Análisis del dictamen de la Comisión Bicameral de Inteligencia sobre el espionaje macrista

El pasado 20 de abril, en el Salón Delia Parodi del Honorable Congreso de la Nación Argentina, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, prevista en la ley 25.520, presentó las conclusiones de la investigación referida al espionaje ilegal a lo largo de los años del gobierno de la Alianza Cambiemos. Esas conclusiones estudian una fibra sensible de las operatorias mafiosas desplegadas en la Argentina durante el gobierno presidido por Mauricio Macri. El documento tiene un título de alto voltaje: El Estado mafioso, que sintetiza su tesis principal. Se trata de un dictamen corto y contundente firmado por lxs diputadxs Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Blanca Osuna, Eduardo Valdés y por los senadores Oscar Parrilli, Sergio Leavy, Gerardo Montenegro y Claudio Doñate. Aquí es posible acceder al dictamen y al propio informe elaborado por la Comisión. Y aquí es posible ver la presentación pública, con una exposición nítida y sumamente didáctica del diputado Moreau acerca del accionar conjunto de servicios de inteligencia (i)legales, medios hegemónicos y Poder Judicial.

Citaré algunos párrafos relevantes y con cursivas llamaré la atención sobre ciertas palabras que merecerán ser comentadas: “Durante el gobierno que abarcó el período 2015-2019 se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa. Fue diseñado con premeditación y alevosía y, en concurso con los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial, avasallaron a cientos de ciudadanos. No quedó nada afuera: hubo aproximadamente 171 organizaciones políticas, sociales y gremiales espiadas ilegalmente; al menos 354 víctimas directas confirmadas; 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales solamente en los primeros 12 meses del gobierno de Mauricio Macri. El objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas (…). Los nombres de las operaciones aquí detalladas contra opositores políticos, sindicales y empresarios no alineados con el gobierno de Macri, muestran la amplitud del espectro alcanzado por el ataque: Operación Instituto Patria; ARA San Juan; Servicio Penitenciario; Pablo Barreiro; Fariña-Etchegaray; Juez Carzoglio; Brusa Dovat-PDVSA; atentado contra José Luis Vila; Pedro Etchebest; dirigentes políticos del norte argentino; Gas Natural Licuado-GNL (…) incluyendo la que sufrió la ex Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. (…) El método que se usó, conocido universalmente como lawfare o guerra jurídica, consiste en el ataque contra opositores (…) a través de la manipulación del Poder Judicial (…) en perfecta sincronización con los medios de comunicación hegemónicos. Las acciones concretas con que se materializó, fueron: seguimientos y espionaje ilegal a ciudadanos, grabación de comunicaciones telefónicas, recolección de movimientos migratorios, utilización de testigos ‘arrepentidos’ falsamente y bajo presión, entre otras. (…) Se trataba de armar denuncias, difundirlas en los medios de comunicación y repetirlas hasta el hartazgo, creando así un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás garantías constitucionales. Se trataba de lograr una sentencia anticipada construida mediática y judicialmente, sin que existiera correlación alguna con la verdad de los hechos. (…) Este espionaje ilegal se produjo a través de células armadas específicamente para ese objetivo. (…) Se creó una estructura estatal paralela y clandestina; una verdadera organización mafiosa”.

Estos fragmentos confirman muchas de las tesis que venimos elaborando en El Cohete a la Luna desde 2018, que retomé en Mafia Capital: Cambiemos, las lógicas ocultas del poder (2019) y que serán ampliadas en un libro de próxima publicación de Ediciones Luxemburg: Mafia Argentina, radiografía política del poder.

El texto de la Comisión Bicameral, al hablar con mucha precisión de la estructura mafiosa en cuestión, se refiere a los servicios de inteligencia con el adjetivo ilegal. Esta palabra obviamente quiere decir no-legal: contrario a la ley, al ordenamiento jurídico y –por extensión– al propio Estado. Es una categoría que debería ser mejorada para adquirir un grado cognitivo y de conciencia más elevado respecto de la razón mafiosa. De hecho, no estamos frente a un espionaje ilegal sino a un espionaje ilegal-de-Estado. Hablar de ilegalidad o de espionaje ilegal nos hace incurrir en un error conceptual que opaca la comprensión real del fenómeno mafioso. Los servicios de inteligencia macrista operaron desde/en el Estado (y no de forma paralela sino adentro), que representa el grado más elevado de legalidad pues concierne a la ley, tiene su fuente en la ley. Esos servicios fueron reclutados por la Agencia Federal de Inteligencia (por Silvia Majdalani y Gustavo Arribas, funcionarixs estatales) y se incorporaron al organismo en 2016. Usaron los recursos del Estado para llevar a cabo sus operaciones, recibieron un salario estatal por su trabajo y Macri emitió un decreto (gestualidad propia de la ley) para proveer a esa estructura de recursos.

Dice el dictamen: “Con el decreto 656  del 6 de mayo de 2016, el ex Presidente Mauricio Macri anuló el decreto 1311 firmado en julio de 2015 por Cristina Fernández de Kirchner, que reglamentaba la Ley de Inteligencia que había sancionado el Congreso de la Nación meses antes. Esa decisión dispuso que los recursos destinados presupuestariamente a la AFI volvieran a ser gastos reservados sin control alguno. En 2016 el presupuesto para la AFI fue de 1.450 millones de pesos, unos 100 millones de dólares al tipo de cambio de entonces”. Formas legales, evidentemente, para habilitar esos servicios reclutados para llevar a cabo prácticas ilegales. Prácticas que responden a la lógica de la inteligencia interior con fines privados, en beneficio de una facción política. Este tipo de procedimientos, más que inteligencia ilegal, muestran más bien formas integradas de legalidad e ilegalidad: de una ilegalidad-de-Estado o del principio de la (i)legalidad. Esos servicios fueron proveedores de insumos para el armado de causas penales. En vínculo con representantes del Poder Judicial y de los medios hegemónicos, configuraron un dispositivo criminal de espionaje cuyo objetivo era la persecución y la proscripción política de una otredad construida socialmente como “peligrosa”. Configuraron un organismo mafioso.

Mafia es la permanente manifestación de un principio estructurante: el de ilegalidad ubicada dentro de los tejidos de la legalidad. Lo legal tendemos a pensarlo como lo visible, lo permitido, lo público; lo ilegal, al revés, tendemos a pensarlo como lo invisible, una especie de acto de piratería, lo conspirativo y lo peligroso. Pues bien, el mecanismo mafioso por excelencia pone en estado dialéctico esos presuntos opuestos. Cuando se manifiesta ese principio –de la (i)legalidad–, detrás está siempre una organización mafiosa. Por eso decía que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia ha estudiado una fibra sensible de las operatorias mafiosas desplegadas en la Argentina cambiemita.

La tesis del dictamen es muy ambiciosa –está contenida en su título: El Estado Mafioso– y está bien que lo sea, porque la razón mafiosa irrigó todas las fibras íntimas del Estado a lo largo de 2015-2019. Por eso mismo hay que investigar completamente la irradiación de ese poder, que además sigue vigente. Juntos por el Cambio no ha declinado su proyecto de poder, esto es: el sistema de influencias, acciones y medios mediante los cuales articula su persistencia y su proyección histórica como bloque de clases dominantes. El proyecto político mafioso de Cambiemos no ha sido derrotado: gobiernan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene representación en el Congreso de la Nación y en los gobiernos regionales, terminaciones nerviosas en el Poder Judicial, en el poderoso aparato de los medios y una internacional de derecha suspendida sobre el mundo. Cambiemos tiene aún un proyecto de poder, una voluntad de dominio y unas estructuras reticulares de poder político y económico, a partir de las cuales busca reorganizar una base social de apoyo, la defensa de sus estructuras de propiedad económica y la colaboración de todos los medios posibles (legales e ilegales, internos y externos) para retomar lo antes posible la lucha por el poder del Estado. Macri lo dijo de modo enfático con el título de su libro: Primer tiempo.

Señalo estas cuestiones porque, en función de la tesis ambiciosa del dictamen de la Comisión Bicameral de Fiscalización, es necesario –imperioso– investigar la completitud del Estado mafioso. La razón mafiosa desplegada por el macrismo inerva una madeja muy compleja. Cuando hablamos de mafia nombramos tres dimensiones que se intersectan:

1. Organización de la estructura represiva (incluido el accionar de la Justicia por medio del lawfare, que consiste en el ataque a opositores políticos –y, en la Argentina, específicamente a sus familiares también– a través de la manipulación del Poder Judicial como máscara de legalidad) +
2. Organización de la teoría de la información y la comunicación (telecomunicaciones, medios, servicios de inteligencia)[i] +
3. Instauración de la economía criminal. (Legal e ilegal. En esta dimensión se ubica la depredación económica implementada por Cambiemos a través del préstamo ante el Fondo Monetario Internacional por 57.000 millones de dólares.)

La conclusión a la cual llega el dictamen de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia consiste en recomendar la “creación de una Comisión Bicameral que de modo específico examine los vínculos y conductas que un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte desviaron de las normas constitucionales afectando el Estado de Derecho en sus aspectos más esenciales como lo son la vida pública y privada de los ciudadanos, el principio de inocencia, el debido proceso y la defensa en juicio”.

Se trata de una iniciativa noble y que debe ser llevada a cabo. Pero si en la Argentina queremos investigar las estructuras reticulares del poder político mafioso, atendiendo a la propia tesis de El Estado Mafioso, es preciso fundar una Comisión Parlamentaria Antimafia que investigue las tres dimensiones mencionadas arriba. Ahora es cuando.

Sonría, lo estamos filmando

Por El Cohete a la Luna

El informe de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de inteligencia, del que informan en esta edición Rocco Carbone y Amanda Alma,  motivó un furibundo comunicado de la Asociación de Propietarios de Medios Gráficos, ADEPA,  según la cual se trataría de “Otro capítulo para hostigar y disuadir el ejercicio del periodismo de investigación”. El gremio patronal  califica el “supuesto lawfare” de “inventada y forzada etiqueta”. Entre los materiales divulgados por la Comisión hay un video con el seguimiento que agentes de la AFI conducida por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani condujo sobre el periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, quien estaba investigado las cinco transferencias enviadas a cuenta de Odebrecht por un cambista brasileño condenado en el proceso Lava Jato a una cuenta del propio Arribas. La tarea fue ordenada por Alan Ruiz, jefe de operaciones de la AFI y encomendada a los agentes Facundo Melo, Emiliano Matta y Jorge «El turco» Saez. ¿Creerá ADEPA que ese seguimiento sobre el periodista, identificado como Anaconda, forma parte de la legítima defensa de Arribas?

También hubo un dictamen de minoría, firmado por Cristian Ritondo, Sebastián García de Luca, José Cano y Pamela Berasay, quienes no contravierten los graves cargos formulados por la mayoría. Sólo sostienen que la comisión se extralimitó, asumió funciones judiciales y violó secretos.