Esta semana llegó al Congreso un proyecto de ley para que el Gobierno nacional ponga un piso de distancia a las fumigaciones, pero la discusión central sigue sin atenderse.

Para hablar por los pueblos fumigados hay que ir y chocarse con esa realidad, que pegue en el pecho, ir y plantarse al frente de una fumigadora, sentir el olor de lo que es el glifosato”, dice el abogado ambientalista Darío Ávila cuando habla de cómo se abordan algunas discusiones y planteos en el ámbito legislativo sobre lo que pasa en las zonas fumigadas.

Esta semana, llegó al Congreso un proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos agroquímicos. La iniciativa presentada por el legislador nacional Leonardo Grosso, presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, establece la prohibición de la aplicación, manipulación y almacenamiento de agroquímicos en áreas urbanas, así como la aplicación aérea y contempla la prohibición de la aplicación terrestre, manual o mecánica a menos de 1.500 metros de zonas urbanas, viviendas permanentes, escuelas rurales, asentamientos humanos, entre otros.

Según el proyecto, que retoma la propuesta de Pino Solanas realizada en 2019, la prohibición aérea comenzará a regir “a partir de los dos años de sancionada la ley”, contempla que “hasta tanto se cumpla dicho plazo, se prohíbe la aplicación aérea de agroquímicos a menos de 5.000 metros del perímetro de zonas urbanas”, entre otras cuestiones.

Visto así el proyecto es alentador, no sólo vuelve a poner en la agenda del Congreso el tema ambiental sino que en términos concretos, de aprobarse, traerá un poco de aire a las bastas zonas afectadas por los agroquímicos. Sin embargo, habrá que seguir de cerca cómo se aborda el debate porque la cuestión de fondo, sigue sin discutirse.

“El problema no es un tema de distancia de 1.000 o 1.500 metros para habilitar fumigaciones sino que es algo más complejo y de fondo. El problema es el modelo agropecuario que tenemos, eso es lo que hay que discutir”, retoma Ávila y agrega que el proyecto puede poner un freno a la agresión ambiental, que claramente beneficiaría a los vecinos afectados, pero a la vez, si se esquiva la centralidad del asunto, la contaminación seguirá llegando a través de los alimentos, y sin dudas, no es una manera de “zanjar el problema”.

Ávila trabajó en varios procesos ambientales de Córdoba, acompañó la lucha de las madres de barrio Ituzaingó,  la causa por el derrame de Taym, los reclamos contra la instalación de la planta Cormecor, asesora a los vecinos de Dique Chico, es miembro de la Red de Abogados de América Para la Defensa de Soberanía Alimentaria y también colaboró en la redacción de la ley provincial de Política Ambiental. Con ese recorrido, para el abogado, está claro que para abordar una discusión a nivel legislativo ya no estamos en la etapa de implementar el “principio precautorio” sobre lo que sucede con los agroquímicos en el país.

¿Por qué es tarde ya para abordar la problemática desde lo preventivo?

– El principio precautorio se aplica en las etapas iniciales de un conflicto o una discusión cuando no se puede vislumbrar qué efectos producirá algo a largo plazo porque no hay suficiente evidencia científica. Por  ejemplo, hoy no podemos establecer a ciencia cierta, cuáles son los efectos, -la exposición a determinado riesgo-, que podemos sufrir a largo plazo con respecto a ciertas tecnologías modernas que se están empezando a usar. En ese caso puede funcionar el principio precautorio pero para abordar en el país el tema de los agroquímicos, ya no podemos basarnos en esto, porque a esta altura hay mucha evidencia científica que da certezas de que la exposición a los agroquímicos genera patologías. Incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que el glifosato es probable cancerígeno. ¿Vamos a seguir discutiendo hoy respecto a eso?, no deberíamos porque ya no hay dudas, hay certezas. Llegamos tarde con el principio precautorio, por eso corresponde hablar del principio de prevención.

¿Cuál es el valor de lo preventivo?

– El principio de prevención dice que las causas y fuentes generadoras del impacto ambiental deben ser atendidas de manera prioritaria. Entonces en materia de agrotóxicos, la causa y fuente generadora del conflicto son estos mismos productos, por lo tanto, hoy debería ser prioritario y preventivo, el no uso de los mismos. Hablamos de una actividad que contamina el ambiente y esa contaminación repercute en la salud de la gente.

Lo que menciona Ávila no es menor a la hora de focalizar la discusión parlamentaria sobre qué hacer con los agroquímicos, puesto que hablar de limitar su implementación se aborda solo una parte del conflicto. La exposición de las poblaciones al uso de agrotóxicos está muy bien instalada en la sociedad que se opone, sin dudarlo, a que fumiguen sobre sus cabezas. En Córdoba, años atrás era impensado movilizar a más de 20.000 personas por el centro de la ciudad, para defender el bosque nativo, pero ahora, producto de las luchas, la judicialización de los daños y sobre todo el impacto innegable que los agroquímicos están dejando, es menester debates y leyes acorde a los tiempos. Y mientras no se discuta el trasfondo, como destaca el letrado: “Estamos discutiendo una problemática en función de la distancia pero no en función del modelo”. Un modelo agropecuario tan redituable en el país, un tótem de ganancia económica, que ningún gobierno,  pese al estrago ambiental que muestran las provincias, avanzó para derribarlo.

Después del juicio de Ituzaingó donde se dijo que los agrotóxicos son veneno y enferman a la gente, “la salida rápida del agronegocio para seguir sosteniendo el modelo, fue decir que lo ocurrido en Ituzaingó, fue el resultado de las malas prácticas y de gente que violaba las normas, por lo que rápidamente, se abocaron a plantear buenas prácticas agropecuarias y el respeto a la ley provincial”, explica Ávila y agrega: “Pero al día de hoy con ‘las buenas prácticas’, seguimos sosteniendo el modelo y esto es lo que hay que cuestionar”.

Desmonte y pandemia, todo se relaciona con todo

La Evaluación Global de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés), que demandó tres años de trabajo, publicó en 2019 un informe donde se reportaron las cifras del desastre ambiental que atravesamos. Allí, los científicos hablan de una “una extinción masiva” de especies que ahora están bajo riesgo.

En este daño, la sobreexplotación de los recursos, es una de las mayores causas y eso tiene que ver con mal uso del suelo, la sobrepesca y la generación de gases de efecto invernadero. Para dar un ejemplo del registro, se rebeló que entre 2010 y 2015 se perdieron 32 millones de hectáreas de bosques primarios o en recuperación de zonas del trópico.

Alrededor del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero son causadas por el desmonte, la producción de cultivos y la fertilización, y los alimentos de origen animal contribuyen en un 75% a esa cifra.

El informe del IPBES habla acerca de la pérdida, es un indicador muy fuerte sobre la destrucción de la biodiversidad, que es aquel espacio donde se desarrolla toda la trama de la vida. Allí se encuentran los ecosistemas, las especies terrestres, acuáticas, los bosques, que constituyen el paisaje de la naturaleza, justamente esa manifestación latente de la vida.

“Este informe es lapidario, y dice, entre otras cosas, que el 75% de la superficie terrestre ha recibido un impacto por el que ha sido transformada y cuando se analizan las causas de esa pérdida de biodiversidad, la principal causa es el cambio del uso del suelo que está dado por la deforestación”, explica Ávila.

Lo que señala el letrado ambientalista, se relaciona con la pérdida de los bosques nativos asociados, o que van de la mano, al avance de la frontera agropecuaria. Y ahí, una de las complicaciones surgidas es el de la zoonosis -las enfermedades infecciosas transmitidas de forma natural por los animales-. Aparece así, este fenómenos de las pandemias, como la que atravesamos en este momento,  que se da por el contacto humano con los animales silvestres y esto viene a raíz, precisamente, de los desmontes.

“Cuando uno analiza todo esto, se puede ver que ya hay evidencias para dar una discusión de fondo en cuanto a sostener el modelo agropecuario que tenemos porque está probado que ha fracasado en todos los aspectos, lo social, lo ambiental, y únicamente ha sido exitoso en lo económico”, agrega Ávila.

“Creo que este fenómeno de encierro, de aislamiento, nos ha interpelado a más de uno en relación a esta forma de desarrollo o ‘de mal desarrollo’ que nos impusieron desde algún lado, que no tiene nada que ver con nuestras características, nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, nuestra forma de ser. Me parece que la pandemia ha puesto en evidencia eso, que es un modelo capitalista, injusto, absolutamente frágil porque justamente un virus puso en jaque a la economía mundial» , dice el letrado y completa: «Hay que plantear las discusiones desde ahí, lo que hay que cambiar. Las normas, las políticas de Estado se dan tras la lucha social y desde lo ambiental, para la construcción de un futuro, está claro que la salida a esto es únicamente colectiva”.