El empresario apuntó contra el presidente  por asociación ilícita y abuso de autoridad. El caso lo llevará el fiscal federal Guillermo Marijuan.

Fabián de Sousa, el dueño de C5N y uno de los presos políticos de Cambiemos desde 2017, realizó una denuncia por asociación ilícita, administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, violación de sus deberes de funcionario público, abuso de autoridad y peculado y remarcó que el despido de Roberto Navarro de la señal de noticias fue por presiones del presidente Mauricio Macri. 

La denuncia involucra a Macri, Nicolás Caputo, José Torello, al ex director de la AFIP, Alberto Abad, al ex vicejefe de gabinete de ministros, Mario Quintana y al asesor Fabián Rodríguez Simón, según lo publicado por Horacio Verbitsky en su sitio El Cohete a la Luna.

De Sousa explicó cómo fue presionado para que cambie la línea editorial de C5N o lo entregue a amigos de Macri y cómo luego fue encarcelado.

En su denuncia, De Sousa sostiene que el despido de Roberto Navarro fue una de las condiciones de la Casa Rosada, que exigió a Cristóbal López y De Sousa el control de la pantalla de la señal de cable C5N.

“Se nos hizo saber que los medios de comunicación debían dar señales concretas en favor del gobierno nacional y cesar cualquier crítica respecto de la gestión de Maurizio Macri. Como una de las primeras medidas se nos impuso la obligación de desvincular al periodista Roberto Navarro”, remarcó De Sousa en la denuncia.

Navarro (con su ciclo de los domingos “Economía Política” y luego durante la semana con “El Destape”) lideraba el rating de programas periodísticos en canales de noticias, con números equivalentes y superiores a señales de aire tradicionales.

Desde la pantalla de C5N, Navarro criticó duramente a Macri desde el mismo 10 de diciembre cuando Cambiemos inició su gobierno con un 70 por ciento de imagen positiva. No había otros profesionales que apuntaran contra la Casa Rosada en la televisión. El periodista denunció los negocios personales que se escondían detrás del tarifazo y advirtió que sus políticas neoliberales arrastrarían al país al desastre.

Con su equipo de periodistas y productores realizó denuncias que derivaron en 22 imputaciones a funcionarios de Cambiemos, entre ellas la compra de dólar futuro por parte del macrismo investigada por Iván Schargrodsky, la compra secreta de armas, realizada por Juan Amorín, privatización  irregular del Arsat, llevada a cabo por Darío Ganio y el vaciamiento del Anses, la investigación de Ezequiel Orlando. 

Ya en 2016 el programa “Economía Política” medía casi 5 puntos de promedio con picos de 7 puntos. Ese año entrevistó en tres ocasiones a Cristina Fernández de Kirchner

“A partir del proceso eleccionario que tuvo lugar en octubre de 2015, comenzamos a recibir una serie de advertencias por parte de personas vinculadas al ingeniero Macri, a través de las cuales se nos exigía que los medios de comunicación fueran puestos a disposición de la alianza política encabezada por el nombrado”, relató De Sousa en la denuncia judicial. También, para que se sumaran al “ataque mediático” contra los funcionarios que integraron el kirchnerismo. Para ello, según la publicación de El Cohete a la Luna, López y De Sousa fueron citados a diversas reuniones en las que “en algunos casos de manera sutil y en otros de forma mucho más agresiva, se nos hizo saber que de otro modo el Grupo Indalo iba a tener que afrontar gravísimas consecuencias”.

Según la denuncia, Fabián Rodríguez Simón llamó a Joaquín Labougle, abogado de Cristóbal López y le advirtió que “la guerra del gobierno contra el grupo Indalo había comenzado”.

Así, comenzó una campaña en los medios de comunicación amigos gobierno para llevar a cabo la persecución judicial contra los funcionarios K.

Al igual que la mayoría de las grandes empresas del país, Indalo tenía deudas con el fisco. En agosto de 2016, Oil Combustibles propuso a Abad abonar en efectivo el 35% del monto reclamado y el resto en tres años, con las debidas garantías. Pese a que de ese modo hubiera podido cobrar todo el crédito verificado en el concurso, la AFIP se negó y en noviembre de 2016 prohibió que esa empresa pudiera acceder a una moratoria, como hicieron miles de contribuyentes. La semana próxima se prevé que De Sousa y López hablen antre el Tribunal Oral 3 que los juzga.