El gobierno de Carlos Menem encuentra un país con una hiperinflación inédita y una crisis social que incluyó saqueos a supermercados en barrios pobres.

El gobierno de Carlos Menem encuentra un país con una hiperinflación inédita y una crisis social que incluyó saqueos a supermercados en barrios pobres. El 14 de mayo gana las elecciones y al tomar el poder, tres meses antes de lo previsto, inicia una política económica que se alejó de las promesas de campaña de «Revolución Productiva» y «Salariazo». Menem aplicó un plan de reformas estructurales inédito por su magnitud y alcance, sobre la base del recetario del Consenso de Washington.  En ese contexto, iniciará un proceso de apertura económica, reducción del gasto público, privatizaciones, endeudamiento y todo bajo el paraguas de la convertibilidad del «uno a uno».

De la mano de su ex ministro de Economía Domingo Cavallo, Menem puso en marcha del Plan de Convertibilidad: El plan, que comenzó a regir a partir del 1 de abril, establecía una relación cambiaria fija entre la moneda nacional y la estadounidense, a razón de un dólar por cada 10.000 australes, que luego serían reemplazados por una nueva moneda; el peso convertible, de valor fijo también en un dólar. Dicha ley tenía como objetivo principal establecer un ancla cambiaria a la hiperinflación.

Comienza en 1990 un plan de privatización y concesión que incluirá a prácticamente la totalidad de las empresas que desde la época de Perón eran propiedad del Estado en tanto símbolos de lo que el líder denominará la defensa de la soberanía política y la independencia económica. Los casos más emblemáticos fueron Aerolíneas Argentinas y ENTEL

La apertura comercial y financiera promovió un ingreso masivo de inversiones extranjeras y un proceso de importación de productos tecnológicos que, junto al incremento de las tasas de interés, terminó generando un proceso de creciente desindustrialización. Al mismo tiempo, las políticas de flexibilización laboral, realizadas con el pretexto de reducir costos y aumentar la productividad, terminaron pauperizando a vastos contingentes sociales.

Finalmente, el proceso de privatización de las empresas públicas terminará promoviendo un crecimiento descomunal de los índices de desocupación, subocupación y pobreza», señala un estudio de Hernán Fair, investigador del Conicet. Al tiempo que los trabajadores reducían fuertemente su poder social y sus conquistas obtenidas durante el período peronista, los grandes empresarios lograban incrementar fuertemente sus tasas de ganancias a partir de reducir fuertemente sus costos laborales.

Las políticas de flexibilización perjudicaron vía reducción de salarios e indemnizaciones a los trabajadores, beneficiando directamente a los grandes empresarios. Estas medidas eran acompañadas de políticas como la reducción de los aportes patronales y el establecimiento de aumentos salariales de acuerdo al incremento de la productividad.

El resultado fueron miles de trabajadores que se quedaron sin empleo por el descomunal proceso de privatizaciones. Las firmas nacionales e internacionales participarían de impresionantes negocios que, a partir de limitaciones o eliminaciones a la regulación, subsidios, reducciones y exenciones impositivas y reiterados incrementos tarifarios, les permitirán formar monopolios u oligopolios en la mayoría de las empresas privatizadas, explicaba el economía Daniel Azpiazu.

En ese contexto, los grandes empresarios lograrán consolidar un proceso de concentración y centralización del capital en pocas manos, formando una “comunidad de negocios”.