Vicentin le debe 5200 millones de pesos a productores cordobeses

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La cerealera tiene acreencias con cooperativas del sur y sudeste provincial. También debe a acreedores particulares y emprendimientos familiares. No mostraban intención de pagar», afirman desde una proveedora.

Tras el anuncio de la intervención de la intervención y posible expropiación de la cerealera Vicentin, se conoció que el grupo empresarial le debe 5200 millones de pesos a productores distribuidos en 140 localidades de Córdoba.

Esto implica que un tercio de las ciudades y pueblos de la provincia tiene un acreedor de Vicentin. Las deudas más grandes que la empresa tiene con productores cordobeses son de entre 400 y 500 millones de pesos a cooperativas del sur y sudeste provincial. También debe a acreedores particulares y emprendimientos familiares.

En la lista de proveedores de granos a Vicentin figura un productor de Ucacha llamado Marcelo Elorsa, al que le deben 30 millones de pesos. El contador de de Marcelo Elorsa, Nicolás Galli, explicó a radio Universidad que comercializaban el cereal «a través de tres corredoras, una de ellas es Granar. La contraparte de la operación era Vicentin. Nosotros le entregábamos los granos y después se le pone el precio. Se entrega el producto en época de cosecha y lo vas vendiendo durante todo el año para pagar los gastos que vas teniendo», inició.

«A fines de noviembre de 2019 hicimos una fijación del precio del cereal y allí empezó el no pago de la deuda de Vicentin. Teníamos que cobrar los primeros días de diciembre y ya no pudimos cobrar», destacó el contador a Entre Nosotros Rebeca.

Galli afirmó que luego de eso la situación se les hizo «muy complicada. Estábamos en pleno proceso de inversión de un molino harinero en Ucacha. Esos fondos eran para el molino harinero, así que se atrasó la inversión, que supuestamente tendría que haber estado listo para febrero o marzo y todavía no lo hemos terminado», con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.

Y adujo que Vicentin «no mostraba ningún tipo de intención de pagar, es más, estaba demorando plazos, estaba haciendo todo lo posible para demorar el pago. Los dos ofrecimientos que habían realizado eran bastante flojos, el primero era un pago a ocho años, es decir, pagaba el 20 por ciento ahora y el 80 restante en ocho años sin interés fijado en dólares; y el otro ofrecimiento era sólo pagar el 50 por ciento de la deuda, renunciando al otro 50 por ciento. Después entró en concurso y empezó a demorar todo», relató.

Respecto de las ofertas de pago de la deuda que había hecho la cerealera, los acreedores las negaron. «Rechazamos todo, no había problema de esperar o algo por el estilo. Formamos un grupo grande de acreedores y nos reunimos varias veces, intentando acercarle alguna contrapropuesta a Vicentin. Con otro grupo de gente nos juntamos con representantes de Vicentin en Rosario una sola vez, y cuando planificamos una segunda reunión para definir algunas cosas, no nos recibieron más y al poco tiempo se presentaron a concurso. Por eso digo que hubo poca predisposición de la empresa en llegar a un arreglo», aseguró.

«Si el gobierno se va a meter en esta problemática y va a dar solución, nosotros vamos a salir beneficiados, iremos a cobrar de alguna forma u otra, porque con Vicentin ya estaba medio complicado el asunto. Después vienen cuestiones legales, si corresponde o no corresponde. Eso es más político. Nosotros estamos en la producción y en eso no opinamos», apuntó.

Y afirmó que a pesar de la convocatoria de acreedores, Vicentin sigue trabajando. «La planta de Vicentin está operando porque está en sociedad con otra empresa que es Glencore. Las operaciones las realizan a través de Oleaginosa San Lorenzo, pero la mayoría de los acreedores no le estamos entregando mercadería a Vicentin, sí a otros exportadores u otras plantas. Hay cooperativas que sí les están vendiendo, o productores que no fueron damnificados. Gran parte del capital de Oleaginosa San Lorenzo es de Vicentin», expresó el contador.

En relación con la legalidad o no de una eventual expropiación, Galli opinó que si el gobierno «quiere hacer esta intervención en este caso en particular, son cuestiones que tiene que resolver la Justicia. El productor lo que quiere es que la empresa llegue a un acuerdo con todos los acreedores a través del Gobierno o no. Eso a nosotros no nos afecta. Se tendrían que poner de acuerdo los directivos de la empresa, el juez del concurso, el gobierno y todos para buscar una solución sin dejar de lado a productores y cooperativas a las que se les complicó mucho seguir operando», pidió.

Sobre si expropiar la empresa sería una cuestión estratégica y de soberanía alimentaria, tal como lo expresan desde sectores del gobierno nacional, Galli detalló que todas las empresas que comercializan y compran el grano son argentinas. «Que tengan lineamientos internacionales, que tengan casas centrales en el extranjero, es obvio. Hay en todos los rubros. El mercado de precios es totalmente transparente y los precios son fijados en Argentina, aunque hay un precio de referencia internacional.

«De todos modos, Vicentin tenía el 5 o 6 por ciento del mercado. Por más que con Vicentin solo quieras hacer algún tipo de movimiento en el mercado, no lo podrías hacer, porque el 95 por ciento del mercado puede absorber cualquier tipo de diferencia de precios que pueda hacer el 5», concluyó.