25%. A la fecha el maíz alcanzó un precio de 290 dólares, imponiéndosele una retención del 12%. La renta diferencial capturada por los sectores propietarios es sustantivamente mayor en la actualidad respecto a aquél momento donde había imperado una tendencia de marcado crecimiento de precios. Esto explica buena parte del deterioro salarial actual, sobre todo respecto de la canasta alimentaria. Además puede observarse un pobre desacople con relación a los precios internacionales, lo que muestra la injustificada reacción de las gremiales empresarias empeñadas en obturar cualquier intento gubernamental por adecuar el nivel de los derechos de exportación a las necesidades de los requerimientos macroeconómicos y la urgencia de promover una mayor justicia social.

El tercer cuadro muestra el marco regulatorio que intentó imponer el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El mismo supone una lógica de desacople permanente de los precios locales con respecto a los internacionales. Organizando el nivel de retenciones de acuerdo al nivel de precios. Esa propuesta tenía el mérito de definir una lógica más justa de redistribución de la renta agraria entre propietarios y asalariados.

Concluimos la evidencia de la necesidad de acudir a un sustantivo aumento de los derechos de exportación en forma urgente, mostrando en el gráfico con que cerramos el artículo, la evolución de los márgenes brutos en la producción granaria comparando las últimas dos campañas.

Lo expuesto pretende mostrar que cualquier política exitosa de combate a la inflación de carácter no regresiva, debe empezar con un sustantivo incremento de las retenciones. No hay otro camino. Si las condiciones de las mayorías parlamentarias se constituyeran en un obstáculo a la política antiinflacionaria necesaria, habrá que removerlo con los instrumentos de la democracia directa y la movilización social.