El 25 de marzo de 1977 y un día después de enviar por correo su «Carta abierta de un escritor a la Junta Militar», el escritor y periodista Rodolfo Walsh fue secuestrado en las inmediaciones de las avenidas San Juan y Entre Ríos, en la ciudad de Buenos Aires. El defensor incansable de la democracia y la justicia integra desde entonces la lista de desaparecidos.

La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre,
el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son
algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de
haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi treinta años.
El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno
en documentos y discursos ociales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los
que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades.
El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo
desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba
señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva lo
que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad
de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y
agravaron.
Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos
recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el ochenta por
ciento de los argentinos y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del
pueblo, único signicado posible de ese «ser nacional» que ustedes invocan tan a menudo.
Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías
derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la Nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo
los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror
más profundo que ha conocido la sociedad argentina.

Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror.
Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país
virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista,
observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio.
Más de siete mil recursos de hábeas corpus han sido contestados negativamente este último
año. En otros miles de casos de desaparición el recurso ni siquiera se ha presentado porque
se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los cincuenta o sesenta que lo hacían fueron a su turno secuestrados.
De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en diez días según manda una ley que
fue respetada aun en las cumbres represivas de anteriores dictaduras.
La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos,
retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras
de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los
antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana y el «submarino», el
soplete de las actualizaciones contemporáneas.
Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el n de exterminar a la guerilla justica
todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica
en la medida que el n original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta
quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han
perdido

La negativa de esa Junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura
de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y en horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga.
Extremistas que panetean el campo, pintan acequias o se amontonan de a diez en vehículos que se incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído
sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla mientras en lo interno
se subraya el carácter de represalias desatadas en los mismos lugares y en fecha inmediata
a las acciones guerrilleras.
Setenta fusilados tras la bomba en Seguridad Federal, 55 en respuesta a la voladura del
Departamento de Policía de La Plata, 30 por el atentado en el Ministerio de Defensa, 40 en
la Masacre del Año Nuevo que siguió a la muerte del coronel Castellanos, 19 tras la explosión que destruyó la comisaría de Ciudadela forman parte de 1.200 ejecuciones en 300
supuestos combates donde el oponente no tuvo heridos y las fuerzas a su mando no
tuvieron muertos.
Depositarios de una culpa colectiva abolida en las normas civilizadas de justicia, incapaces
de inuir en la política que dicta los hechos por los cuales son represaliados, muchos de
esos rehenes son delegados sindicales, intelectuales, familiares de guerrilleros, opositores
no armados, simples sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas
según la doctrina extranjera de «cuenta-cadáveres» que usaron los SS en los países ocupados y los invasores en Vietnam.
El remate de guerrilleros heridos o capturados en combates reales es asimismo una evidencia que surge de los comunicados militares que en un año atribuyeron a la guerrilla 600
muertos y sólo 10 o 15 heridos, proporción desconocida en los más encarnizados conictos. Esta impresión es conrmada por un muestreo periodístico de circulación clandestina
que revela que entre el 18 de diciembre de 1976 y el 3 de febrero de 1977, en 40 acciones
reales, las fuerzas legales tuvieron 23 muertos y 40 heridos, y la guerrilla 63 muertos.
Más de cien procesados han sido igualmente abatidos en tentativas de fuga cuyo relato
ocial tampoco está destinado a que alguien lo crea sino a prevenir a la guerrilla y a los
partidos de que aun los presos reconocidos son la reserva estratégica de las represalias de
que disponen los Comandantes de Cuerpo según la marcha de los combates, la conveniencia didáctica o el humor del momento.
Así ha ganado sus laureles el general Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de
Ejército, antes del 24 de marzo con el asesinato de Marcos Osatinsky, detenido en Córdoba,
después con la muerte de Hugo Vaca Narvaja y otros cincuenta prisioneros en variadas
aplicaciones de la ley de fuga ejecutadas sin piedad y narradas sin pudor.
El asesinato de Dardo Cabo, detenido en abril de 1975, fusilado el 6 de enero de 1977 con
otros siete prisioneros en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército que manda el general
Suárez Masson, revela que estos episodios no son desbordes de algunos centuriones
alucinados sino la política misma que ustedes planican en sus estados mayores, discuten
en sus reuniones de gabinete, imponen como comandantes en jefe de las 3 Armas y aprueban como miembros de la Junta de Gobierno.

Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto después que
ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han
trascendido, sin embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el
espanto provocado entre sus propias fuerzas.
Veinticinco cuerpos mutilados aoraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas
uruguayas, pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la
Escuela de Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata por buques de esa
fuerza, incluyendo el chico de 15 años, Floreal Avellaneda, atado de pies y manos, «con
lastimaduras en la región anal y fracturas visibles» según su autopsia.
Un verdadero cementerio lacustre descubrió en agosto de 1976 un vecino que buceaba en
el Lago San Roque de Córdoba, acudió a la comisaría donde no le recibieron la denuncia y
escribió a los diarios que no la publicaron.
Treinta y cuatro cadáveres en Buenos Aires entre el 3 y el 9 de abril de 1976, ocho en San
Telmo el 4 de julio, diez en el Río Luján el 9 de octubre, sirven de marco a las masacres del
20 de agosto que apilaron 30 muertos a 15 kilómetros de Campo de Mayo y 17 en Lomas de
Zamora.
En esos enunciados se agota la cción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3
A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares,
de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea, sin que se enteren el general Videla, el almirante Massera o
el brigadier Agosti. Las 3 A son hoy las 3 Armas, y la Junta que ustedes presiden no es el el
de la balanza entre «violencias de distintos signos» ni el árbitro justo entre «dos terrorismos»,
sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y sólo puede balbucear el discurso
de la muerte.
La misma continuidad histórica liga el asesinato del general Carlos Prats, durante el anterior
gobierno, con el secuestro y muerte del general Juan José Torres, Zelmar Michelini, Héctor
Gutiérrez Ruíz y decenas de asilados en quienes se ha querido asesinar la posibilidad de
procesos democráticos en Chile, Bolivia y Uruguay.
La segura participación en esos crímenes del Departamento de Asuntos Extranjeros de la
Policía Federal, conducido por ociales becados de la CIA a través de la AID, como los
comisarios Juan Gattei y Antonio Gettor, sometidos ellos mismos a la autoridad de Mr.
Gardener Hathaway, Station Chief de la CIA en Argentina, es semillero de futuras revelaciones como las que hoy sacuden a la comunidad internacional que no han de agotarse siquiera cuando se esclarezcan el papel de esa agencia y de altos jefes del Ejército, encabezados
por el general Menéndez, en la creación de la Logia Libertadores de América, que reemplazó a las 3 A hasta que su papel global fue asumido por esa Junta en nombre de las 3 Armas.
Este cuadro de exterminio no excluye siquiera el arreglo personal de cuentas como el
asesinato del capitán Horacio Gándara, quien desde hace una década investigaba los
negociados de altos jefes de la Marina, o del periodista de Prensa Libre Horacio Novillo
apuñalado y calcinado, después que ese diario denunció las conexiones del ministro
Martínez de Hoz con monopolios internacionales.
A la luz de estos episodios cobra su signicado nal la denición de la guerra pronunciada
por uno de sus jefes: «La lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales, se
realiza más allá del bien y del mal».