El Gobierno de Mendoza entregó gratis a un grupo empresario privado 12.351 hectáreas de tierras fiscales con glaciares, humedales altoandinos, nacientes de ríos y arroyos y vertientes termales, que de ahora en más dejan de ser parte del patrimonio público y pasan a ser propiedad privada.

La entrega gratuita de esta importante porción de la cordillera con bienes naturales estratégicos, se formalizó a través del Decreto 2.138/2021, firmado por el Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez y el Ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez el día 23/12/2021 y publicada en el Boletín Oficial del Gobierno de Mendoza el día 07/01/2022. Ver en el Boletín Oficial(acá).

El decreto dice «Asígnese a favor de la firma EL AZUFRE S.A., C.U.I.T. 30-71609616-1. los Sectores 1 y 8 del ’Campo Potreros de Cordillera – Norte’, Nomenclatura Catastral 19-01-88-5100-935642-0000-2, Padrón Rentas 19/11857-9, con una superficie de 5.639 ha 6.452,34 m2, y del Sector 3 del ’Campo Potreros de Cordillera – Norte’, Nomenclatura Catastral19-01-88-5100-949685-0000-7, Padrón Rentas 19/11858-7, con una superficie de 6.712 ha 0.199,92 m2, ubicados en el Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza».

Entre los fundamentos que esgrime el decreto, dice textual: «La firma acredita la realización de importantes inversiones en los terrenos de los que resulta cesionaria, correspondientes al desarrollo futuro de un centro turístico de esquí». Esto quiere decir que los agraciados particulares beneficiarios de la solidaridad del Gobernador de Mendoza ya estarían instalados en la zona y en posesión del territorio.

También se aduce que supuestamente han comprado permisos de ocupación a pobladores, no obstante, ya hay denuncias respecto de que esa zona está comprendida dentro del relevamiento de Pueblos Originarios, realizado en cumplimiento de la Ley Nacional 26160, ya que esa zona es reclamada por el lof Buta Mallín y Pincheira, como zona de veranada para la pastura de su ganado y desde ya como ocupantes acestrales de esas tierras.

También hay denuncias respecto de que a la empresa El Azufre S.A. le ha sido otorgado un derecho de uso de agua del Río Valenzuela (se desconoce el caudal otorgado), por parte del Departamento General de Irrigación, sin ser aún titulares de la tierra, siendo un hecho inédito, ya que, de acuerdo a la Ley de Aguas de Mendoza, este bien natural precisamente es inherente a la tierra.

Se trata de un proyecto denominado “El Azufre”, supuestamente un centro de ski que dicen estar construyendo o emplazando en esa zona de la cordillera, sin haber realizado o presentado ningún Estudio de Impacto Ambiental ni realizado ninguna Audiencia Pública ni hecho público ningún expediente del proyecto, instancias obligatorias según la Ley Nacional 25.675 y la Ley Provincial 5.961. Lo más grave es que el Gobierno de Mendoza hizo entrega de la propiedad de un sector de la cordillera a una empresa de Buenos Aires que está llevando a cabo el emprendimiento, sin haberle exigido previamente estas obligaciones establecidas tanto en la legislación nacional como en la provincial, y encima lo hizo gratis. Además de la entrega, es muy notable el desapego oficial al estado de derecho.

La empresa El Azufre SA ha montado infraestructura de envergadura en diferentes puntos de un territorio prístino, que es naciente de ríos y arroyos y presenta humedales de montaña, ambiente periglaciar y riesgo volcánico. Todas estas obras se han llevado a cabo sin pasar por las instancias obligatorias de Estudio de Impacto Ambiental y Audiencia Pública, por lo tanto son ilegales y se deberian demoler o desmontar. En algunos lugares ya han colocado alambrados y tranqueras con candado. Desde ya, se desconoce qué ocurre allí, respecto de la deposición de residuos, depósitos y manipulación de combustibles y principalmente el tratamiento de los efluentes cloacales y su destino final.

Si bien la responsabilidad de esta entrega del territorio recae ineludiblemente en el Gobierno de Mendoza, no se debe dejar pasar por alto que el Gobierno Nacional está al tanto del proyecto y no ha puesto ninguna objeción al respecto, sobre todo teniendo en cuenta que la titularidad originaria de los campos denominados «Potreros de Cordillera» era del Estado Nacional Argentino y su administración está asignada al Gobierno de Mendoza. Por este motivo es que además tiene poder de veto respecto de las decisiones en este sentido, tanto por ser el titular originario de las tierras que fueron asignadas a la Provincia con cargo, como por tratarse de una zona de frontera. Consecuentemente, el Gobierno Nacional es cómplice de estas maniobras, en clara consonancia con la implementación del modelo extractivista implementado en todo el territorio de la Nación Argentina como política de estado.

Por otra parte, debe recordarse que hace pocos meses, el propio Gobierno de Mendoza rechazó el proyecto para construir el centro de ski Punta Negra, en la cordillera del Departamento Tunuyán (Resolución 141/2011 de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial), luego de un Estudio de Impacto Ambiental desastroso, una Audiencia Pública desfavorable y habiendo iniciado el proyecto de manera ilegal antes de cumplir con estas instancias obligatorias (ni más ni menos tal como está ocurriendo con El Azufre). Este fallido proyecto tiene muchos puntos en común con El Azufre, como por ejemplo que también era de un grupo empresario de Buenos Aires, al cual también el propio Gobierno de Mendoza unos años antes le había entregado la tierra fiscal (en este caso no gratis, pero sí a un módico precio a través de un remate oficial).