Los casos no descienden y el número de muertes continúa en alza. El Gobierno descansa sobre el porcentaje de ocupación de camas, pero en el interior ya diseñan estrategias de traslados.
Más de un año pasó desde la llegada de la pandemia a la Argentina. La segunda ola, con apenas unas semanas de instalada en nuestro país, ya supera ampliamente el porcentaje de contagios y muertes diarias que experimentamos a lo largo de todo el 2020. Sin embargo, las políticas, las actitudes y las decisiones parecen haber perdido todo tipo de lógica. El martes, Córdoba volvió a contar con más de dos mil contagios y el temor a que el piso se haya instalado en esa franja alertó a las autoridades y también a la ciudadanía de a pie. Pero.., pero siempre hay varios peros.
Aunque la apremiante situación económica parece servir como explicación simple a la hora de argumentar y defender las (in) decisiones del Estado provincial (y a esta altura, también el nacional), hay una no menos ajetreada discusión política que se enmarca en un contexto preelectoral en la que todas las partes miden cada movimiento con temible minuciosidad. Eso, digan lo que digan, atenta contra cualquier estrategia sanitaria. Nadie quiere dar un paso en falso, mientras los muertos y los internados se suman de modo angustiante. Si bien la peor cara de esa realidad se ve en la aparente imposibilidad de acuerdos entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, hay posiciones cordobesas que si bien no se pegan a la administración PRO de Horacio Rodríguez Larreta, buscan no acercarse demasiado a la (acertadamente más alarmista) lectura nacional.
Las camas, los intendentes y la falta de oxígeno
La ocupación de las camas de terapia intensiva es el dato que parece tener como guía el Gobierno provincial. Hay allí cierta tranquilidad, todavía. Ese punto es, sin dudas, el más destacado de la gestión provincial de la pandemia desde marzo del año pasado. Hace dos semanas, el gobernador encabezó un acto en que anunció que Córdoba llegaría a mayo con 3.753 camas de cuidados intensivos: 1.957 del sector privado y 1.796 del sistema de salud público.
El médico Oscar Atienza descree de los números que la Provincia muestra para justificar su posición ante la situación sanitaria, pero además asegura que, de ser cierto, “solo sirve para proyectar nueve días”. Al ritmo que vamos, tenés un ingreso de casi 100 pacientes en terapia intensiva por día. Además, no son solo camas, hay que tener médicos, enfermeros, kinesiólogos y eso no está”, dice a La Nueva Mañana. “Por eso hoy están atendiendo gente en los pasillos”, agrega.
Por otro lado, la preocupación principal pasa por la distribución de esas camas. En las últimas dos semanas, los centros de referencia del interior provincial empezaron a advertir sobre la ocupación casi total en ciudades como Villa María, San Francisco o Villa Carlos Paz. Si bien las autoridades de esas localidades advierten sobre “remanentes”, la luz de alerta comienza a titilar. En ese marco, intendentes e intendentas comienzan a concentrar su atención sobre los sistemas de traslados que, en la mayoría de los casos, dependen de sus administraciones. En el pico de contagios del año pasado, hubo lugares en donde tampoco alcanzaron las ambulancias.
Otra de las preocupaciones, por estas horas, gira alrededor de la disponibilidad de oxígeno, algo que no es exclusivo de Córdoba sino que preocupa a las autoridades provinciales a lo largo y lo ancho del país. De hecho, el Gobierno nacional ya comenzó las gestiones para poder garantizar dicho insumo.
Las clases presenciales, la industria y la vacunación
En las reuniones que el Gobierno provincial mantuvo con las autoridades municipales a lo largo de esta semana, se buscó llevar tranquilidad respecto a la “estrategia coordinada”. Eso no quiere decir que en todo el territorio se apliquen las mismas medidas, refiere puntualmente a acordar criterio para aplicar acciones focalizadas en aquellos lugares en los que resulte necesario a partir de los datos epidemiológicos concretos que puedan evidenciarse. De todos modos, la intención es continuar garantizando la actividad económica y la presencialidad en las escuelas.
Según el último parte epidemiológico que se conoció el miércoles, en el 78% se puede identificar el nexo epidemiológico y solo el 13% de los contagios se producen en el ámbito laboral. Esos datos están actualizados el sábado pasado, cuando los casos diarios no habían pegado el último salto que comenzó el martes. Más allá de lo que se pueda corporizar en números y tabulaciones durante la semana epidemiológica que terminará mañana, nada hace prever que esos porcentajes (oficiales) se muevan demasiado.
Entre las alarmas que se encienden en todo el país, hay una luz roja sobre la edad de las personas que necesitan internación. Por un puñado de factores que cruzan transversalmente el fenómeno, el sistema sanitario ve complicarse casos en una población cuyo promedio etario baja unos diez años respecto a quienes se encontraban internados durante el 2020. Como en casi todos los aspectos relacionados con la pandemia, la situación ya había sido anticipada por la experiencia europea y los países que avanzaron más rápido en la vacunación de la población mayor (Chile y Uruguay, puntualmente). Brasil, el ejemplo negativo más latente en el continente en cuanto a estrategias sanitarias, también había transitado la experiencia a partir de la mayor contagiosidad de la variante de Manaos.
“Si 15 días atrás eran tomadas decisiones focalizadas, ibas a poder tener margen para llegar a julio con el comercio abierto, hoy se hace inevitable un cierre total porque no hay tiempo, la pandemia va 20 días adelantada”, asegura Atienza. “El volver a Fase 1 es irreversible por la impericia de quienes están tomando las decisiones”, sentencia.
En la consideración de todos los expertos médicos, la continuidad de circulación es un problema sobre la cual urge tomar ese tipo de decisiones drásticas, alejadas de las conveniencias y las especulaciones políticas. El número de casos que se incrementa a partir de las personas que salen diariamente, ya sea para trabajar, para ir a la escuela o, en el peor de los casos, para asistir a reuniones sociales en las que no se respetan las recomendaciones de los expertos, dan cuenta de esa realidad que se impone por sobre todo lo demás.
El titular del Consejo de Médicos de la Provincia lo resumió en términos didácticos esta semana: “Mientras la gente no cumpla con las medidas dispuestas y no restrinjan las actividades no esenciales, esto va a seguir siendo un caos”. En la contracara, la queja de los intendentes es unívoca: “Es imposible que un intendente pueda controlar todas las reuniones sociales y las fiestas clandestinas. Si decimos que podemos hacerlo, estaríamos engañando a la gente”, se sinceró Marcos Carasso, el intendente de General Cabrera, tras la primera reunión de esta semana. Solapadamente, los jefes comunales vienen pidiendo desde hace tiempo una decisión general que aúne esfuerzos entre la Provincia y los municipios para controlar la situación.
Semanas atrás se conoció un decreto que habilita a quienes hayan sido vacunados o ya hayan transitado la enfermedad a ser convocados por las patronales para desempeñar la actividad de modo presencial. La iniciativa fue cuestionada por un puñado de expertos a lo largo del país pero también habilitó el camino a un reclamo que comenzó a sonar con mayor fuerza: los gremios empezaron a pedir por la vacunación de sus sectores específicos.
Vacunas para los trabajadores
Desde el Gobierno nacional estiman que antes de que termine el primer semestre se podría llegar a vacunar a la gran mayoría de los adultos mayores y haber logrado un significativo avance en los demás grupos en riesgo. La discusión aparece entonces en la inmunización de los sectores considerados “esenciales”.
En Córdoba puntualmente, el gremio docente viene advirtiendo desde hace tiempo un retraso que preocupa al personal por el riesgo que implica estar expuestos diariamente con decenas de niños, niñas y jóvenes que provienen desde los más diversos sectores y se relacionan con cientos de personas. Si bien la cantidad de “burbujas” que debieron ser aisladas no superan el 2% en el total de la provincia, la preocupación por el crecimiento de contagios se mantiene a la orden del día. Hasta mediados de esta semana, apenas si el porcentaje de vacunados alcanzaba el 40%, mientras que en provincias similares, como Santa Fe, la cantidad de trabajadores inmunizados ya alcanzó al 90%.
A comienzos de la semana que termina, una conciliación obligatoria frenó un paro de transporte con el que la UTA intentaba presionar a las empresas en el marco de una negociación paritaria pero también pedía que los trabajadores del rubro reciban la vacuna cuanto antes. En paralelo, el histórico dirigente Armando Cavalieri exigía lo mismo para los trabajadores y trabajadoras de comercio. Desde el comienzo del plan de vacunación, trabajadores estatales, trabajadores de la economía popular, periodistas, taxistas y gremios industriales solicitan algo similar. Hasta los dueños de los gimnasios pidieron que su actividad sea declarada esencial. Al mismo tiempo, todavía hay quienes denuncian que hay trabajadores de la salud que no recibieron su dosis.
