El procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, será el representante del Estado en la querella penal iniciada contra el ex presidente Mauricio Macri por supuesta administración fraudulenta y defraudación con el préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional (FMI).
La decisión fue tomada a través del Decreto 239/2021, en la que el presidente Alberto Fernández instruyó a la Procuración del Tesoro a que «se constituya en parte querellante” en la causa 3561/2019 «Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública».
El decreto ordenó al organismo que «coadyuve en la promoción de la acción penal” contra el titular del gobierno de Juntos por el Cambio, a fin de “determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública” y que “podrían haber damnificado al Estado nacional».
De la misma manera, instruyó a que se disponga a «iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados” y que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5 de la Capital Federal.
El decreto también dispuso que la Sindicatura General de la Nación deberá determinar «la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada» por el FMI. Para esta labor pidió la «colaboración» del Banco Central.
El monto total del préstamo del Fondo a la Argentina fue el más grande otorgado alguna vez por ese organismo multilateral: 57 mil millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 45 mil millones que, según los indicios, fueron parte de la fuga de capitales habilitada por la política económica del gobierno anterior.
Durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el pasado 1º de marzo, el Presidente había anunciado la decisión de que el Gobierno se presentara ante la Justicia para denunciar el préstamo y la «fuga» del dinero.
«He instruido que se haga una querella criminal para saber quiénes fueron responsables de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda», dijo aquel día y agregó: «Sabemos que ese crédito fue otorgado para favorecer la campaña presidencial de Mauricio Macri. Eso fue una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado».
Las instrucciones del decreto que puso la querella en manos de la Procuración General del Tesoro, encabezada por Zannini, llevan las firmas de Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y de los ministros de Justicia, Martín Soria; y de Economía, Martín Guzmán
