La motivación económica de los crímenes del Terrorismo de Estado

En la semana del aniversario del 24 de marzo, es bueno recordar los avances en el enjuiciamiento de los delitos de lesa humanidad logrados en las últimas décadas en nuestro país, así como revisar las deudas pendientes. Entre ellas, el aspecto de la responsabilidad de las empresas y sus directivos en los crímenes cometidos durante el Terrorismo de Estado, que fue incorporado en la agenda judicial de manera mucho más reciente. En este marco, la Universidad Nacional de Moreno (UNM) presentó la reedición de un trabajo realizado por la contadora y economista Judith König, rindiéndole homenaje a casi dos meses de su fallecimiento, por su labor de investigación para demostrar las ganancias extraordinarias obtenidas por las empresas mediante el desapoderamiento de sus trabajadores/as, en el marco de la última dictadura cívico-militar y a costa de la tortura y desaparición forzada de personas.

La responsabilidad del poder económico empresarial es un aspecto central del Estado Terrorista de 1976, tanto por la motivación económica que perseguía ese proyecto político como por la que se encontraba detrás de la participación directa de grandes empresas en los delitos de lesa humanidad. Esto último queda comprobado a partir de su apoyo activo, brindando listas de trabajadores y prestando espacios propios como centros de detención clandestina (Victoria Basualdo, 2010).

Con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la UNM presentó la reedición del trabajo elaborado por Judith König: “El aspecto económico más relevante de los delitos de lesa humanidad en Argentina: el despojo sufrido por los asalariados”, rindiéndole homenaje a quien fue la titular de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), del Ministerio Público Fiscal, y a su enorme legado en materia de investigación en los delitos de lesa humanidad durante el Terrorismo de Estado en la Argentina. El invaluable aporte de Judith, su capacidad, compromiso y valentía dejaron marcas profundas en dicha institución. Fue parte del equipo de la fiscalía que intervino en el “Juicio a las Juntas”, participó de causas emblemáticas de criminalidad económica y se constituyó como una referente de la investigación del aspecto económico y financiero del delito.

Según el enfoque investigativo que proponía Judith König en su trabajo, en aquellos casos en los que se investiga la participación de empresas y directivos en delitos de violación de los derechos humanos de los trabajadores, que provocaron la reducción escandalosa de sus salarios, correspondería mensurar el daño económico y eventualmente iniciar acciones judiciales de reparación de ese daño.

El abordaje del despojo sufrido por los asalariados fue impulsado por dos dependencias de la Procuración General de la Nación: la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) –que luego se transformó en la DAFI—, y la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH).

Este enfoque se orienta a expandir el ámbito de circunscripción de la investigación de estos delitos, y no restringir el aspecto económico de la investigación solamente al desapoderamiento de los activos de las víctimas, sino también a indagar acerca de la motivación económica que subyace a estos crímenes y la posible responsabilidad de los directivos de grupos económicos en los delitos de lesa humanidad cometidos contra los/as trabajadores/as. Esto último refiere a la averiguación del mayor beneficio económico obtenido por empresas y empresarios gracias a la reducción de los salarios reales –y también a la reducción del personal— en el contexto de la represión ilegal, el disciplinamiento de la clase trabajadora, el secuestro, la tortura y la desaparición de dirigentes gremiales y trabajadores, así como las prebendas estatales que obtenían las empresas, mediante políticas adoptadas –que podrían considerarse ilegitimas- por parte de las Fuerzas Armadas que usurparon el gobierno a partir de 1976. Como ejemplo de estas últimas, se puede recordar el régimen de seguros de cambio, mediante el cual el BCRA le aseguraba al deudor privado el tipo de cambio vigente al momento de establecer el respectivo contrato y le cobraba una prima de garantía (Eduardo Basualdo, 2013), la cual evolucionó muy por debajo del tipo de cambio, generando un extraordinario subsidio estatal para las empresas endeudadas (deudores privados).

El objetivo principal del Terrorismo de Estado de 1976 fue la reconversión del patrón de acumulación de capital que tenía su eje en la producción industrial a uno basado en la valorización financiera (Eduardo Basualdo, 2013), para insertarse en la nueva fase del sistema capitalista mundial (Eduardo Luis Duhalde, 2013). Para la implantación del nuevo modelo económico, era necesario modificar patrones culturales y sociales, y reorganizar por completo la vida nacional.

En ese sentido, el propósito de reconvertir el modelo económico, a fin de asegurar los proyectos del gran capital, requirió la implementación de la metodología del terror para acallar la resistencia popular y la contestación social. Durante el Estado terrorista argentino, la participación de los asalariados en el ingreso nacional cayó fuertemente, pasando del 45% en 1974, a representar el 30% en 1976 y el 22% en 1982 (Eduardo Basualdo, 2013).

 

Evolución del PBI y de la participación de los asalariados en el PBI.1974-1978 (índices y porcentajes).

 

Fuente: Eduardo Basualdo (2013). Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad, 2da edición, 1ra reimpresión, Buenos Aires. Siglo XXI Editores.

 

 

El trabajo de Judith König, reeditado por la UNM, expone que “el mayor despojo económico ocurrido durante la dictadura militar fue el que experimentaron los trabajadores, a través de un plan sistemático que logró reducir a su mínima expresión la participación del sector asalariado en el total del ingreso nacional (…) con la particularidad que durante este periodo el nivel salarial fue establecido a sangre y fuego, a través de la represión ilegal. En efecto, fueron secuestrados, torturados y desaparecieron numerosos representantes sindicales de trabajadores, en muchos casos con la participación directa de empresarios que suministraron los nombres y la infraestructura para que se elimine toda forma de reclamación colectiva que pudiera atentar contra sus ganancias. En definitiva, la represión ilegal implicó una brutal reducción de la capacidad de resistencia de los trabajadores frente al despojo de su salario y sus derechos laborales y sindicales”.

En su labor en el Ministerio Público Fiscal, Judith König se propuso cuantificar, en cada causa judicial, el daño económico sufrido por los trabajadores y de esta forma visibilizar tanto las ganancias extraordinarias obtenidas por las empresas como la motivación económica subyacente de los crímenes contra la humanidad.

Aquel documento recupera la demostración del aumento de la ganancia de ciertas empresas, la disminución de los salarios de los trabajadores y, en algunos casos, el acceso a determinados beneficios a través de las relaciones empresariales con el Estado, registrados contablemente en los balances de las sociedades, en el período del Terrorismo de Estado. Allí se comprueba, tomando un caso de estudio que ejemplifica muchos otros, que la abrupta caída de los salarios de los trabajadores en dicha etapa, reflejada en los Estados Contables de la sociedad, tuvo como contrapartida un gran incremento del lucro empresarial, conformando ganancias extraordinarias obtenidas por la compañía a partir del trabajo barato basado en la represión ilegal y el terror.