Un estudio científico encontró glifosato y daño genético en niños de Dique Chico

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En la localidad del departamento Santa María, que registra fumigaciones desde hace años, realizaron un relevamiento sanitario. Los vecinos alertaron sobre la gravedad de la situación.

Un equipo científico encabezado por la doctora Delia Aiassa relevó el estado de salud de niños y niñas de 5 a 13 años residentes en Dique Chico, y encontró presencia de glifosato y daño genético. Los resultados del estudio fueron difundidos por la «Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico», que detalló en qué consistió el relevamiento que refleja el estado de salud de la población.

Se trató de “estudios de Genotoxicidad -micronúcleos- y análisis de muestras en orina, con el fin de detectar daño genético y presencia de uno de los componentes más frecuentemente utilizados en la producción agroindustrial en nuestro país: Glifosato y su metabolito -AMPA-”, precisaron.

El colectivo vecinal fue concluyente, al señalar que “las 20 muestras recolectadas el día 07/02/2020 -en  momentos de alta frecuencia de exposición a agentes genotóxicos- evidencian un daño genético con un valor promedio de 4.55 MN cada 1000 células analizadas (N=20), con un rango de 2-8 MN por cada 1000 células, niveles que triplican en la mayor parte de los casos aquellos considerados de referencia o basales en la bibliografía científica, tanto nacional como internacional”.

En ese marco, los vecinos vincularon el daño genético con «la exposición a agentes genotóxicos ambientales (agrotóxicos) y sus efectos concretos» en quienes habitan el pueblo. Y acusaron complicidad judicial con las aplicaciones.

Dique Chico, una comuna cercana a Anisacate y en la que se pulveriza desde hace añares, registró en los últimos años un crecimiento poblacional significativo. En ese marco, los habitantes de la localidad comenzaron a reclamar por el cese de las fumigaciones, y el jefe comunal Nilo Pérez escribió una resolución que limita las aplicaciones. Pero la norma fue impugnada judicialmente, a la fecha está suspendida, y las aplicaciones siguen, al punto que varios vecinos decidieron abandonar sus casas, y otros están pensando en hacerlo.

Los resultados del relevamiento sanitario abonan ese grave estado de situación, toda vez que acusan “la detección, con indicadores realmente alarmantes, de Glifosato y AMPA en orina en 33% de las muestras requeridas para la primera fase del estudio durante 2020”.

Este estudio es continuidad del realizado por vecinos en 2018, donde fueron relevados seis estudiantes de la cercana escuela Bernardo de Monteagudo.

Con estos nuevos resultados en mano, la Asamblea emitió un comunicado en el que señalan que “el agronegocio y el Poder Judicial deben explicar entonces: ¿Qué hace un agrotóxico -categorizado por la IARC-OMS como probable cancerígeno- en el cuerpo de nuestros niños? ¿Cómo explicar que hace más de 4 años la Justicia de Córdoba tuvo entre sus manos la posibilidad de proteger sus derechos y los nuestros; y para no alterar el status quo del poder, mantuvo el secreto a voces suspendiendo la única herramienta de protección que velaba por nuestra vida y nuestra integridad como seres humanos? ¿Cómo vamos a explicar al mundo entero lo que significa para nosotras y nosotros perder vecinxs, amigxs y saber que quienes pudieron hacer algo no hicieron NADA para cambiar este orden de cosas que nos cuesta la vida y la salud cada día?”.

Los vecinos cuestionaron además, la suspensión de la resolución comunal que establece un área de resguardo ambiental de mil metros, apuntaron contra la Cámara 2° en lo contencioso-administrativo y el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y señalan que “a la fecha nada cambió, nuestros derechos no han sido protegidos y seguimos siendo fumigados alrededor de nuestras casas en la misma forma de siempre”.

“Llevamos más de 5 años de lucha sostenida, intentando romper con la estigmatización y la desinformación. Hoy podemos decir que, al menos -y aún ante los oídos sordos de la justicia, del Ministerio de Agricultura, de los poderes de turno- nuestro pueblo es consciente de lo que implica la convivencia forzada con un modelo de explotación y producción que nos despoja de lo más valioso: la posibilidad de vivir en un ambiente sano, de construir proyectos de vida sin temer perderla por los beneficios que puedan percibir unos pocos”, aseguraron.

A su vez, los vecinos organizados exigieron al Poder Judicial “la inmediata protección de todos los habitantes del pueblo con la puesta en vigencia de la Resolución 242/2017 de la Comuna de Dique Chico”.

Finalmente, denunciaron al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba y a sus agentes fiscalizadores por «la complicidad y protección de los intereses del agronegocio en el pueblo». Que se hace «en detrimento de la salud de toda la población, incluidos aquellos más vulnerables: nuestros hijos”, indicaron.