El derecho a la posesión ancestral continúa su histórica puja en el territorio rural. En medio de la emergencia sanitaria, la Justicia avanza con órdenes de desalojo e imputaciones a familias campesinas.

“Yo duermo, me levanto pero sigo pensando que nosotras nunca vamos a estar tranquilas, porque con ese poder de presión que tienen nos demostraron que siempre van a jugar así”, dice Susana Campos, desde el departamento Sobremonte, en el norte cordobés, donde junto con su hermana Josefa es poseedora ancestral del Puesto San Francisco. Allí producen vacas en un campo de 1.200 hectáreas y viven de sus cabras en la Costa de la Salinas de Ambargasta. Ambas fueron imputadas por la Justicia de Deán Funes por el delito de “usurpación”.

A Susana le pintaron dos veces los dedos durante la pandemia, el día de la imputación y luego porque la Policía se dio cuenta que hizo mal el procedimiento. El 17 de octubre de 2020, a las 9 de la mañana, le avisaron por teléfono de la acusación, a las 13 llegó la Policía de Pozo Nuevo para notificarla y a las 18 de ese mismo día estaba imputada. Para todo eso, Susana tuvo que recorrer 80 kilómetros sin tener cómo trasladarse de forma rápida. “Pude ir hasta la comisaría pero ¿qué pasaba si no me presentaba? Ese día sentí que me desmoronaba, que me acusaban sin razón”.

“Ni siquiera me dieron tiempo para preguntar qué pasó”, cuenta a La Nueva Mañana sobre la acusación por “usurpación, turbación y daño” impuesta por la fiscalía de Cruz del Eje. La denuncia fue realizada por José Clemente Lascano, un empresario dedicado a la compraventa de campos y a la ganadería. “Irrumpió de manera violenta arrancando alambres de la colindancia con el territorio de la familia Campos, plantó postes y robó la tranquera”, denunció el Movimiento Campesino de Córdoba durante el acompañamiento a las mujeres en el proceso legal.

“En ese momento cuando a mí llega la notificación lo primero que sentí es la impotencia de saber que uno no puede hacer nada con este hombre que tiene plata y nos quiere quitar el campo. En medio de la pandemia quieren quitarnos todo”, dice Susana y agrega: “Nos hizo sentir perdidas y atropelladas por esa forma de actuar”.

“Mi abuela vivió toda su vida en ese campo, después siguió mi padre y luego nosotras. Ahí teníamos cabras, vacas; mi abuela trabajaba con los dulces, luego con mi hermana salimos de ese lugar y actualmente estamos criando cabras”, cuenta la mujer que tiene 46 años y vive con su hermana de 45. Toda la vida vivieron en esa zona, incluso cuando iban al colegio, que ahora ya no funciona porque no hay niños en ese paraje.

Que se aplique la ley

En esa línea, desde Cruz del Eje, el abogado Raúl Almeida del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) indicó a este medio que el reclamo de fondo es que se aplique la ley: “No estamos pidiendo nada más, no estamos pidiendo que se haga una interpretación sui géneris de nada porque la posesión es una institución que tiene más de 100 años en nuestro país”, y agrega que el  derecho que brinda el transcurso del tiempo, ejerciendo posesión por más de 20 años, para el derecho civil, “genera un derecho de dominio”.

“Hay funcionarios que le dan más importancia a los papeles que a la cuestión fáctica que el derecho protege. Entonces no se tiene en cuenta que el mismo derecho exige que se tengan en cuenta”, explica Almeida y agrega: “La desprotección de este sector vulnerable, y no lo digo yo ni el Movimiento Campesino, sino lo dice una ley nacional como lo es la de Agricultura familiar. También lo dice la ONU en una declaración especial para esto. Se debería acrecentar mucho más en esta situación que estamos viviendo como lo es la emergencia sanitaria”.

El abogado cuenta que hay muchas situaciones donde las personas campesinas tienen derechos de sobra y no saben cómo decirlos o no saben a qué abogado acudir, o “también existen fallas de los mismos abogados, eso hay que decirlo y ahí quedan los derechos vulnerados” y el sistema no se preocupa por esa situación.

“Muchas veces se aplica la ley tajante cuando no hay derecho de defensa material cuando se sabe que los abogados no hicieron lo que hay que hacer, cuando la gente no pudo llegar a contestar la demanda a tiempo o no pudo poner las pruebas que saben que tienen y por una cuestión formal, se condena”, dice el letrado y puntualiza que estos intentos de desalojos van de la mano con la situación del medio ambiente: “Si uno se fija dónde está el bosque nativo, lo poco que queda, ese 3% o menos, hay que ver quiénes son los que lo cuidan, son precisamente los campesinos”, dice y cierra: “Acá no se aplica la ley que ya está y siempre se protegen los mismos intereses y en beneficio de los de siempre”.

Acceso a la tierra

El caso de Susana y Josefa es parte de los 12 conflictos por la tierra en los que asiste este último tiempo el Movimiento Campesino de Córdoba, entre ellos, se encuentran también el histórico caso de Ramona Orellano Bustamente, que lleva varias décadas de litigio y durante la pandemia, la campesina de 96 años junto a su hijo Orlando de 65, fue intimada por la jueza Emma Mercado a abandonar las tierras donde vivió toda su vida.

En esa misma pulseada contra el desalojo se encuentran, además, Antonio Pérez y Argelia Espedita Sánchez, que habitan hace 25 años en seis hectáreas y medias en el paraje Juan García en el departamento de Ischilín. Allí, junto a sus tres hijos y su nieto, crían cabras, chanchos y algunos caballos, pero durante la emergencia sanitaria el Tribunal Superior de Justicia convalidó lo que la Cámara de Apelación Civil y Comercial sexta falló en 2018: el desalojo de la familia Pérez.

Por otra parte, en Villa María del Río Seco, ocho familias entre las que hay mujeres víctimas de violencia de género, fueron intimadas hace dos semanas a dejar el predio que ocupan en Villa Alicia desde hace dos años porque no tienen dónde ir.

“Mi hermana vivía en Córdoba con su pareja y sufrió más violencia de género que yo. Ella tuvo hasta el botón antipánico, así que se vino hasta acá con sus hijos porque el marido le pegaba”, contó a este medio Julieta, que tiene tiene 22 años y la orden de desalojo llegó el 31 de mayo porque empezaron a cavar la tierra para construir una piecita.

“Nosotras queremos la tierra porque no podemos vivir así, necesitamos construir. Con el frío es un problema estar en un ranchito, más por los chicos, porque, por ejemplo, mi hijito tiene asma, al igual que yo. No nos pasó nada con el Covid-19 pero tenemos que prevenirnos”, dice la joven y cierra: “Queremos una solución más legal y estable”.

“Del registro que tenemos, hay cinco casos concretos en este momento, con una posibilidad clara de desalojo inminente”, agrega Victoria Gauna, abogada y también integrante del MCC. “Principalmente el problema de la tierra en Córdoba no es un problema nuevo, es histórico y en estas 12 situaciones que tenemos, que no quiere decir que sean solo 12 familias, estamos hablando de una diversidad de casos”, explica.

La letrada cuenta que las situaciones más complejas tienen que ver, por un lado, con la falta de saneamiento a los títulos de los campesinos y campesinas y productores de la agricultura familiar; es decir, la falta de reconocimiento a la posesión como un derecho, que sea reconocible legalmente y, por otro lado, la falta de acceso a la tierra para producir y vivir, como es el caso de la situación en Villa Alicia.

“Hay algo tan sencillo y tiene que ver con una cuestión humanitaria y, a su vez, es inadmisible: el desalojo en pandemia. Después de eso, se puede discutir el fondo. Es básico ese planteo y es tanto para fiscalía General como para el Tribunal de Justicia porque estamos en una situación de extrema gravedad y por lo tanto es inadmisible”, dice Gauna y agrega que está siendo “una constante de la Justicia”, sobre todo en Cruz del Eje y Deán Funes. “Esto implica una falta de política de la tierra. El desalojo de campesinos y campesinas es una política que está estableciendo el poder judicial”, cierra.