El Banco Central intimó a empresas exportadoras por inconsistencias entre ventas e ingreso de divisas. También se analizan medidas para desacoplar los precios internos de los vaivenes externos.

Cerrada una primera etapa de la estrategia financiera para reducir la brecha cambiaria, la lupa se enfocará ahora en la administración de los canales de ingreso genuino de divisas. El Banco Central aprovechó el respiro conseguido en el mercado de cambios y en los últimos días inició la recomposición de los sistemas de información del comercio exterior, los cuales habían sido desmantelados durante el macrismo. La desregulación de los controles durante el gobierno de Cambiemos favorece maniobras de elusión e impide una estimación concreta del volumen real del intercambio comercial y de generación de dólares.

Para el organismo que conduce Miguel Pesce implicó este año equilibrar casi a ciegas una pulseada feroz con grandes empresas vinculadas al sector externo que buscan forzar una devaluación. Según pudo saber El Destape, el Central intimó a empresas exportadoras (no solamente vinculadas al agro) para que presenten documentación que salven las diferencias en la información que encontraron los equipos técnicos del BCRA.

El 2 de diciembre pasado, el Ministerio de Agricultura incorporó como requisito para que las empresas exportadoras puedan inscribirse en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) haber cumplido el ingreso y liquidación de divisas en el mercado de cambios en tiempo y forma. En simultáneo, algo que no fue anunciado de igual modo en el Boletín Oficial por razones obvias, el BCRA comenzó a reestructurar la información y a recuperar los «agujeros negros» que dejó la administración de Luis Etchevehere en la ex cartera de Agroindustria.

Ese mismo 2 de diciembre, el BCRA, producto de un primer cruce de datos, suspendió a la firma agroexportadora Díaz y Forti, que no había aportado documentación. «No cumplió ningún plazo de nada, no informó y se la detectó haciendo operaciones financieras», reconoció una fuente oficial en diálogo con este medio. Más allá de este caso puntual, en el Central sostienen que el desmantelamiento de los sistemas de información no sólo es un problema del complejo aceitero y cerealero y que su impacto también trasciende el plano cambiario.

«La anterior administración desarmó todos los regímenes informativos. Ahora se están reconstruyendo. Para dar una idea, si una empresa ingresaba dólares de prefinanciación de exportaciones no estaba en el régimen de información de liquidación de exportaciones. Entonces parecía que no liquidaban cuando esos dólares ya estaban«, explicaron a El Destape desde los equipos técnicos de la autoridad monetaria.

Las empresas fueron aportando la documentación y las diferencias son «marginales». «Se van ajustando. Puede incluir por ejemplo empresas que exportaron y no cobraron por diversos motivos, como la quiebra de la empresa que le compró o el rechazo de la mercadería o diferencias contractuales, que se tienen que ir resolviendo«, agregó la fuente.

«La anterior administración desarmó todos los regímenes informativos»

«En general, se trata de empresas que tienen en el año varias auditorías, internas y externas, que cotizan en algún mercado y, por lo tanto tiene un alto grado de cumplimiento de las obligaciones. No obstante, se les requiere toda la información y si al final del proceso de control surgen diferencias se accionará«, agregó. Entre las sanciones, la primera será eliminarlos del RUCA. 

El complejo agroexportador es altamente concentrado. Apenas ocho compañías (Vicentin, AGD, Oleaginosa Moreno, Bunge, Cargill, Molino Agro, Dreyfus y COFCO) concentraron más del 80 por ciento de las ventas de oleaginosas y cereales. Las cerealeras manejan la liquidación formal de divisas, aplican todo tipo de mecanismos de elusión fiscal y controlan lo que ocurre en los puertos.

Un mayor control del comercio exterior permite sortear la restricción externa de dólares y desacoplar los precios internos.  Entre las empresas intimadas por el Central se encuentran AGD, Molinos SA, Bunge y Oleaginosa Moreno por la demora en la liquidación.

Otro instrumento de desmantelamiento, según relató una fuente del Ministerio de Economía vinculada el sector agropecuaria, fue la eliminación del «fideicomiso del aceite» apenas asumió Cambiemos. El fondo fue creado en 2008 por iniciativa del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno e implicaba un cupo mensual de aceite en función de las exportaciones. De las exportaciones concretadas y permitidas a través de los ROE (permisos), las aceiteras debían destinar un 1,2 por ciento a este fideicomiso.

Este mecanismo determinó que el 1,2 por ciento de todas las ventas al exterior de poroto de soja y de pellets y harina de soja y de girasol pasaron a formar el «fideicomiso aceitero». El monto recaudado se utilizó durante este año para subsidiar el precio en el mercado interno. Esto permitía asegurar un precio desacoplado para la botella de aceite comestible de un litro.

El lobby aceitero presionó varios años hasta que con el macrismo lo eliminó en 2016. «El fondo de aceites me parece ultra relevante porque es el aceite que se usa para comer todos los días«, remarcaron a este medio desde Hacienda.