Habían contratado a mercenarios estadounidenses en una operación que quedó trunca

La historia de la conspiración, según The Intercept, tuvo su origen en el retorno al poder del Movimiento al Socialismo. El hombre detrás de la conspiración fallida es el hoy prófugo Luis Fernando López, exministro de Defensa.

Golpistas bolivianos frustrados por la demoledora victoria electoral del presidente Luis Arce Catacora planearon una operación encubierta para evitar que accediera al gobierno en octubre del 2020. No consiguieron su objetivo, claro está, pero quedaron al descubierto por una investigación del sitio digital The InterceptEl trabajo se difundió el jueves 17 y ya motivó la respuesta del actual ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne. La conspiración que se describe hasta en los más mínimos detalles es atribuida a Luis Fernando López, exministro de Defensa y de Salud del régimen que lideró Jeannine Añez, hoy detenida. Consistía según audios, correos electrónicos y documentos publicados por el medio en la contratación de un grupo de mercenarios estadounidenses con base en Miami para impedir que el MAS llegara al poder. Las fuentes consultadas por los autores del artículo difieren en el alcance que podría haber tenido la operación desestabilizadora.

El informe de los periodistas Laurence Blair y Ryan Grim repercutió en Bolivia de distintas formas. El gobierno reaccionó en la voz de su ministro de Justicia: “Pensar que nuestras Fuerzas Armadas puedan haber estado involucradas en un segundo golpe de Estado sería grave… Hay que hacer una investigación seria para dar explicaciones al país”, señaló Lima. También aclaró que, aunque las grabaciones sin consentimiento no constituyen prueba judicial en Bolivia, “los indicios que representan nos obligan a investigar”. Medios comerciales como El Deber de Santa Cruz intentaron descalificar la investigación por preconceptos ideológicos. “La información fue divulgada por un medio en línea de orientación izquierdista”, publicó el diario.

La historia de la conspiración según The Intercept tuvo su origen en el retorno al gobierno del Movimiento al Socialismo del expresidente Evo Morales. Con el resultado electoral definido el 18 de octubre de 2020, empezó a tramarse la idea de frenar la llegada de Arce Catacora a la Casa Grande del Pueblo, la sede del Poder Ejecutivo en pleno centro de La Paz. Pero el 8 de noviembre el presidente no les dio el gusto y juró en el cargo.

Blair y Grim escribieron: “Varios de los conspiradores discutieron el envío de cientos de mercenarios extranjeros a Bolivia desde una base militar estadounidense en las afueras de Miami. Estos unirían fuerzas con unidades militares de élite bolivianas, escuadrones de policía renegados y turbas de justicieros en un intento desesperado por evitar que el mayor movimiento político del país regrese al poder”. El plan nunca se ejecutó, pero dejó evidencias de su preparación, según los periodistas. Lo califican también como “un complot golpista aún más flagrante que el de octubre de 2019”.

López y Murillo se fugaron juntos

López se encuentra actualmente asilado en Brasil y el estado boliviano ya pidió su extradición. El actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, declaró en coferencia de prensa el 10 de junio que la habían solicitado “por el caso de la compra de gases lacrimógenos, por sus vínculos con el narcotráfico y una serie de delitos que se cometieron en nuestro país”.

El exfuncionario del régimen golpista es un militar especializado en marketing, aunque no se mostró eficiente para recuperar el poder. Cuando ocupaba las dos carteras en el gobierno de Añez, dijo en un discurso de octubre de 2020 para conmemorar el aniversario del asesinato de Ernesto Che Guevara, que los invasores extranjeros “de cualquier nacionalidad, cubanos, venezolanos o argentinos, encontrarán la muerte en nuestro territorio”. Días después, logró fugarse con el exministro de Gobierno Arturo Murillo a través de la frontera brasileña y gracias a la logística que les brindó la Fuerza Aérea. Este último ya está en libertad después de haber sido detenido el 24 de mayo en Estados Unidos por una causa de corrupción.

En las grabaciones que The Intercept describió como probadas, comparó la voz de López con sus discursos públicos. La más larga de todas, de unos 15 minutos, permite escuchar que su interlocutor lo llama “señor ministro”. La persona con quien habla sería Joe Pereira, “un ex administrador civil del Ejército de los Estados Unidos que tenía su base en Bolivia en ese momento”, dice el medio digital. También, dos de los involucrados en los correos electrónicos señalaron su autenticidad y que “Pereira era el organizador principal”. El militar prófugo nunca respondió a los mensajes de los periodistas para dar su versión de la conspiración que se habría desarrollado entre el día de las elecciones que Arce ganó con el 55 % de los votos y el 5 de noviembre de 2020.

El general Sergio Orellana, brazo ejecutor

“La lucha, el grito de guerra, es que quieren reemplazar a las fuerzas armadas y policías bolivianos por milicias, cubanos y venezolanos. Ese es el punto clave” se escucha en una de las grabaciones a López. Identificado por el medio, en otro tramo del audio se le atribuye decir que “los armamentos y otros equipos militares obviamente son muy importantes para reforzar lo que estamos haciendo”. El conspirador oculto en Brasil involucró en los diálogos con Pereira al jefe de las Fuerzas Armadas en el gobierno golpista, el general Sergio Orellana, hoy asilado en Colombia y con pedido de detención por su responsabilidad en las masacres de Sacaba y Senkata y en el derrocamiento de Morales. Dijo López del alto oficial del ejército que huyó de Bolivia el 16 de noviembre que estaba “trabajando en todo esto”, refiriéndose al complot.

La obsesión del exministro contra el regreso del MAS al gobierno se refleja en otra parte de la grabación que difundieron Blair y Grim del diálogo con Pereira: “Mi trabajo ahora mismo está enfocado en evitar la aniquilación de mi país y la llegada de tropas venezolanas, cubanas y de Irán”. Su interlocutor, que en los audios aparece mediado por un traductor da pormenores de lo que tramaban. “Puedo conseguir hasta 10.000 hombres sin problema. No creo que necesitemos 10.000”, le dice a López. También que los mercenarios figurarían conchabados bajo “contratos fantasma” por empresas bolivianas y que volarían al país desde Estados Unidos “encubiertos como si fueran fotógrafos, pastores, médicos y turistas”.

El exministro de Áñez da precisiones sobre el modo en que transportarían a los infiltrados cuando dice que solo hay tres C-130 en toda Bolivia, y que como ministro de Defensa solo cuenta con uno. Los restantes los tenía la Policía Nacional. Pereira, su socio en la aventura mercenaria, tampoco estaba solo. La pata privada de la operación al estilo Blackwater – aquella empresa de EE.UU que ganó mala fama por matar civiles con sus Rambos en Irak – se completaba con los estadounidenses David Shearman y Joe Milligan, según la investigación. Especialistas en contrainsurgencia, estos personajes quizás pretendían imitar la experiencia de La Higuera que terminó con la ejecución del Che Guevara el 9 de octubre de 1967.

Nunca se sabrá. El plan para impedir que Arce asumiera la presidencia quedó trunco a mitad de camino.

 

 

 

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