Vialidad Nacional (VN) y la Unidad de Información Financiera (UIF) serán parte de la causa más grave que acecha al ex presidente Mauricio Macri y en la que se investiga el negociado de los peajes. El juez federal Julián Ercolini aceptó a ambos organismos como querellantes, de manera que están ahora en condiciones de pedir medidas y sostener los puntos centrales de la acusación: que el gobierno de Macri le otorgó una indemnización injustificada a los concesionarios de autopistas por 499 millones de dólares, aumentó las tarifas de forma descomunal y terminó dándoles una renovación de los contratos, sin concurso alguno, por otros diez años.

El punto central es que el Grupo Macri era socio de los concesionarios y terminó vendiendo sus acciones en 75,50 pesos cada una, cuando valían apenas 3,50 pesos antes de la asunción del ex presidente. Para colmo, en las operaciones intervinieron empresas con domicilios en paraísos fiscales, lo que hace pensar en lavado de dinero. Por eso se presentó la UIF.

El expediente quedó en situación crítica después que dos de los camaristas alineados con Cambiemos, Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, desprocesaron a Macri, al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, al ex titular de Vialidad Javier Iguacel, al ex ministro de Economía Nicolás Dujovne y al ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías. El argumento fue que los abogados defensores no tuvieron tiempo de ver todas las pruebas antes de la indagatoria. El juez que tuvo el caso y que procesó a todos fue Rodolfo Canicoba Corral, quien sostuvo que por la pandemia tardó la digitalización, pero que antes de la indagatoria tuvieron toda la prueba a la vista. Los abogados sostuvieron que no se les dio el tiempo suficiente para ver la totalidad. Como se sabe, Canicoba se jubiló y lo reemplaza Ercolini.

«Estamos colaborando con la Justicia –le dijo a PáginaI12 el ministro Gabriel Katopodis, que impulsó la presentación de Vialidad–. Pero ahora vamos a impulsar como querellantes esta causa para que se investigue hasta las últimas consecuencias la comisión de posibles delitos. Desde el gobierno nacional mantenemos la misma posición desde que asumimos en diciembre: defender con todas las herramientas a nuestro alcance el patrimonio de todos los argentinos.»

Tras el fallo de Irúrzun y Bruglia se habló del final del expediente, pero en verdad sólo se anularon los procesamientos. La prueba sigue siendo válida y lo mismo ocurre con las indagatorias. La lógica indica que Ercolini debe volver a indagar a Macri y los ex funcionarios, pero ahora la causa tiene un adicional de máxima importancia: la aceptación de Vialidad y la UIF como querellantes. Eso permitirá que en la acusación no esté solo el fiscal, que es Carlos Stornelli, sino también los abogados que representan a esos dos organismos del Estado.