El documento, denominado «Efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia Covid-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas en Argentina -Segunda etapa- junio 2020», fue elaborado por casi 30 equipos de investigadores, 12 universidades nacionales y dependencias del Conicet, que complementa al anterior, presentado en abril de este año.
El objetivo fundamental es «presentar un diagnóstico de la situación y proporcionar un insumo para la toma de decisiones e implementación de políticas sociales y públicas en este particular y sumamente complejo contexto causado por la pandemia del Covid19» y el aislamiento, se detalló en el informe.
«Hay dos ejes en el informe que se repiten todo el tiempo. Uno que tiene que ver con la desigualdad estructural y otro con la violencia y el racismo», dijo la antropologa Diana Lenton, directora de uno de los equipos de investigación.
Lenton explicó que «el protocolo de aislamiento puso en evidencia con mayor claridad la desigualdad estructural, que no es solo por el asilamiento social, sino que ya venía por la falta de caminos o de conexión a internet, por ejemplo». «La mayoria de las comunidades no tienen enfermos ni casos positivos en comparacion con los que hay en el país, son muy pocas donde tienen realmente casos de coronavirus, y se les aplica un protocolo de aislamiento que se hizo en Buenos Aires pensando en las grandes ciudades, sin tomar en cuenta las caraterísticas de las comunidades indígenas ni del mundo rural».
El problema surge cuando «gente de la misma comunidad intenta comunicarse entre sí, por lo que para ir de una casa a otra tienen que sallir a la ruta con vehículo, y en ese trayecto es cuando los para la policia o la gendarmeria y les pone multa porque no tienen permiso para circular, que no tienen forma de sacarlo ante la falta de internet, de computadora o de celular para conectarse».
«La violencia y racismo se hace evidente, entre otras cosas, en la falta en la atención sanitaria a los enfermos indígenas, y sobre todo en los abusos policiales», agregó Lenton. «Las fuerzas de seguridad saben por experiencia qué límites pueden pasar en un lugar y en otro no. Si bien están para aplicar el protocolo, en muchos casos actúan con un alto nivel de violencia y de arbitrariedad hacia la población originaria acostumbrados a que en las comunidades pueden hacer cualquier cosa, lo que no hacen en una ciudad o en un lugar con gente no indígena o con gente blanca, donde sí mantienen ciertos límites», agregó la investigadora.
Por su parte, Eugenia Morey, coordinadora de otro de los equipos de investigación, contó que «lo innovador del informe es que es una proyeccion federal tranversal, donde las distintas unidades de investigacion nos hemos puesto objetivos en común elaborando distintos informes regionales».
En esta segunda etapa se amplió lo abordado en la primera fase a partir de la actualización y profundización de problemáticas y situaciones experimentadas por diferentes comunidades y poblaciones de diversos pueblos originarios en todas las regiones del país.
Fuente: Agencia Télam
