Este jueves fue presentada una ampliación de requerimiento en la causa que investiga los tormentos a soldados que lucharon en la Guerra de Malvinas.
El titular de la Fiscalía Federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, y la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, presentaron una ampliación de requerimiento en la causa que investiga los tormentos a soldados que lucharon en la Guerra de Malvinas, y solicitaron que se incorporen a la investigación casos de abuso y antisemitismo cometidos por los mandos militares durante el conflicto bélico de 1982 con Gran Bretaña.
El requerimiento fue presentado el martes como parte de un escrito que incluyó a los hechos investigados 22 casos de imposición de tormentos -por los que imputó a 18 oficiales y suboficiales del Ejército- y 2 de abuso deshonesto -imputados a otro suboficial- cometidos contra soldados del Regimiento de Infantería Mecanizado (RIMec) N° 3, según consignó el sitio «Fiscales» que depende de la Procuración General de la Nación.
Esta ampliación, que incorpora los delitos sexuales y destaca hechos de antisemisitmo, parte de un nuevo análisis que hizo el Ministerio Público Fiscal (MPF) sobre las pruebas que se incorporaron a partir de la desclasificación de todos los archivos de las Fuerzas Armadas relativos al conflicto por las Islas Malvinas.
Asimismo, los representantes del MPF describieron la actividad de inteligencia sobre los excombatientes y las organizaciones que los nucleaban «desde el mismo momento de la rendición e incluso con posterioridad a la vigencia del Estado constitucional y acción psicológica ejercida por el aparato represivo estatal durante la guerra».
Finalmente describieron en el documento las razones por las que el Estado argentino se encuentra internacionalmente obligado a investigar y juzgar a los responsables de estos crímenes.
La causa, iniciada en 2006, está paralizada desde mayo del año pasado, después de un pronunciamiento dictado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que, ante un recurso de casación interpuesto por una de las defensas, determinó por mayoría que los supuestos ilícitos no eran delitos de lesa humanidad, y por ende estarían prescriptos.
Ese fallo fue recurrido por el MPF y por los querellantes ante la Corte Suprema, por lo que la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto –que había calificado los delitos como de lesa humanidad-, optó por aguardar ese pronunciamiento para continuar con el desarrollo de la investigación.
En la presentación, los funcionarios judiciales indicaron que «durante la guerra las autoridades militares con asiento en las islas ordenaron y ejecutaron contra cientos de soldados conscriptos diversos actos de tortura, entre ellos los ‘estaqueamientos’ y ‘enterramientos’.
También se detalló el caso particular de «una inmersión en aguas heladas y el ensañamiento con soldados con apellidos de origen judío».
«Esos tormentos fueron la respuesta que dieron los superiores ante los reclamos por los padecimientos que generaron, fundamentalmente, la falta de abrigo y comida de la tropa«, se indica en la presentación.
El requerimiento describe «el arraigado sentimiento antisemita dentro de las fuerzas armadas argentinas y señala que ya en el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), presentado en 1984, se destacó que durante el terrorismo de Estado los detenidos en centros clandestinos cuyos apellidos eran de origen judío, estuvieron expuestos a vejámenes mayores que el resto de las víctimas de la represión y la tortura».
«Particularmente en el contexto de Malvinas, se los cuestionaba por no considerarlos argentinos, acusándolos de cobardes o traidores», subrayaron los funcionarios judiciales.
