La Justicia federal incautó cerca de 500 cheques y costosísimas armas de caza. Se hicieron 13 allanamientos. Hay cuatro detenidos

amionetas y motos de alta gama modelos 2019 y 2020, casas en barrios cerrados, lingotes de oro, más de un millón de dólares, ocho millones de pesos, y viajes al exterior, fueron parte de lo secuestrado tras 13 allanamientos realizados en diferentes puntos de la ciudad de Córdoba, que terminaron por develar los movimientos de dinero de una financiera ilegal en la acomodada zona noroeste. Entre los cuatro detenidos, algunos de ellos monotributistas, está el hijo de un excamarista de la Justicia provincial.

La investigación comenzó hace un año y cuatro meses a partir de la denuncia de un inversor que observó movimientos sospechosos con cheques en la oficina que funcionó hasta el 12 de febrero en el edificio ubicado en Pedro Laplace al 5442, de barrio Villa Belgrano, de acuerdo con la reconstrucción que realizó La Voz de diversas fuentes con acceso al expediente. “Le resultó sospechoso y lo denunció”, comentó uno de los informantes.

En el mismo inmueble atiende la empresa de cajas de seguridad Hausler, donde se encontraron ocho millones de pesos y casi 1,3 millones de dólares guardados. Desde Hausler, indicaron a La Voz que la empresa «no tiene nada que ver» con lo que se investiga y dijo que sólo facilitaron a apertura por orden judicial. También remarcaron que desconocían que la financiera tenía una oficina en el mismo edificio. Las cajas alquiladas estaban a nombre de varias personas. «Los clientes eran de varios años», señalaron desde Hausler.
La operatoria sembró dudas en el inversor, que decidió denunciar el caso en la Justicia federal. Con ese norte, el fiscal federal N°2, Gustavo Vidal Lascano, y el juez federal N°2, Alejandro Sánchez Freytes, iniciaron una investigación que, al menos en esta etapa, les permitió detectar varios millones de pesos, lingotes de oro, costosas armas de caza sofisticadas y vehículos de alta gama en 13 allanamientos.

Los operativos se realizaron en la financiera de Villa Belgrano y barrios cerrados (al menos en uno de La Calera).

Cómo funcionaba

La operatoria de la financiera (no estaba legalmente constituida y habilitada, como en el caso de CBI Cordubensis) consistía en transferir dinero al exterior de forma ilegal.

“Intermediaba comprando y vendiendo dólares fuera del circuito legal. Era una ‘cueva importante’”, contó una de las fuentes. “No tenía la exposición pública como CBI que tenía locales en el Dino. Era una ‘CBI’ en escala menor”, graficó. Las transferencias se hacían en conexión con bancos de China y de Estados Unidos. De acuerdo a los datos preliminares, los tenedores de importantes montos de dinero transferían los volúmenes al exterior “por una vía no autorizada, no permitida”, señaló el informante.  Con la denuncia del inversor, se realizaron escuchas teléfónicas, en las que se logró dilucidar diálogos que expresarían la mecánica diaria de las transacciones de la financiera, que hacía algunos años que funcionaba. La otra pataLa otra vertiente que está bajo análisis es el listado de los «inversores» que entregaban el dinero a la financiera para sacarlo ilegalmente del país. “Nos podemos encontrar con una caja de pandora”, explicó una fuente sobre los nombres que pueden comenzar a aparecer.

Los técnicos informáticos deben analizar los CPU secuestrados para descifrar las operaciones y nombres incluidos en ellas, lo que permitirá detectar a más involucrados (y detenidos) en el mecanismo. No está descartado que el dinero a transferir pudiera tener un origen ilegal.

En los allanamientos, llevados a cabo por la Gendarmería Nacional y Afip, se encontraron casi 1,3 millones de dólares y ocho millones de pesos en cajas de seguridad de Hausler, que en principio no tendría ninguna vinculación con las maniobras ilegales que se investigan. También se encontraron alrededor de 500 cheques.

“Los 1,3 millones de dólares eran de movimientos al menos cotidianos que se hacían”, señaló una de las fuentes. Nos sorprendió la importantísima cantidad de dinero que había”, comentó el fiscal a La Voz. Además del dinero (en algunos casos, colocados en caja de cartón) se incautaron cinco camionetas o autos (BMW y Audi) modelos 2019 y 2002 y dos motos, una de ellas BMW (modelo 2020).

También se encontraron varias armas de caza, una valuada en 300 mil pesos y otra, en 800 mil. En términos totales, lo secuestrado rondaría los 150 millones de pesos. “La vida que llevaban (los detenidos) era acomodada. Vivían en barrios cerrados”, comentó una fuente. Los sospechosos registraban muchos viajes al exterior, según se indicó.

Cuando llegaron a allanar la financiera (no tenía identificación comercial visible), uno de los detenidos, Pablo Rueda (habría sido gerente en el Citibank), se negó a abrir la puerta a las autoridades.

Luego de varios minutos, con la intervención de un cerrajero, los efectivos lograron entrar al lugar y secuestrar la documentación. Rueda fue arrestado por desobediencia a la autoridad, aunque el fiscal y el juez deben determinar si tenía injerencia en las operaciones ilegales.

Los otros detenidos son Diego Sánchez (habría fungido como tesorero del banco Supervielle), Martín Azar y María del Milagro Martínez. Sánchez y Azar son los principales investigados mientras que Martínez habría desempeñado un rol menor dentro de la financiera como secretaria que atendía a los “clientes” y efectuaba las transferencias.

Pero hay una quinta persona sobre la que pesa una orden de detención, Melina Marisa Manelli, expareja Sánchez. Al igual que Martínez, también habría oficiado de secretaria.

Por el momento, ninguno está imputado porque el fiscal no formalizó aún el requerimiento de acusación ante el juez, pero en la causa se investiga, en principio, la presunta intermediación financiera (por infracción a la ley cambiaria) y lavado de activos. Pero también está bajo análisis un posible contrabando de divisas.

Lo llamativo con lo que se encontraron los investigadores es que Azar es hijo del excamarista laboral Miguel Ángel Azar (se jubiló en 2014). El entonces juez intervino, en enero de 2014, en la suspensión de las obras civiles de la planta de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas hasta la aprobación del estudio de impacto ambiental.

 

A partir de la denuncia del inversor, hace más de un año, el fiscal solicitó los allanamientos y juez Sánchez Freytes ordenó 13 operativos en la financiera y en diversos barrios privados, entre ellos de la ciudad de La Calera. Por ahora, la trama sigue abierta.