Esta semana ingresó en la Procuración del Tesoro, a cargo de Zanini, un planteo para revocar el acto de escritura por irregular. La larga historia de la protección de una venta escandalosa.

Sobre el escritorio del procurador del Tesoro, Carlos Zanini, hay una carpeta que le presentó el historiador Alejandro Olmos Gaona. “Vengo a solicitar que la Procuración adopte las medidas legales respecto a la compra fraudulenta de dos estancias  en zonas de frontera de la provincia de Río Negro, por parte de la Sociedad Hidden Lake, controlada por capitales británicos, y que desde 1996 usurpa una propiedad pública como es el Lago Escondido”.

El dueño de esos terrenos es Joe Lewis, un británico de larga amistad con el expresidente Mauricio Macri.

Durante el gobierno de Macri, un antecesor de Zanini, el procurador del Tesoro Carlos Balbín, intentó impulsar la invalidación de la venta de esas extensiones que encierran a uno de los lagos más bellos de la Patagonia. Balbín terminó eyectado del cargo y regresó a su cargo de camarista en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Capital Federal. No fue solo por el Lago Escondido; también por su postura sobre la situación del Correo Argentino, que no sintonizaba con los intereses de la familia Macri.

Balbín fue reemplazado por otro amigo del expresidente, Bernardo Saravia Frías, quien –según Olmos Gaona– “paralizó cualquier decisión en ese sentido”.

Toda la historia es escandalosa.

El 19 junio de 1996, HR Properties Buenos Aires SA, constituida dos años antes, pidió autorización para comprar tierras a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad. Rápidamente, el 22 de agosto, obtuvo la autorización para adquirir incluso más terreno del que había pedido: 8063 hectáreas.

Pero para el 22 de agosto, Properties Buenos Aires SA se había convertido en Hidden Lake SA, a su vez controlada por una sociedad británica denominada Lago Corp. ¿Sus dueños? Alfredo Rovira  y Charles Barrington Lewis, este último hijo del magnate inglés.

“Se autorizó a una sociedad y se inscribió a nombre de otra”, advirtió Olmos Gaona.

Esas tierras no podían ser vendidas a extranjeros.  “Ninguno de los integrantes de la sociedad extranjera estaba casado con mujeres argentinas, ni tenían hijos argentinos, ni tampoco se establecían con una empresa o industria de importancia para la economía del país. Era solamente una sociedad británica que compraba tierras en zonas vedadas a los nativos de esa nacionalidad, como a otros de nacionalidad extranjera”.

Pese a ello, Lewis siguió comprando tierras: 2760 hectáreas más en la misma zona de seguridad de fronteras.

El 2 de noviembre de 2012 la venta se judicializó. El Ministerio Público Fiscal denunció que “la maniobra no podría haber sido realizada sino a través de un plan concertado entre los controlantes de la sociedad beneficiada y los funcionarios públicos, a través de una operación engañosa”.

El juez Rodolfo Canicoba Corral tardó tres años en llamar a indagatoria a los imputados. La causa prescribió en 2015, pero la Cámara de Casación revirtió el fallo. Desde entonces, solo ha pasado el tiempo. El expediente acumula polvo en la Corte Suprema de Justicia.

El 7 de octubre de 2016, el procurador Balbín le envió todos los antecedentes al entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para que “se iniciaran las causas judiciales para declarar nula la autorización a la compra de tierras por parte de los accionistas británicos”. Balbín cesó en su cargo y la nulidad de la venta nunca avanzó.

Entonces terció el procurador del Investigaciones Administrativas, Santiago Eyherabide, hoy uno de los fiscales a cargo de la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. En 2011, también la Defensoría del Pueblo de la Nación hizo referencias a la situación en Lago Escondido. ¿Qué ocurrió? “Desconozco cuál fue la respuesta, pero la realidad es que nada se hizo”, sintetizó Olmos Gaona.

“Puede explicarse que el anterior procurador Saravia Frías, siendo amigo del expresidente Mauricio Macri, no haya impulsado trámite alguno debido a que el imputado principal –Lewis– es amigo del expresidente, quien en el ejercicio de la primera magistratura cuestionó las imputaciones efectuadas por la Justicia”, sostiene el documento que esta semana le llegó a Zanini.

Olmos Gaona le pidió a la Procuración del Tesoro que impulse la anulación de la venta. “La declaración judicial de la nulidad permitiría la revocación del acto escriturario, o en su defecto la pretensión de la Administración de obligar a Hidden Lake SA a vender la propiedad, debido a que no puede seguir teniendo la misma en razón de la nacionalidad que tienen sus accionistas”.

Olmos Gaona además le informó a Zanini que junto con el fallecido exsenador y embajador ante la Unesco Fernando “Pino” Solanas denunció a Frigerio por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa “fue archivada, seguramente sin tramitación en los archivos de Comodoro Py”. «