En el camposanto existieron fosas comunes con restos de desaparecidos. Unas 16 víctimas pudieron ser identificadas. Este martes colocarán un cartel con consignas.

Tras los hallazgos de cuerpos de desaparecidos, a principios de siglo, la señalización: este martes todos los niveles del Estado dejarán una marca de memoria en el Cementerio de San Vicente, un enclave del accionar represivo de la última dictadura cívico-eclesiástica-militar en Córdoba.

El acto en el que se impondrá el cartel con las palabras Memoria, Verdad y Justicia se realizará desde las 11 y contará con la presencia de funcionarios nacionales, provinciales y municipales. Se trata del lugar que albergó fosas comunes, luego de que en 1976 la represión ilegal abarrotase la Morgue Judicial y eligiera al sitio como depósito de los cuerpos de decenas de víctimas de su accionar en, al menos, cuatro oportunidades.

El dato que revela como se conoció la existencia de fosas comunes es referido en el trabajo «Una fosa común en el interior de Argentina: el Cementerio de San Vicente», de los antropólogos Darío Olmo y Mercedes Salado Puerto, del Equipo Argentino de Antropología Forense. Refieren los investigadores que «en 1980 un grupo de empleados de la Morgue Judicial, cansados de reclamar un sobresueldo por tareas insalubres y no ser escuchados por las autoridades locales, enviaron una carta al general Videla, en aquel entonces a cargo de la Presidencia de la Nación y máximo responsable de la política terrorista en la que se encontraba involucrado el estado argentino».

«En esa carta, para apoyar sus reclamos, daban como ejemplo las barbaridades que debieron cometer en 1976, y los episodios en los cuales llevaron decenas y decenas de cadáveres descompuestos a San
Vicente, en horas de la noche. La respuesta oficial fue un sumario administrativo, por haberse dirigido a instancias superiores sin pasar por las intermedias, y la cesantía de los firmantes».

En los primeros 80, en el marco de la Conadep, se realizó una excavación ordenada por el poder judicial, que al decir de Olmo y Salado Puerto «se realizó con palas mecánicas y personal del cementerio, sin tomar los mínimos recaudos para la recuperación de los restos y un tratamiento científico de las evidencias. El saldo de estas excavaciones lo fue la identificación del cráneo de una mujer, y la destrucción de una fosa común conteniendo una cifra incalculable de esqueletos humanos, que poco después fueran derivados al horno crematorio del mismo cementerio, por orden de autoridades municipales democráticamente elegidas».

En los primeros 2000 se reactivaron las investigaciones judiciales y se ordenaron nuevas excavaciones, en las que el EAAF recuperó decenas de restos de desaparecidos, de los cuales hasta la fecha unos 16 pudieron ser identificados.