Por Soledad Soler

Qué pasa con el oficio en tiempos de noticias rápidas, operaciones mediáticas de desinformación y viralización. Internet y ética profesional. ¿Asistimos al fin del «buen» periodismo?

Especial para La Nueva Mañana

“En Río Cuarto se viene una guerra de bandas por el control del narcotráfico”. Esta frase no corresponde al guión de una película de acción. La cita es de la diputada nacional Elisa Carrió durante una visita a la ciudad de Río Cuarto en mayo pasado. ¿Existe modo de chequear los dichos de la diputada nacional en este caso? La respuesta es no.

Lilita le regaló un titular resonante al periodista y allá fue la nota, que luego replicaron decenas de medios de comunicación de todo el país y miles de usuarios compartieron en redes sociales. Los dichos de Carrió se completaban con las siguientes afirmaciones: “A lo que ustedes van a asistir en Río Cuarto es que perdido el orden que coordinaba el narcotráfico se van a matar las bandas y los van a matar a ustedes. Si un día matan a uno de sus hijos me van a venir a pedir perdón llorando. Ojalá no le pase a nadie de tu familia… Te lo digo porque está en riesgo Río Cuarto. Está en riesgo Río Cuarto y se los digo de corazón”.
¿Presentó Carrió una denuncia en el fuero penal para alertar a la Justicia respecto de la información clave que en teoría estaba bajo su conocimiento? La respuesta es, otra vez, no.

“Todo funcionario público que tuviera conocimiento de hechos penales debe hacer la denuncia pública. En lugar de eso genera fake news”, explica Miguel Julio Rodríguez Villafañe, abogado especialista en Derecho de la Información, quien analiza los mecanismos a los cuales suelen recurrir las personalidades públicas como los políticos a la hora de pretender instalar un tema en agenda.

Periodismo despenalizado

Algunos años atrás, el Gobierno de Cristina Fernández impulsó una modificación del Código Penal para despenalizar los delitos de calumnias e injurias. Ambas figuras continúan existiendo pero su alcance se modificó para privilegiar el derecho a la libertad de expresión y garantizar el ejercicio del periodismo, evitando la persecución judicial contra los y las periodistas.

Así, en 2009 el Congreso Nacional modificó los artículos 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116 y 117 del Código Penal y derogó el 112 e incorporó el 117 bis. Esta reforma eliminó la pena de prisión en casos de calumnias e injurias, aunque persistieron las multas económicas. Sumó además los artículos 109, 110, 111 y 113 donde se dejaron de considerar delitos las “expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas”.

Vale recordar que la modificación del Código Penal de 2009 dio respuesta a una serie de demandas a favor de la libertad de expresión, impulsadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por entonces, el Comité Mundial de Libertad de Prensa (WPFC), organización que reúne a entidades periodísticas y a defensores del derecho a la libertad de expresión, felicitaba a la CIDH por su condena al Estado argentino en respuesta ante la criminalización de la tarea periodística y en particular en relación al caso Kimel (ver recuadro aparte).

En Argentina la doctrina de la real malicia -cuyos orígenes podemos rastrear hasta el año 1990 con el caso “Vago c/ Ediciones La Urraca S.A.”- contempla que sólo existe responsabilidad del periodista cuando se puede comprobar que ha publicado una información inexacta acerca de una persona a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación acerca de dicha circunstancia.

En la actualidad, publicar datos falsos adrede, con un objetivo en particular, y/o conociendo que tales datos dañan a otra persona es una práctica que puede ser recurrida, en los casos previstos por ley, aunque no constituyan delito penado con prisión.

En noviembre de 1989 el periodista Eduardo Kimel publicó el libro “La masacre de San Patricio”, en el cual analizaba el asesinato de cinco religiosos pertenecientes a la orden palotina, ocurrido en Argentina el 4 de julio de 1976, durante la última dictadura militar. Asimismo, se criticaba la actuación de las autoridades encargadas de la investigación de los homicidios, entre ellas la de un juez en particular. En octubre de 1991, el juez mencionado por Kimel en su libro entabló una acción penal en contra de él por el delito de calumnia. Kimel fue condenado a un año de prisión y al pago de una multa de veinte mil pesos por el delito de calumnia. Pero en 2008 la Corte Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH) resolvió condenar al Estado argentino por violar el derecho a la libertad de expresión.

Replicar el daño en las redes

Ahora bien, ¿contra quién iría una demanda por la divulgación de informaciones falsas en el entorno digital? El entorno de internet se presenta como un agujero negro, en el cual se vuelve muy difícil rastrear al responsable original de la instalación de una información que se comparte miles de veces en la web y que con cada réplica, también replica el daño.

“El problema es la big data. No podés ir contra el medio porque de no colocar un freno las informaciones siguen circulando en internet de por vida. La demanda podría ir en todo caso contra una firma como Google que tiene oficinas en Buenos Aires”, explica Rodríguez Villafañe a La Nueva Mañana.

Si un medio digital publica una fotografía errada o un video inapropiado, esa publicación puede dañar el honor de una persona multiplicando su efecto millones de veces. Si en el pasado un diario impreso publicaba una información errónea, existían distintas herramientas para subsanar el error rápidamente y evitar que se replicara la información falsa. Pensemos en el caso de los pedidos de rectificación o del ejercicio del derecho a réplica.

En internet la reparación no resulta tan sencilla. De hecho, en la web la sola aclaración no resulta efectiva si no se encuentra directamente linkeada con la publicación errónea. Y de todos modos la información errónea puede seguir circulando y causando daño, aún cuando se haya corregido el error en el medio original. Por ello, en el entorno digital la demanda se entabla entonces contra la distribuidora de contenidos en internet, y no contra el medio o el periodista.

Las noticias falsas han existido siempre y existen en el sistema penal argentino una serie de herramientas para regular y reducir daños, protegiendo el derecho a la información y a la libertad de expresión. Sin embargo, las fake news ahora se presentan en el marco de grandes campañas de desinformación, a partir de las cuales lo que se está afectando no es sólo un derecho individual, sino todo un ecosistema de derechos que hace al funcionamiento de una sociedad democrática.

El 31 de mayo pasado se firmó en la Cámara Nacional Electoral (CNE) un compromiso ético digital para evitar las campañas de desinformación en vistas a las próximas elecciones nacionales.Firmaron el acuerdo representantes de Facebook, Twitter, Google, WhatsApp; Martín Etchevers por la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa); Néstor Sclauzero por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea); y Emilio Alonso, titular de la Defensoría del Público. Además se sumaron las firmas de referentes de distintos espacios políticos entre los que se encuentran el PRO, GEN, PJ Nacional y Proyecto Sur.

En relación a este tema, Rodríguez Villafañe manifestó que “el convenio opera como una carta a Papá Noel” si organismos como FOPEA “no disponen sanciones éticas” concretas a periodistas sospechados de participar activamente en operaciones políticas vinculadas al entramado judicial, por citar un caso.

En el mes de marzo, FOPEA emitió un comunicado en el cual calificaba el accionar del juez federal de Dolores (Pcia. de Buenos Aires), Alejo Ramos Padilla -a cargo de la causa D’Alessio de extorsión y espionaje ilegal- como un “grave intento judicial por criminalizar las entrevistas y el off the record en Argentina”, en referencia a las presuntas vinculaciones del periodista Daniel Santoro con el plan de extorsión investigado por el magistrado federal. Se acusa al periodista de haber participado de la trama extorsiva a partir de la publicación de notas que comprometían a empresarios como Mariano Cifuentes, titular de la empresa de servicios petroleros OP, por citar un caso. Por su parte, Santoro asegura haber sido “engañado” por su “fuente” de información, en referencia a Marcelo D’Alessio.

Noticias falsas como estrategia

Un candidato contrata a una agencia de comunicación política con el objetivo de instalar una información que puede dañar al candidato opositor. El ejército de trolls y bots automáticos activa la reproducción del dato, que pronto se viraliza. El link circula por WhatsApp y es replicado por miles de usuarios en sus cuentas y muros de Facebook y Twitter. Si llega a convertirse en trending topicla acción será un éxito. Si un medio masivo “muerde el anzuelo” y levanta la info también. Lo que ocurra primero.

El efecto de las estrategias de noticias falsas se vuelve quizás algo más complejo cuando éstas se despliegan en escenarios electorales. Lo que se encuentra en juego allí es el derecho ciudadano a la información para poder ejercer en libertad, nada más y nada menos que, su ciudadanía política.

El sitio Chequeado.com realizó una investigación a partir de la cual analizó 1119 discursos del oficialismo y de la oposición desde el año 2010. De ese total, el 49,86% de los discursos fueron identificados como “totalmente falsos”, “insostenibles”, “engañosos” o “apresurados”. Además, tan solo el 25,73%, correspondió a discursos chequeados como “verdaderos”. Es decir, susceptibles de ser validados según datos e información verificable.

Quienes elaboran estrategias de noticias falsas reconocen que los usuarios no invierten tiempo en analizar noticias: es más fácil leer poco y replicar en altísima velocidad. También saben que el poder de marcar agenda o de instalar un tópico en redes es absolutamente desigual. Los ciudadanos de a pie siempre estarán en desventaja en relación al poder de incidencia que tienen los influencers y las grandes plataformas de distribución de contenido. Y en tercer lugar, saben que evitar el chequeo de fuentes no constituye un delito, aunque sí pueda considerarse una falta ética en relación a las reglas del “buen” periodismo.

En estos tiempos de noticias rápidas, operaciones mediáticas de desinformación y viralización sin periodismo, el daño ya está hecho, aunque la verdad se revele más tarde o más temprano.