En Comodoro Py intervinieron seis jueces designados por Macri. Uno de los firmantes del fallo pudo ser camarista gracias a Juan Bautista Mahiques quien lo hizo subir 14 puestos en el concurso. Una jueza está ligada a la AFI M. Otro es íntimo amigo de Garavano. El rol clave de un fiscal del mundo Boca y del infaltable Stornelli.

La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de sacar la megacausa de espionaje ilegal macrista de los tribunales de Lomas de Zamora y llevarla a Comodoro Py es el final de una película que incluye a muchos actores judiciales, casi todos vinculados de una u otra manera a Cambiemos. Es que en cada una de las instancias de los tribunales de Retiro que intervinieron en este caso aparecen (y fueron clave) jueces designados por Mauricio Macri y fiscales del mundo Boca.

En total, hubo seis jueces designados por el expresidente que tuvieron alguna participación en el abordaje de la cuestión de competencia de la causa de espionaje ilegal: María Eugenia Capuchetti; Mariano Llorens; Leopoldo Bruglia; Javier Carbajo; Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. La primera del grupo está vinculada a la AFI de Arribas y Majdalani y se la relaciona a Angelici. El último, según sus propias palabras, es íntimo amigo del exministro de Justicia macrista, Germán Garavano. Carbajo, uno de los firmantes del fallo del traspaso, pudo ser camarista gracias al entonces consejero Juan Bautista Mahiques (era representante del Ejecutivo), quien lo hizo subir 14 puestos en la orden de mérito del concurso, en diciembre de 2017. El otro de los firmantes de la resolución de Casación, Mariano Borinsky, según publicó Clarín en 2017 «suele jugar al tenis con Macri».

Además jugó un rol clave en esta historia el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, un hombre del mundo Boca al igual que el fiscal Stornelli. El fiscal procesado intervino al inicio de todo este proceso y volverá a hacerlo ahora. 

Cómo se armó el blindaje

El viernes, tras conocerse la decisión de la sala IV de la máxima instancia penal del país, el diputado Leopoldo Moreau, presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, tuiteó: “Una tropelía más de los encubridores del macrismo traspasando la excelente investigación del espionaje ilegal a Comodoro Py. Otra vez ‘el Poder Invisible’. Bueno en este caso no tan invisible. Tiene la cara del Fiscal Pleé que trabajó para salvar a Macri y sus cómplices”.

Pleé fue uno de los protagonistas de este caso al firmar un dictamen en el que sentó las bases para que los camaristas de la Casación Penal Bornsky y Carbajo puedan sustentar su decisión de traspasar la pesquisa de Lomas de Zamora a Comodoro Py.

Pleé es un histórico de Comodoro Py. Es fiscal general ante la Casación Penal, cercano a Stornelli y miembro del mundo Boca. Por ejemplo, en 2007 integró junto a otros funcionarios judiciales como el propio Stornelli una Comisión Asesora en seguridad deportiva creada en el club por Macri. En los tribunales de Retiro lo señalan como el artífice de la estrategia para defender internamente al fiscal procesado en el D’Alessiogate.

En su dictamen, Pleé sostuvo que debía intervenir la justicia porteña y estructuró su posición en que el espionaje político que se investiga partió del gobierno nacional y sus apéndices como la AFI y el Servicio Penitenciario Federal y que todos tienen su sede central en la Capital Federal. Por eso el caso debe pasar a los tribunales de Retiro. Centralmente, sostuvo que “toda vez que las estructuras orgánicas utilizadas por la asociación para la concreción de sus planes delictuales se encontraban emplazadas en la Ciudad de Buenos Aires, entiendo que deben ser sus tribunales los llamados a conocer en esta investigación, máxime si se atiende a la hipótesis de su constitución ‘…desde el propio aparato del Estado Central’. Un argumento controvertido porque los delitos se cometieron en diversas jurisdicciones.

Quienes estamparon su firma para que la causa de espionaje pase de Lomas de Zamora a Retiro fueron los camaristas Carbajo y Borinsky. Ambos hicieron propios los argumentos del fiscal general: “Compartimos los fundamentos expresados por el Ministerio Público Fiscal”, indicaron. También compartieron “la solución a la que arribó”, esto es, que el caso pase a Comodoro Py.

Carbajo fue designado por Macri. Para ascender a camarista (era secretario en Casación) contó con el impulso del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante la era Macri: Juan Bautista Mahiques, imputado en la causa de la Mesa Judicial Pro. Carbajo estaba en el puesto 26 de la orden de mérito en el concurso (había caído cinco lugares tras rendir el examen escrito) pero en diciembre de 2017 Mahiques lo hizo ascender 14 puestos y lo ubicó en el puesto 12. Fue después de escuchar su entrevista grabada. Por «la solidez en las respuestas brindadas y el amplio conocimiento en la jurisdicción por la vacante que concursa, aconsejo su reposicionamiento al doce lugar (dixit) en el orden de mérito», firmó Mahiques. Como se concursaban cuatro cargos en la Casación Penal había cuatro ternas, es decir, 12 lugares. Así, Carbajo ingresó último en la terna -pero entró- y pasó a tener la posibilidad de ser nombrado en la máxima instancia penal del país. El 27 de diciembre de 2018, Macri firmó el decreto con su designación.

Borinsky es otro histórico de la Casación Penal. Según publicó Ricardo Roa en Clarín el 25 de noviembre de 2017, Borinsky “suele jugar al tenis con Macri” (en la misma nota se dice que Angelici es el “padrino oficial” de Pleé). Recientemente, se hizo pública una visita de Borinsky al despacho privado de Macri en la Casa Rosada cuando este era presidente, lo que fue señalado por el diputado del Frente de Todos, Martín Soria.

 

La tercera integrante de la sala IV, Ángela Ledesma, votó en disidencia y expuso a sus dos colegas y derribó el planteo de Pleé: “De la lectura de los casos traídos a conocimiento surgen una serie de circunstancias que no se encuentran controvertidas: a) los hechos habrían ocurrido en diversas jurisdicciones –muchas de las cuales aún quedan por determinar-; b) varios de esos hechos –especialmente algunos de magnitud- se habrían cometido en Lomas de Zamora; c) la figura legal aplicable sería el delito de asociación ilícita d) el tribunal que previno es el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro. 2 de Lomas de Zamora y e) el caso se encuentra avanzado en dicha jurisdicción en lo que refiere a la recolección de pruebas”. Por todo esto, consideró que la causa debía seguir en Lomas de Zamora.

Y advirtió: “El desplazamiento propuesto en favor de la justicia federal de esta ciudad podría generar un dispendio irremediable en la prosecución del casola afectación de los derechos de las partes -especialmente de los imputados a obtener un pronunciamiento judicial dentro de un plazo razonable- y la afectación de la estabilidad de jurisdicción de un caso de gran relevancia social e institucional”.

El rol de otros dos jueces Pro

Para que todo eso suceda fue clave una maniobra que se dio en la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, donde otros dos jueces designados por Macri, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, decidieron ceder el caso a la sala IV cuando su sala había sido la primera en intervenir en la causa. De hecho, la tercera integrante de la sala I, Ana Figueroa, sostenía que el caso debía tratarse en su sala. Pero el 30 de diciembre pasado, Barroetaveña y Petrone conformaron mayoría, no le avisaron a Figueroa y decidieron remitir la causa a la sala de Borinsky y Carbajo. De esa forma, le impidieron expresarse a Figueroa aunque sea en minoría y además incumplieron con la obligación de entender en la causa cuando su sala fue en la que por primera vez se radicó el caso. “Nunca en Casación pasó algo así. Estos son los jueces Pro dispuestos a cualquier cosa”, señalaron desde el mundo judicial a este medio. Es que tanto Barroetaveña como Petrone fueron designados por Macri. Es más, tal como publicó este medio, el segundo se excusó de intervenir en el caso D’Alessio por su “íntima amistad con Garavano”. 

Para tener una dimensión de la avanzada macrista en tribunales: La nómina de jueces nombrados por Macri en Casación se completa con Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques (exfuncionario de Vidal y padre de Juan Bautista). Mahiques fue puesto a dedo por Macri. Lo trasladó de forma irregular en el 2017. Un año después, el Senado le dio acuerdo para legitimar (un poco) su traslado.

En total, el entonces Presidente nombró 5 jueces sobre 13 en la Casación Penal (salvo Mahiques, todos en 2018). Muchos de los magistrados que ya estaban en el tribunal fallaban de acuerdo a los intereses de Cambiemos. Por ejemplo, este jueves el camarista Gustavo Hornos fue denunciado por tres diputados del Frente de Todos en la causa de la Mesa Judicial Pro por sus reiteradas visitas al despacho privado de Macri, tras las cuales -resaltaron los denunciantes- emitía fallos en contra de dirigentes kirchneristas. En la mentada nota de Roa en Clarín se afirmó que Hornos «suele hablar con Macri».

 

La Cámara porteña

Para llegar a la Casación, que es la máxima instancia penal del país, el caso de espionaje antes pasó por la Cámara Federal porteña. Allí, por ejemplo, intervinieron Leopoldo Bruglia, uno de los jueces que fue puesto a dedo por Macri en ese tribunal revisor; y Mariano Llorens, el único juez de esa instancia que ingresó durante el macrismo por concurso. Ambos fueron designados por Macri. Los dos fallaron en sintonía con los intereses de Cambiemos y votaron para que la causa de espionaje M pase de Lomas de Zamora a los tribunales de Retiro. Lo hicieron en distintos expedientes de la misma megacausa: Llorens en el del espionaje a CFK y el Instituto Patria –cuando subrogó la vocalía 3 de la sala I- y Bruglia en el del capítulo penitenciario, es decir, en el espionaje en las cárceles.

Mientras tanto, lejos de Comodoro Py, en la Cámara Federal de La Plata, los camaristas platenses consideraban que el caso debía seguir investigándose en Lomas de Zamora, tal como sostenían el juez Augé y los fiscales de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. Por eso terminó interviniendo la Casación que, por cierto, tiene sede en el primer piso de Comodoro Py. La Cámara Federal porteña está en el segundo piso de ese edificio.

Al igual que en Casación, Macri avanzó sobre la estratégica Cámara Federal porteña. Cuando asumió la Presidencia el líder del Pro había cuatro camaristas (y dos cargos vacantes) en ese tribunal. Tres de ellos fueron corridos: Eduardo Freiler (destituido), Eduardo Farah (trasladado) y Jorge Ballestero (jubilado). E ingresaron Llorens (por concurso), Bruglia y Pablo Bertuzzi, los últimos dos a dedo, es decir, sin concursar para el cargo.

El gobierno de Alberto Fernández está empezando a cambiar la fisonomía de esa cámara. Ya volvió Farah. Y se espera la llegada de Roberto Boico. A la vez, está abierto un concurso en el Consejo de la Magistratura para ocupar de forma efectiva los cargos de Bruglia y Bertuzzi.

Stornelli y Capuchetti: los vínculos AFI

El planteo para que los expedientes sean sacados de la justicia de Lomas de Zamora lo había iniciado en Comodoro Py -entre otros- el exjefe de la AFI macrista, Gustavo Arribas. El caso quedó radicado en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, la única magistrada de primera instancia de los tribunales de Retiro designada por Macri. El fiscal fue el procesado Carlos Stornelli.

El exseñor 8 recibió en julio del 2020 un revés por parte de Capuchetti –aunque un dictamen favorable de Stornelli- y apeló. También hubo presentaciones de otros acusados, como la del secretario privado de Macri, Darío Nieto. En las instancias superiores ambos lograron su cometido. Este viernes, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en un fallo dividido, decidió sacarle la megacausa del espionaje ilegal macrista a Augé. Por ende, en principio, se sustanciará en donde se inició el conflicto de competencia. Es decir, el caso completo pasa –al menos por ahora- a la dupla Capuchetti -Stornelli. Ambos mantienen relaciones cruzadas con la exSIDE, que es uno de los organismos investigados en la megacausa de espionaje.

Stornelli está procesado en el marco del D’Alessiogate por sus vínculos con una banda paraestatal dedicada a realizar actividades ilegales de inteligencia. Se trata de la banda del espía Marcelo D’Alessio que tenía vínculo con la AFI macrista. A la par, su hijo Julián Stornelli, revistó en la agencia durante el gobierno de Cambiemos.

Por su parte, Capuchetti tiene una hermana que revistó en la exSIDE bajo las órdenes de uno de los procesados en la causa de Lomas de Zamora: Martín Coste. Estuvo en la Dirección de Contrainteligencia. Había ingresado en 2002 y dejó el organismo en octubre del 2020. A su vez, como publicó Ari Lijalad en este portal, la jueza designada por Macri en el juzgado federal N° 5 registra seis ingresos a la Casa de Espías durante la gestión de Arribas y Majdalani, antes de ser designada en Comodoro Py.

¿Qué falta para que la causa efectivamente pase a los tribunales de Retiro? Que el juez de primera instancia interviniente (por ahora es Capuchetti) le pida el expediente a su par de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé.